El Poder Ejecutivo presentó este lunes 9 de septiembre un proyecto de ley que establece un marco normativo para los procesos de restitución y visita internacional de niños y adolescentes. Esta normativa nació con el fin de evitar nuevas sanciones internacionales en contra de nuestro país por falta de esta legislación.
“Una vez que se apruebe esto, vamos a ser pioneros prácticamente en casi toda América en tener una ley que regule el procedimiento administrativo y judicial en los casos de restitución internacional de niños y adolescentes. El único que tiene ahora es Uruguay”, explicó el ministro Walter Gutiérrez.
En conversación con “Cuenta Final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, manifestaron que a la fecha tienen contabilizado 170 casos de sustracción o retención ilegítima de niños y adolescentes. Estos hechos se dan especialmente cuando hay disputa entre los padres o problemas familiares.
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“Sustracción es cuando uno de los progenitores le lleva a otro país al hijo sin tener el permiso correspondiente. Retención es cuando salió con un permiso válido, a lo mejor de 6 meses, pero este ya venció y se queda por más tiempo”, señaló. Asimismo, esta ley también regulará los procesos de menores de edad con nacionalidad extranjera que estén en nuestro país de forma ilegal.
“Buscamos que sea ley porque tenemos el mayor de los intereses a dar respuesta rápida, certera, oportuna y favorable a este tipo de situaciones que son muy complejas. Paraguay hacia finales del año pasado fue sancionado y condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una de las sanciones que se impuso fue una adecuación legal que blinde el procedimiento y que dé certeza jurídica”, refirió.
Proceso más ágil
Paraguay forma parte de un convenio ratificado en 1996 sobre este tema, y si bien la autoridad rectora es el Ministerio de la Niñez, el Ministerio de la Defensa Pública y la Corte Suprema de Justicia, a través de los juzgados también forman parte del proceso de trabajo, pero el problema radica que en el tiempo que toma dirimir esta situación.
“La Corte tiene su propia acordada y el Ministerio de la Niñez tiene un convenio que está por vencer con la Defensoría de la Niñez, hay tres partes y no hay una regulación legal. Hay procesos que tardan más de 2 años o incluso 4 años, es una locura esa cantidad de tiempo. Lo que hicimos ahora fue regular el procedimiento administrativo y procesal como para que se desarrollen bajo los principios de inmediatez, celeridad, concentración y gratuidad”, afirmó.