El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, se refirió a los objetivos, alcances y límites de la propuesta denominada Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción presentada este último lunes al Congreso Nacional para su tratamiento.

Esta ley no tiene un poder sancionador, simplemente en todos los países existe un órgano que lidera la política anticorrupción. Lo que se le da ahora a la Contraloría es una función que no tenía, que sea la institución que coordine cuáles serán los criterios que todos los organismos del Estado tengan que aplicar en adelante para poder reducir los márgenes de corrupción”, manifestó.

En comunicación con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el abogado indicó que la finalidad de la iniciativa se centra en fortalecer la integridad pública, la cultura de la rendición de cuentas y la promoción de la transparencia en la lucha contra la corrupción.

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“Esto fue debatido durante varios años, pero es innovador en algunos aspectos. Si bien la Constitución Nacional, el principio democrático republicano se basa en la división de los poderes del Estado, también exige que exista una coordinación entre todas las instituciones del Estado y no puede ser que cada uno luche por su lado, entonces tiene que existir una suerte de unificación de criterios, esto en materia de integridad es clave”, remarcó.

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Benítez acotó: “Obviamente se debe luchar contra la corrupción con medidas sancionatorias, represión, auditorías, persecuciones penales y las condenas, pero también hay que verlo desde un enfoque preventivo, implementar en las instituciones del Estado políticas de transparencia, de prevención de la corrupción y por supuesto tratar de instalar una cultura de integridad”.

El contralor señaló que inicialmente la propuesta estaba enfocada a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) para que sea la institución que lidere la política anticorrupción del Estado.

“Lo que nosotros habíamos sostenido en aquel entonces es que una secretaría dependiente del poder administrador difícilmente tenga la independencia necesaria para cumplir con este cometido, por eso con esta ley la Secretaría Anticorrupción deja de existir y la Contraloría asume el liderazgo en la política nacional en la lucha contra la corrupción”, añadió.

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