La cooperación de los funcionarios penitenciarios con los reclusos, sobre todo con los de alta peligrosidad, es una problemática que todavía es una realidad en nuestro país. No obstante, desde el Ministerio de Justicia afirmaron que se están tomando medidas más serias de modo a erradicar esta práctica corrupta.
“Anteriormente solo se les apartaba del cargo a la gente, pero hoy en día se están remitiendo los antecedentes al Ministerio Público a los efectos de que puedan tener un castigo y ya no vuelvan más al sistema penitenciario”, aseveró Víctor Manuel Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.
El pasado sábado 31 de agosto, se realizó una requisa en el Buen Pastor y en la Penitenciaría Regional de Misiones, mediante este procedimiento, se pudo incautar un total de cuatro celulares que estaban en poder de Carmen y Laura Villalba, miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
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“Los antecedentes son remitidos al Ministerio Público porque estamos hablando de personas de alto perfil y si estas personas están utilizando los aparatos celulares para delinquir nuevamente, mínimamente estas personas (los guardiacárceles) están cometiendo el hecho de asociación criminal”, detalló Benítez.
De momento todos los funcionarios penitenciarios son sospechosos, afirmó el viceministro, puesto que todavía no se ha determinado específicamente qué grupo participó en la vulneración del control para que las Villalba puedan acceder a los dispositivos. El Ministerio de Justicia habló nuevamente del compromiso que tienen con poner fin a la cooperación entre guardiacárceles y reclusos.
“Lastimosamente esto pasa por la corrupción. Necesariamente tuvo que participar mínimamente un agente penitenciario para hacerle llegar el aparato celular a estas señoras, también los mecanismos de control y requisas, si es que lo estuvieron haciendo, no se hizo de manera correcta. Tenemos que apostar a la formación, a la capacitación, a reiterar e insistir a dejar esos malos hábitos”, expresó.
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