Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que Paraguay y Argentina han alcanzado un entendimiento operativo entre el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym) y la Administración General de Puertos del vecino país respecto al peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay.

“El entendimiento consiste en la aplicación por parte de la Administración General de Puertos de Argentina de una bonificación y compensación que ajusta la tarifa de peaje a 0,80 dólares estadounidenses por Toneladas de Registro Neto (TRN) a ser ejecutada de manera retroactiva desde febrero de 2023, en que se hizo efectiva la medida, hasta agosto de 2024″, señala el comunicado de prensa de Cancillería.

Asimismo, se ha fijado una tarifa provisoria de USD 1,20 por TRN que será aplicada por un plazo de seis meses a partir de septiembre del 2024 hasta el 28 de febrero del 2025. Además de esto, se contempla un mecanismo de compensación y crédito a aquellos armadores que pagaron la tarifa originalmente establecida, que ascendía a USD 1,47 por tonelada.

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“El entendimiento fue alcanzado a partir de un análisis e intercambio de información exhaustivos respecto a la evolución del nivel de inversión en el tramo, la revisión del alcance de los servicios requeridos y prestados, la frecuencia de tráfico de las embarcaciones registradas, entre otros componentes revisados”, explicaron.

Este consenso entre ambos países representa también un avance en la resolución de esta controversia que fue instalada y servirá de insumo para la evaluación que involucra también a los demás países firmantes del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que son Bolivia, Brasil y Uruguay, que deben reunirse en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay – Paraná.

La Comisión Nacional de Hidrovía está coordinada por la Cancillería, pero también la integran otras instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Prefectura General Naval, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Cafym y otras instituciones, además de representantes del sector privado.

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