El senador Dionisio Amarilla afirmó que algunas oenegés se resisten a informar sobre la utilización que le dieron al dinero público. El legislador preside la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos; que este jueves se reunió de forma reservada con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNT).

Entre los principales puntos discutidos en la primera sesión fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las organizaciones sin fines de lucro. “Hay renuencia de parte de las que recibieron fondos, llama la atención. No argumentan nada, solamente envían informes de manera parcial, sin sumatorias”, comentó Amarilla a los medios de comunicación. Consultado sobre los nombres de las oenegés que se resisten a informar, el parlamentario citó a Juntos por la Educación y a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

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El senador manifestó que los documentos remitidos por las instituciones convocadas durante la primera sesión serán sometidos a análisis por parte de los miembros de la comisión bicameral, para posteriormente cerrar el capítulo de oenegés y elaborar una conclusión sobre la relación que se señala entre estas organizaciones y el flagelo del lavado de dinero.

“Hoy recibimos las documentaciones, a partir de ahí vamos a circularizar entre los miembros y a desglosar, porque son volúmenes importantes de causas abiertas en la Fiscalía sobre lavado de dinero, uso de fondos de parte de algunas oenegés que, por cierto, algunas son renuentes a informar”, remarcó.

Las afirmaciones de Amarilla surgieron con anterioridad al segundo encuentro reservado previsto para este jueves, en que fueron convocados Emiliano Rolón y Óscar Orué, además de la titular de la Dirección General de Personas Jurídicas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María del Carmen Benítez Alcaraz, y el contralor general de la República, Camilo Benítez.

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