El juez penal de garantía de Pedro Juan Caballero, Juan Martín Areco, imprimió trámite de oposición al pedido de desestimación que solicitaron los agentes fiscales Celso Morales, Christian Ortiz y Luis Said en relación a la investigación sobre la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, ocurrida en la madrugada del 19 de agosto del año pasado, en un allanamiento fiscal.

Con la presente resolución judicial, será el fiscal general del Estado quien defina si dictamina a favor de la desestimación o recomienda al juzgado penal de garantía seguir con la presente investigación fiscal.

En su resolución, el magistrado Areco sostiene que “me mantengo en mi oposición, conforme a los fundamentos del A.I. N° 218 de fecha 13 de marzo del 2025, en consecuencia y de conformidad a lo que dispone el artículo 314 del Código Procesal Penal, párrafo segundo, que dice disponer la remisión nuevamente de las actuaciones al Ministerio Publico, para que el fiscal general del Estado peticione nuevamente o ratifique lo actuado por los fiscales inferiores, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución”, según la determinación adoptada por el magistrado Areco.

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De acuerdo a los hechos, el fallecimiento del diputado se registró el pasado 19 de agosto del 2024, a las 3:00, durante un allanamiento encabezado por el Ministerio Público, acompañados por los agentes de la Policía Nacional y los asistentes fiscales.

De acuerdo al Ministerio Público se determinó que los intervinientes que estuvieron en el hecho son los agentes policiales Pablo Torales y Carlos García. Este último fue el que disparó los tiros mortales contra el legislador. Conforme con la conclusión de los fiscales, el hecho se produjo en defensa propia, ya que el diputado también había disparado contra los intervinientes, por lo que habría existido una causa de justificación.

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la reelección del diputado Raúl Latorre para presidir la instancia legislativa por un tercer periodo. La moción fue presentada por el diputado Miguel Del Puerto de llevar la primera sesión ordinaria a un cuarto intermedio y realizar la sesión preparatoria para la elección de la nueva mesa directiva para el siguiente periodo, que iniciará el 1 de julio del 2025 e irá hasta el 3 de julio del 2026.

El legislador argumentó que el reglamento interno de la Cámara Baja, en el artículo 7, establece que la sesión preparatoria para la elección de autoridades se puede realizar entre el 2 de marzo al 30 de junio de cada año legislativo. Por su parte la diputada Rocío Abed, líder de la bancada A de Honor Colorado, sostuvo la propuesta de llevar adelante la reelección del actual presidente Latorre para el siguiente periodo.

La Fiscalía requirió que en el juicio oral y público que enfrenta el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por cohecho pasivo agravado sea incluido como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. El pedido fue realizado este martes al tribunal de sentencia especializado en delitos económicos conformado por Adriana Planas, Matías Garcete y Yolanda Morel.

El requerimiento surge teniendo en cuenta que Reges Furtado formaría parte del grupo criminal del también capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien contaba con la intención de contratar con el Estado para­guayo durante el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez, valiéndose de su amistad con Giuzzio.

El senador y vicepresidente de la Comisión Antilavado del Congreso Nacional, Gustavo Leite, requirió al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) indagar sobre el aporte de USD 1 millón realizado por el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista a la campaña del abdismo, atendiendo a las dudas sobre el origen del dinero y las vinculaciones del dirigente norteño con el narcotráfico.

“Los chats de Lalo fueron filtrados para perjudicarnos a nosotros, al espectro político del movimiento Honor Colorado y terminó degollando a Fuerza Republicana y sus colegas opositores. Cuando la verdad se impone, no hay nada como la verdad”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El papa Francisco amaneció “estable” este martes horas después de sufrir su última recaída y pudo cambiar la mascarilla que le ayuda a respirar por una cánula nasal, cuando se cumplen 19 días de la hospitalización del jesuita argentino de 88 años.

Tras dormir “toda la noche”, las primeras informaciones oficiales indicaron que el pontífice “se levantó y continuó su tratamiento” y que cambió en la mañana la mascarilla que le administra oxígeno por una cánula nasal de alto flujo, más ligera. “La situación esta mañana puede considerarse estable, pero con un cuadro [clínico] complejo”, indicó una fuente vaticana, precisando que el papa, cuyo pronóstico es “reservado”, “no está fuera de peligro”.

“Me ratifico que fue montado para perjudicar al programa Hambre Cero”, indicó el ministro de Desarrollo Social (MDS) y titular del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, con relación a la denuncia por la supuesta mala calidad de los alimentos servidos días atrás en la escuela San Jorge de la ciudad de Mariano Roque Alonso.

“Exhibieron restos de comida en balde de pintura, pusieron cucharón adentro dando a entender que fue lo que se les sirvió a los chicos. Todos pueden denunciar y eso esperamos. Estamos recabando y ya tenemos datos preliminares, hubo una injerencia política de quienes se sienten perjudicados, lamentamos la actitud sin pensar en la importancia del programa”, sostuvo.

La titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comi­sados (Senabico), Teresa Rojas, aclaró que el ente no tiene administrados bienes del finado diputado Eulalio “Lalo” Gomes. “No tenemos administrando bienes del señor Eulalio Gomes. Sí tene­mos vehículos incautados a Alexandre Gomes y que fue­ron puestos bajo administra­ción de Senabico”, manifestó la titular de Senabico, Rojas.

Luego la alta funciona­ria aclaró el contexto de los intercambios de mensajes que tuvo con el exdiputado Gomes. Manifestó que Lalo Gomes habría iniciado ges­tiones para el arrendamiento de la estancia Cristo Rey, pro­piedad incautada al narco­traficante Jarvis Chimenes Pavão.

“Fue un mensaje que me envió en esa oportunidad el señor Eulalio Gomes solici­tando que atendamos la pro­puesta de alquiler de una persona que se llama Apare­cido Carlos Bernardo. Lo que quiero señalar es que muchí­simas personas todos los días llaman interesadas en alqui­lar inmuebles. Esa es nuestra actividad diaria. Esto no es una actividad rara ni sospe­chosa”, señaló Rojas a la emi­sora 1020 AM.

Posteriormente resaltó que “de ahí a que acceda o no a un pedido que no esté encua­drado dentro de lo que corres­ponde ahí podemos hablar de un problema”, agregó.

Las charlas, entre setiembre y noviembre de 2019, revelan una alta afinidad y confianza entre el entonces ganadero y el dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Robert Acevedo.

Chats develados ayer por Nación Media exponen cómo el financista del abdismo en Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes, operaba juntamente con el exlegislador Robert Acevedo, aliado del efrai­nismo, en proyectos de leyes relacionados a expropiación de tierras.

Las charlas, entre setiembre y noviembre de 2019, reve­lan una alta afinidad y con­fianza entre el entonces gana­dero y el dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), similar al trato que el empresario norteño sos­tenía con autoridades y refe­rentes del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Gomes, quien presumía ser “jefe de campaña” del movi­miento Fuerza Republicana por su presunto aporte de más de USD 1 millón, como él mismo admitió en otros chats revelados; no solo man­tenía sometido al gobierno de Mario Abdo Benítez, sino que manejaba los hilos de su poderío en diferentes sec­tores de la sociedad como el judicial, empresarial, gre­mial y político requiriendo y concediendo favores.

El poderoso ganadero, falle­cido en agosto de 2024 tras un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II; en su carácter de miembro del Comité Eje­cutivo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) requirió en el 2019 a Acevedo, quien se desempeñaba como dipu­tado, trancar un proyecto de expropiación de 1.500 hec­táreas a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), locali­zado en el distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro.

La propuesta en ese enton­ces fue impulsada por dipu­tados abdistas y cartistas con respaldo del también libe­ral Pastor Vera Bejarano. El inmueble que se preten­día expropiar se encuentra asentada la estancia Alegría, que pertenece a la Agrogana­dera Willersinn, propiedad del alemán Benedick Eber­hard y a cargo del alemán Herber Willersinn.

Finalmente, la iniciativa fue rechazada en ambas cáma­ras del Congreso y terminó siendo remitida al archivo. A la vez se observa en los men­sajes intercambiados, como los compueblanos tramaban acelerar desalojos mediante contactos con agentes fisca­les afines y autoridades del sistema de seguridad del gobierno de Abdo Benítez.

En una conversación del 8 de setiembre de 2019, Lalo remitió una publicación periodística referente a que la Asociación Rural del Para­guay (ARP) denunciaba que los políticos fomentaban las invasiones. A lo que Robert le contestó que debía endure­cerse la postura. “Acá tene­mos que corregir a ese Nés­tor Echeverría y Ricardo Villalba. Judicialmente”, le responde Lalo. Ante esta afirmación el dirigente del Partido Liberal le contestó que “son dementes los dos”, y en otro mensaje argumentó que “del Partido Colorado hay que echarle si se puede, eso le va a desmoralizar a Echeverría”.

Un dato relevante, el excandi­dato a concejal de Pedro Juan Caballero, el abogado Nés­tor Echeverría, fue víctima de un intento de asesinato en febrero de 2020 y final­mente fue asesinado por dos sicarios frente a una bodega en setiembre de 2021. De acuerdo con los antecedentes del caso, el mismo era férreo opositor al entonces inten­dente de Pedro Juan Caba­llero, José Carlos Acevedo, hermano de Robert Acevedo.

En otro chat del 15 de octu­bre de 2019, Gomes y Ace­vedo operaban para agilizar un desalojo que debía ejecu­tar la fiscala Katia Uemura (salpicada en un supuesto esquema de corrupción den­tro del JEM) de unos terrenos ocupados (que estaban siendo reclamados como suyos por el municipio de PJC a cargo de José Carlos Acevedo). En el intercambio de mensa­jes, Lalo reporta a Acevedo que la agente fiscal le argu­mentó que se tuvo que sus­pender el procedimiento por­que “Garilín”, Gael González (del Indert), había informado que existía superposición de títulos.

No obstante, Gomes se com­prometió a llamar al enton­ces viceministro de Seguri­dad, Hugo Sosa Pasmor, del gobierno de Mario Abdo, cuando Juan Ernesto Villa­mayor era el ministro del Interior, de modo de agilizar el procedimiento de desalojo.

Otra de las conversaciones que exponen la afinidad entre políticos ya extintos data del 18 de octubre de 2019, donde Lalo Gomes requiere que la esposa de Acevedo, la enton­ces concejala Carolina Yunis de Acevedo, ayude al exsena­dor Paulino Mendoza Espí­nola a lotear sus tierras, por­que otro concejal de Pedro Juan Caballero, Ivo Lez­cano, estaba poniendo tra­bas por una demanda que le había hecho Mendoza en el pasado, de acuerdo con el chat divulgado.

En fecha 27 de octubre de 2019, Lalo Gomes le dice a Robert que al día siguiente iba a desarrollarse una mani­festación campesina. “Escu­ché eso. Lastimosamente hay liberales aprovechado­res como este Salyn Buzar­quis y otros”, le contestó el efrainista.

“Acá tenemos que corregir a ese Néstor Echeverría y Ricardo Villalba. Judicialmente”, Lalo Gomes a Robert Acevedo.

Eulalio Gomes apoyó la campaña electoral de Mario Abdo Bení­tez desde 2017 y se convirtió en candidato a diputado del movi­miento Fuerza Republicana en 2022. Al menos desde 2017, la Poli­cía Federal de Brasil advirtió a las autoridades paraguayas sobre el ponderable crecimiento económico de Gomes por presuntos vínculos con el crimen organizado, con narcos brasileños como Antonio Joaquim da Mota, Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, y Jarvis Chimenes Pavão. Entre 2018 a 2021, Seprelad emitió siete reportes de operaciones sospechosas de Gomes, y en 2021 entregó un informe de inteligencia a la Fiscalía.