Mediante un comunicado emitido este jueves, la familia del fallecido agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, criticó el posicionamiento del Ministerio Público al no permitirles acceder a la carpeta fiscal de la investigación del crimen perpetrado en mayo de 2022 en la isla Barú, Colombia.
“Observamos con profundo asombro y desazón cómo el pedido de tomar intervención en la causa del magnicidio de nuestro hermano Marcelo Pecci nos fue inexplicablemente negado y, sin embargo, poco tiempo después, en otro caso fue otorgado y sin mayores discusiones a la familia del extinto diputado Eulalio Gomes, en la misma etapa procesal”, refieren.
Asimismo, en el documento manifiestan que “¿Por qué a la familia del diputado Eulalio Gomes sí y a la familia de Marcelo Pecci no? ¿Dónde queda el principio constitucional de igualdad ante la ley? Sería lo primero que a un abogado o jurista le vendría en mente. Si fuésemos más exigentes, desde un punto de vista ético, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Solo a los parientes de un legislador se les concede este derecho? Esto, lejos de igualdad, se parece mucho a un privilegio”.
La familia expresa a la vez que “dentro de lo que el dolor permite” trata de examinar “con la mayor objetividad posible” cuál es la fundamentación del órgano extrapoder para el rechazo de la solicitud y de la concesión para la causa que ocupa a la familia del legislador fallecido.
“¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Pareciera ser que al haber sido el doctor Marcelo Pecci simplemente un “común”, tal derecho no se concede por la interpretación supuestamente “estricta” de la norma procesal. Sin embargo, ¿cuáles son las motivaciones para que desde el Ministerio Público se califique la cualidad del concepto de “víctimas” en un sentido en un caso y en sentido diametralmente opuesto en otro?”, indican.
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En el comunicado expresan que “estas preguntas sin respuesta siguen siendo un misterio que genera sospechas, frustraciones, indignaciones y una terrible suposición de que el Ministerio Público ha incumplido por una cuestión de privilegios”.
Ante dichas afirmaciones, en el documento citan el artículo 47, numeral 1, que hace mención a las garantías de igualdad, el cual refiere que “el Estado garantizará a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen”.
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