El Viceministerio de Transporte trabaja en el diseño de un proyecto de ley que plantea una reforma al sistema de transporte. A través de esta normativa, se cambiará el modelo de negocio y el Estado podrá tener mayor soberanía sobre el sistema de modo a asegurar que se brinde un servicio de calidad a la ciudadanía.
“Cuando alguna empresa no funciona bien o simplemente tiene algunos inconvenientes o quiere ir al paro, como es dueño de los activos, ellos simplemente se retiran del sistema y tenemos el problema de la provisión del servicio de transporte a la ciudadanía. Lo que un Estado debe garantizar es que el servicio sea continuo y regular, no podemos estar supeditados a una buena administración de un operador”, afirmó el viceministro Emiliano Fernández.
Se denominan activos a las paradas de los buses, a las flotas y los itinerarios. Actualmente, estos tres elementos están bajo el dominio de las empresas privadas y lo que se busca mediante la nueva ley, es que se establezcan contratos separados para cada activo, de modo a que el servicio no se vea resentido en caso de incumplimientos y sanciones que se impondrán.
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“Es la gente la que resiente eso, al separar los activos estratégicos lo que hacemos son licitaciones o contratos por separado de la provisión de flotas, de la operación y del patio, entonces al tener eso, nadie es dueño de todos los activos del sistema y eso nos ayuda como regulador y como Estado a trabajar y garantizar la continuidad y regularidad del sistema”, explicó.
Otro de los cambios que se plantea es la licitación de los itinerarios, los operadores competirán por el mismo cada cierto tiempo con el objetivo de renovar los permisos y que el adjudicado sea el que otorgue el mejor servicio. “Eso va a ser un cambio importante, ya no se darán permisos administrativos sino competencia entre operadores”, resaltó Fernández.
El modelo que se plantea en este proyecto, se utiliza en otros países y ha dado buenos resultados, además de otorgar al Estado mayor soberanía. El borrador del proyecto aún debe pasar por varias etapas como la socialización con la ciudadanía y los operadores, de modo a ajustar o incorporar elementos a la iniciativa que será presentada al Congreso.