El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Carlos Arrechea, confirmó que la mesa directiva establecerá mañana miércoles la fecha de convocatoria del concejal de la localidad de Pedro Juan Caballero, Santiago Benítez, para asumir la banca del fallecido Eulalio “Lalo” Gomes Batista.
La decisión fue tomada tras el cuestionamiento realizado por el liberal Antonio Buzarquis durante la sesión ordinaria de este martes. “Quiero advertir a la mesa directiva que se debe convocar al suplente del extinto Gomes, respetando su memoria y a su familia, pero la Cámara de Diputados no puede funcionar con 79 miembros, hay un principio jurídico legal que debe ser cumplido”, dijo.
Buzarquis mencionó que el cuerpo colegiado ya realizó dos sesiones sin la presencia del también abogado y comunicador que debe jurar para completar el pleno legislativo. “Esto es un reclamo que hago para defender la institucionalidad de la Cámara de Diputados”, sostuvo.
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La convocatoria a Benítez debe realizarse con tiempo, ya que debe presentar su renuncia a su condición de concejal, la cual debe ser aceptada por los miembros de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero. Una vez concretado este procedimiento podrá ser convocado para prestar juramento como diputado.
El reglamento interno de la Cámara Baja, en su artículo 23, sostiene que “en caso de exclusión, renuncia, inhabilidad, muerte o permiso de un diputado ya incorporado, le sustituirá el suplente que figure en el orden de precedencia en la lista proclamada del partido político al cual pertenece”.
Antecedentes
Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto durante un allanamiento en su vivienda, en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía Nacional, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.
El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La imputación fiscal sostiene que tanto Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.