El director de financiamiento político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, afirmó que la falta de registro de los integrantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dificulta la trazabilidad (origen del dinero) y el control del financiamiento político partidario.
El funcionario electoral participó en la primera reunión de la Comisión Conjunta de Investigación de Antilavado del Congreso, en la que analizaron las dificultades y desafíos para monitorear el financiamiento político desde las organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales.
Ruíz Díaz subrayó la complejidad del tema abordado debido a las múltiples etapas y ámbitos que involucra, por lo que no se descarta que esta no será la primera vez que sea citado por los legisladores para hablar sobre el tema. Indicó que los parlamentarios formularon varias consultas, las cuales respondieron de acuerdo al conocimiento que tienen y el análisis que vienen realizando a las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones políticas.
Aclaró que hasta la fecha no se ha identificado ninguna ONG que haya financiado directamente alguna campaña política o candidato en las últimas elecciones. Sin embargo, la conversación reveló que aún persisten preocupaciones en cuanto a la posibilidad de que individuos asociados a las ONG puedan financiar campañas a título personal.
“Producto de las verificaciones que hemos realizado no pudimos identificar a la fecha la existencia de alguna ONG que haya aportado a alguna candidatura, porque el trabajo continúa. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber es quiénes integran las ONG, porque como organización tal vez no realicen los aportes, pero pueden realizar a través de una persona física”, remarcó.
No obstante, lamentó que no exista un registro de las personas que integran estas oenegés, ya que “no es como un partido político que cuenta con afiliados. Por tanto, se hace muy difícil la trazabilidad”, explicó.
ONG buscó controlar las elecciones
Mencionó el caso de la Organización Alma Cívica, vinculada a Soledad Núñez, que se había postulado como candidata a vicepresidenta en la chapa por la Alianza; además su esposo Bruno Defelippe se había presentado como candidato a senador. Esta misma organización había solicitado ser parte de las elecciones como observadores electorales nacionales, por lo que desde la Justicia Electoral al detectar esta situación decidió negarle el derecho a llevar el control electoral.
“Ahora de que se financie con el dinero de la ONG, claro que está mal y prohíbe el artículo 68. Lastimosamente, no existe un registro de quiénes son los que integran las comisiones directivas de las diferentes organizaciones sin fines de lucro; por tanto, se hace muy difícil la trazabilidad”, acotó.
Por otra parte, indicó que no solo se debe pensar en el financiamiento político, ya que ni bien exista dinero proveniente de hechos ilícitos fácilmente podría permear en cualquier estrato social y en cualquier etapa. Y la política tal vez sea la última, ya que elecciones se tiene cada cierto tiempo. “Por ello es importante que todas las instituciones del Estado trabajen en conjunto para llevar adelante los controles”, enfatizó.
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