El Viceministerio de Transporte concluyó con la redacción del borrador de la reforma del sistema de transporte público y se avanzó a la etapa de socialización. Dentro de este modelo se establecen modificaciones para mejorar el servicio, hacer más rentable y generar una participación activa del ciudadano en cuanto al control.

“Es el momento de la implementación de la reforma”, expresó el viceministro Emiliano Fernández, quien indicó que cerca de 600.000 personas utilizan diariamente el transporte público. “Tenemos un desafío muy grande, pero que ya no tiene marcha atrás, hemos tomado la decisión de iniciar el proceso de cambio del sistema de transporte público”, aseveró.

Fernández estuvo como invitado en “Fuego Cruzado”, programa emitido por GEN/Nación Media, donde manifestó que el sistema actual ya no funciona, no tiene sentido hacer reformas por partes, por lo que el Gobierno tomó esta decisión que contempla la incorporación de 1.000 nuevos buses.

“Cuando la ley ya está aprobada van a convivir los dos sistemas, los contratos vigentes seguirán porque hay un tema de seguridad jurídica que debemos trabajar, los contratos firmados hay que respetarlos”, aclaró e indicó que la reforma establece que la licitación de los itinerarios a modo de hacer un sistema más competitivo. Se prevé distintos tipos de contratos, por lo que las empresas tendrán la posibilidad de proveedoras de flotas de transporte.

“El nuevo modelo que estamos planteando va a separar los contratos de provisión de flota, de operación de infraestructura, las paradas, terminales y otras asociadas al servicio. El Estado podría comprar los buses si hay una decisión política y en ese caso se va a convertir en el proveedor de flota que lo va a operar otra persona”, expuso el asesor jurídico del Viceministerio, Renzo Cristaldo.

La propuesta apunta a cambiar el modelo de negocio de modo a que las empresas puedan robustecer su capacidad financiera y hacer más rentable y con mayor capacidad de ofrecer mejor calidad. La ciudadanía también tendrá un rol clave, pues se creará un organismo donde ellos serán parte importante del monitoreo a la implementación del sistema.

“Se va a crear un Foro de Participación Ciudadana, un espacio obligatorio de atención al ciudadano, eso para nosotros es relevante, hablar con la ciudadanía de forma permanente, que será el contralor de los planes de implementación de la reforma y va a ser un custodio y atemporal a los ciclos de gobierno, va a dar impulso para continuar con las decisiones correctas”, sostuvo.

Desde el Viceministerio indicaron que la etapa actual de socialización tanto con organizaciones civiles, empresas y trabajadores del transporte, como otras instituciones tomará unos 20 días. En este tiempo, se realizarán adecuaciones e incorporaciones al proyecto para posteriormente remitirlo al Congreso para su estudio.

Tras la falta de acuerdo entre Paraguay y Corea respecto a la cooperación para la construcción del Tren de Cercanías, el Estado evalúa otras estrategias para llevar adelante este ambicioso proyecto. Desde Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) defendieron este sistema de transporte y sostuvieron que es momento que nuestro país invierta en este tipo de alternativas de movilidad.

“El tren es muy eficiente, tiene un horario sobre el cual uno puede planificar su vida y eso para un trabajador vale oro, lo mismo para los estudiantes. Es momento de que se invierta en transporte de calidad para el ciudadano común y tiene sentido cuando se tiene una población que va a utilizar un sistema masivo de transporte”, expresó Facundo Salinas, presidente de la mencionada institución.

En el programa “Fuego Cruzado”, emitido por GEN/Nación Media, el titular de Fepasa hizo hincapié a que el Estado apostó por un sistema masivo de movilidad que se estima puede beneficiar a unas 70.000 personas diariamente. El costo estimado de esta obra es de USD 600 millones para el tramo Asunción-Ypacaraí, no obstante, se recomienda iniciar con un trayecto más corto, que vaya de la capital a Luque.

“Creo que tener un tren 100% eléctrico es la mejor manera de empezar a una reforma de transporte y creo que va a marcar un antes y un después. El primer tramo, Asunción-Luque demoraría unos tres años, después se puede entrar a la segunda fase, que sería Luque-Ypacaraí, que debería llevar menos tiempo”, explicó.

Corea cambió la propuesta que inicialmente había presentado a nuestro país, los ahorros previstos en el nuevo planteamiento eran muy pocos. “Ya no había las ganancias que se habían proyectado”, señaló Salinas. Asimismo, indicó que lo que había hasta la fecha eran solo memorandos de entendimiento que dieron lugar a la negociación entre ambas partes.

“Corea decidió cambiar las condiciones que se habían hablado originalmente, estas no fueron aceptadas por el Gobierno”, precisó. Lo que resta a partir de ahora es finiquitar la parte documental y legal, remitir al Congreso una nueva propuesta que se estima se realizará en octubre. El Estado tiene intenciones de que la licitación para el tren ya está en marcha en el primer trimestre del 2025.

El modelo de pasaje queda aún pendiente de definición, pero esto ya debe estar regulado en el pliego de bases y condiciones y debe estar establecido en el contrato con la empresa contratista. Nuestro país llamará a licitación para la adjudicación de esta obra y existen diferentes mecanismos para financiar el proyecto.

“Paraguay tiene grado de inversión, también la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y por lo tanto se pueden captar inversores que solo van a países con esta condición. Entonces lo que se recaude por el tren se puede mandar a un fideicomiso, el Estado pone la diferencia y ese dinero no está sujeto al vaivén político y el inversor sabe que se va a pagar”, señaló Salinas respecto a las alternativas de financiación y pago de la inversión.

Pese a que no se concretó un acuerdo con Corea, en este tiempo Fepasa realizó estudios de suelo, topográficos y de catastro que estaban pendientes y junto con una consultora Chilena, experta en trenes, se avanzaron en especificaciones técnicas alternativas, previendo una falta de consenso con el país asiático.

El viceministro de Seguridad, comisario Óscar Pereira, habló respecto a la adquisición de nuevas patrulleras y otros insumos para la Policía Nacional. Indicó que la ley de reforma de la Policía contempla un aumento de recursos para destinar a la inversión en seguridad y para el mantenimiento de nuevos equipos que van a ser adquiridos.

“Con la nueva ley orgánica de Reforma y Modernización de la Policía, se incrementa el presupuesto de la Policía Nacional. Este año se aprobó la nueva ley orgánica después de 30 años y eso contempla a la par de más exigencias para la carrera policial, más beneficios sociales para los agentes y a la vez, se incrementa el presupuesto para mantener este nuevo equipamiento que se va a adquirir”, expuso a la 650 AM.

Para este año está previsto que la institución cuente con 500 patrulleras y a fines de septiembre ya se estaría recibiendo las primeras 250. Esto será posible gracias a un convenio firmado con la Itaipú Binacional, que también donará materiales y equipamientos por valor total de USD 100 millones.

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“Este es un convenio que se firmó este año, mediante un trabajo que empezó desde la Presidencia con el objeto de fortalecer a las fuerzas de seguridad, no es que cada año va a entregar Itaipú, es un convenio de USD 100 millones para proveer material y equipamiento para la Policía Nacional”, detalló.

El presupuesto del 2024 y de los siguientes años, incorporará los gastos que representan los nuevos equipamientos. El viceministro indicó que en el caso de las patrulleras, estos vehículos tienen un desgaste diferente a un auto convencional y mediante un trabajo técnico realizado entre el Ministerio del Interior, Policía Nacional e Itaipú, ya se previeron estos gastos.

“Se contempla el mantenimiento y el aumento de presupuesto de la Policía Nacional para la cantidad de combustible por cada patrullera, ahora va a ser el triple de lo que se otorgaba, anteriormente era G. 50.000 por día, y ahora va a subir a G. 150.000 o 200.000 por día”, manifestó.

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“No vamos a poder solucio­nar décadas de problemas en un solo año, pero esta­mos dando las señales de dónde queremos llegar, de cuáles son las prioridades del Estado”, afirmó Óscar Lovera, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con rela­ción al primer presupuesto elaborado por el gobierno del mandatario Santiago Peña puesto a consideración del Congreso Nacional, el pasado 30 de agosto.

“Esos sectores y entida­des que generalmente son requeridos por la clase polí­tica ya están siendo atendi­dos principalmente en este proyecto que hemos presen­tado. Hemos atendido casi a la totalidad que requerían los recursos del Estado, siempre dentro de las limitaciones”, sostuvo en una entrevista con el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media.

Setiembre es la época donde se agudizan los reclamos y las manifestaciones en las inmediaciones del Congreso Nacional en el marco del tra­tamiento del plan de gastos. Muchas veces estas solicitudes son escuchadas por la clase política, que termina inflando el presupuesto.

Ante la posibilidad de que ocurriese esta situación, Lovera dijo que desde el Ministerio de Economía y Finanzas aguardan que el Parlamento sancione un plan de gastos que “pueda ejecu­tarse satisfactoriamente”. El PGN2025 elaborado por el Ejecutivo es de G. 132,9 billo­nes (USD 17.557 millones), un aumento del 14 % en relación al plan de gastos de este 2024 de USD 15.500 millones.