Hasta ahora, un impune Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, arrastra una serie de denuncias. Las últimas fueron con relación a empresas ligadas a funcionarios leales al intendente que fueron beneficiados con contratos con la comuna esteña por más de G. 14.000 millones. Entre las empresas beneficiadas aparecen un club nocturno convertido en constructora y una firma que debía proveer kits de alimentos que nunca llegaron en plena pandemia.

• Unidad de Investigación Nación Media

Mientras Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, hace alarde de adornos navi­deños, su gestión al frente de la comuna sigue sumando irregularidades. Curiosa­mente, ante estos hechos algunos sectores políticos y de la prensa deciden hacer la vista gorda. Un claro ejem­plo son los contratos que la comuna repartió entre los leales al jefe comunal.

Más de G. 14.000 millones en contratos con la Municipali­dad de Ciudad del Este fue­ron entregadas a empresas y oenegés ligadas a funcionarios de la comuna altoparanaense que son cercanos al intendente local, Miguel Prieto.

Ciudad del Este vive uno de los episodios más polémicos en la gestión pública reciente, con denuncias de irregulari­dades que involucran millones de guaraníes. Desde la entrega de fondos para ollas popula­res en plena pandemia hasta el protagonismo de empresas y funcionarios municipales en licitaciones millonarias, el caso tiene ribetes dignos de una novela de Gabriel García Márquez.

Las denuncias 38 y 39 contra el intendente Miguel Prieto Vallejo apuntan a una red que habría operado al inte­rior de la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por el director de la Secreta­ría de la Vivienda, Juan Qui­roga Cañete, y la funcionaria Lumma Silva Battochi. Ambos estuvieron involucrados en la gestión de fondos destinados a subcomisiones que organiza­ban ollas populares durante los meses más duros de la pan­demia de covid-19.

En 2020, ambas subcomisio­nes recibieron G. 311 millones de la comuna para supues­tamente repartir alimentos entre familias vulnerables. Sin embargo, los documen­tos presentados para justi­ficar estos desembolsos han sido fuertemente cuestio­nados. Las comisiones lide­radas por Quiroga Cañete y Silva Battochi solicitaron el reconocimiento municipal y el desembolso de los fondos el 30 de diciembre de 2020. Sorprendentemente, todo el proceso, incluyendo el pago a proveedores, se realizó en menos de 24 horas.

Ambas subcomisiones emi­tieron facturas a nombre de la empresa FASV Import Export, que declaró la entrega de insumos como carne, arroz, fideos y aceite. Sin embargo, las facturas no detallan las marcas de los productos ni los lugares donde fueron entre­gados. Más preocupante aún, no existe evidencia concreta sobre cómo se distribuyeron los insumos, lo que genera sos­pechas sobre la transparencia de las operaciones.

La denuncia no termina allí. Lumma Silva Battochi no solo es funcionaria munici­pal, sino también accionista de SCDE SA, una empresa constructora que antes operaba como club noc­turno bajo el nombre Gol­den Rouge SA Silva Battochi ingresó como accionista en marzo de 2021, aportando G. 320 millones, una cifra que contrasta radicalmente con su salario como contratada municipal, que asciende a G. 3.350.000 mensuales.

Desde 2020, SCDE ha fir­mado 8 contratos con institu­ciones públicas, 7 de ellos con la Municipalidad de Ciudad del Este, por un valor total de G. 10.706 millones. Sumando estos contratos a los fondos recibidos por las subcomi­siones, el clan Quiroga-Silva habría manejado más de G. 11.000 millones en menos de tres años.

El caso más notorio durante la pandemia fue la adquisi­ción de cestas básicas por G. 2.949 millones, destinadas a familias de escasos recursos. En esta operación, están pro­cesados Miguel Prieto, varios de sus funcionarios y Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurídica de la munici­palidad. Según la Fiscalía, Flo­rentín Páez habría colaborado en un esquema de facturación ficticia para encubrir la falta de entrega de mercaderías.

La firma Tía Chela SRL, adju­dicada para proveer las cestas, no contaba con el inventario necesario, según se constató en las investigaciones. Para justificar las operaciones, se habrían utilizado facturas fal­sas emitidas por Vanemi SA, empresa vinculada a Florentín Páez. Las transacciones ficti­cias totalizaron G. 692 millo­nes, parte de un perjuicio eco­nómico estimado en G. 2.130 millones.

La Fiscalía descubrió una red de subproveedores inexis­tentes, que emitieron factu­ras para simular la entrega de productos nunca adquiridos. Este esquema refleja el grado de opacidad con que se mane­jaron los fondos destinados a mitigar los efectos de la pan­demia en Ciudad del Este.

Las investigaciones actuales revelan una serie de incon­sistencias en el manejo de los fondos públicos durante la administración de Miguel Prieto. Tanto los casos rela­cionados con las ollas popu­lares como con las cestas básicas destacan por la falta de documentación clara y la rapidez sospechosa con que se realizaron los desembolsos.

En el caso de las subcomisio­nes, no se ha presentado evi­dencia que confirme el uso correcto de los G. 311 millo­nes desembolsados, mientras que los contratos otorgados a SCDE han despertado dudas sobre posibles conflictos de interés y favoritismo.

Por su parte, la trama de las cestas básicas, en la que figura Emili Vanessa Floren­tín Páez como protagonista, pone en evidencia el uso de facturas falsas y empresas de fachada para desviar recur­sos públicos. La Fiscalía con­tinúa con las imputaciones contra los responsables de estos hechos, que afectan gravemente la credibilidad de la gestión municipal.

En total, las irregularidades detectadas en estos casos suman más de G. 14.000 millones, recursos que debían beneficiar a la población más vulnerable en un momento crítico. Sin embargo, estos fondos parecen haberse des­viado hacia intereses parti­culares, dejando a Ciudad del Este con más preguntas que respuestas.

Los uruguayos acuden el domingo a las urnas para elegir entre el continuismo del gobierno de centroderecha o el cambio a la izquierda del expresidente José Mujica, en una segunda vuelta que los analistas anticipan muy reñida.

El opositor Yamandú Orsi, un profesor de historia de 57 años, y el oficialista Álvaro Delgado, un veterinario de 55, aspiran a gobernar este país de 3,4 millones de habitantes, considerado la democracia más sólida de América Latina, con un ingreso per cápita comparativamente alto y bajos niveles de pobreza.

Uno de ellos sucederá en marzo al presidente Luis Lacalle Pou, que tiene un alto índice de aprobación, pero está impedido por la Constitución de buscar un segundo mandato consecutivo. Con Orsi, el Frente Amplio apuesta a recuperar el sillón presidencial que perdió en 2020 tras 15 años de gobierno.

Silvia Martínez, una empleada doméstica de 60 años, quiere que gane Orsi porque con el Frente Amplio le fue mejor “en todo” y con la coalición, “en nada”. “Los que estamos abajo somos los que sufrimos más”, dijo a la AFP tras escuchar a Mujica en un club. El exmandatario (2010-2015) tuvo un rol protagónico en la campaña de Orsi como “estratega principal”, según el politólogo Alejandro Guedes.

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A sus 89 años y a pesar de estar recuperándose de un cáncer de esófago, el exguerrillero salió al ruedo para captar nuevas adhesiones. En recorridas y en entrevistas, hizo gala de su estilo de vida austero, que le valió en el pasado el mote de “presidente más pobre del mundo” y criticó a los políticos a quienes “les gusta mucho la plata”.

El delfín de Mujica fue el más votado el 27 de octubre, con el 43,9 % de los sufragios, insuficientes sin embargo para evitar una segunda vuelta. Delgado, exsecretario de la Presidencia de Lacalle Pou, cosechó solo el 26,7 % como candidato del Partido Nacional, pero ahora cuenta con el respaldo de todos los socios de la coalición gobernante, que juntos recogieron el 47,7 %.

“Apoyo a Álvaro Delgado porque considero que es la continuidad de este gobierno, que para mí fue positivo”, señaló a la AFP Manuel Cigliuti, un auxiliar administrativo de 24 años que resaltó el manejo de la economía, la seguridad y la pandemia. “Además, la oposición no está a la altura”, apuntó.

Los últimos sondeos muestran una leve ventaja de Orsi frente a Delgado. Pero los encuestadores advierten que la diferencia está dentro de los márgenes de error y hablan de un “empate técnico”. “Si bien Orsi ha estado arriba en todas las mediciones, la brecha con Delgado se ha acortado. Es un escenario muy competitivo”, señaló a la AFP el sociólogo Eduardo Bottinelli, director de la consultora Factum.

“El país está dividido en dos mitades” y es “razonable” estimar que la elección se defina por menos de 50.000 votos, indicó. En 2019 se saldó por apenas 37.000. “Pero aunque el triunfo sea por márgenes estrechos no se prevén cuestionamientos al resultado”, aclaró Bottinelli. “Quien pierda lo aceptará pacíficamente y se abrirá una etapa de negociación necesaria entre los dos bloques”.

El diálogo parece inevitable porque ni Orsi ni Delgado tienen mayorías parlamentarias. Tras los comicios de octubre, 16 de los 30 escaños del Senado fueron para el Frente Amplio y 49 de las 99 bancas de la Cámara de Diputados, para la coalición gobernante.

“Tenemos al Senado pronto para salir a la cancha”, prometió Orsi al cerrar su campaña, asegurando tener “gobernabilidad” para impulsar “las transformaciones que el país necesita”. “Vamos a abrir los brazos para llegar a los acuerdos necesarios”, dijo de su lado Delgado, confiado en que “una mayoría silenciosa” le dará la victoria, porque “ni los más opositores” pueden desconocer que hoy el país está “mejor” que en 2019.

Analistas no esperan cambios significativos en la política económica cualquiera sea el vencedor, aunque puede haber diferencias en el comercio, con Orsi más volcado a la región y Delgado buscando mayor apertura al mundo. Ambos candidatos quieren impulsar el crecimiento, en recuperación tras la desaceleración por la pandemia y una histórica sequía. También apuestan a reducir el déficit fiscal.

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En el único debate de la campaña, Orsi y Delgado se comprometieron a no aumentar la carga impositiva y a combatir la delincuencia y el narcotráfico. La seguridad pública es la mayor preocupación de los votantes según las encuestas.

En Uruguay, el sufragio es secreto y obligatorio y no existe el voto consular. Para ganar el balotaje no es necesario superar el 50 % de los sufragios, como se requiere en la primera vuelta, sino que basta una mayoría simple.

Fuente: AFP

“La subasta al alza de 6 hectáreas en la zona Norte representará el inicio para el desarrollo en la costanera de Asunción”, dijo el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez tras rechazar las versiones impulsadas por algunos concejales opositores y medios de comunicación aliados quienes indican que el aceleramiento del proceso público tenga como trasfondo cubrir deudas y gastos operativos de la municipalidad a raíz de un supuesto quiebre.

“Algunos autores de la oposición saben perfectamente que la persona que otorgue el punta pie inicial para el desarrollo en la zona quedará en la historia y que esto en algún momento podría ser un rédito político es por eso que este sector no quiere que sea yo, un colorado, perteneciente al movimiento Honor Colorado sea quien desarrolle este proyecto”, manifestó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Rodríguez surgieron tras la decisión de la junta municipal de aprobar el pliego de bases y condiciones para llevar adelante la subasta de las tierras con una referencia fijada en G. 28.000 millones por cada una.

Rodríguez señaló que este proceso se encuentra alineado con el Plan Maestro de la Costanera, presentado meses atrás, y tiene como finalidad principal atraer inversiones para proyectos inmobiliarios, gastronómicos, hoteleros y de entretenimiento, generando desarrollo económico y social en la capital.

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Ante el cuestionamiento por parte de algunos medios de comunicación a que acusó de intentar “poner palos en la rueda” al desarrollo de la capital afirmó que “Tienen sus intereses, no nos olvidemos que ese grupo de medios está desarrollando en otra zona de la ciudad, iniciativas inmobiliarias, está agrandando su shopping, sus bancos”.

Asimismo Rodríguez acotó: “Este proyecto representará una pérdida tremenda para ellos, ya que si una persona tiene la posibilidad de adquirir un departamento, un local gastronómico o desarrollar un hotel en la zona de la costanera antes que en la zona de Villa Morra será lógicamente una pata en el hígado para ellos, es por eso que ponen palo a la rueda”.

Por otra parte, desmintió las afirmaciones de que los lotes subastados se encuentren comprometidos en proyectos financiados por el Banco Mundial, mencionando que estas hectáreas no forman parte de los acuerdos relacionados con el préstamo para la reconversión del centro histórico y el Parque Caballero.

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El intendente de la ciudad de Itauguá, Horacio Fernández instó a sus colegas del departamento Central a aplicar el consenso en sus respectivos distritos con la finalidad de lograr candidaturas únicas rumbo a las elecciones municipales previstas para el año 2026. Agregó que mantener al Partido Colorado en el poder dependerá en gran parte de la conquista de municipios.

“El hecho de tener las intendencias, es un pulmón y una realidad que todos los dirigentes del departamento Central tienen que entender. Yo le mencioné a intendentes de otros distritos que ellos también traten de replicar el consenso en sus ciudades, sabemos que cada localidad tiene una realidad distinta, pero de las elecciones municipales depende el 70 % la victoria en los comicios presidenciales”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Fernández surgen tras mantener el pasado martes un encuentro con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes donde se anunció que nuevamente disputará por la jefatura comunal de Itauguá.

“Itauguá no es un pueblito donde encontrás 2.000 o 3.000 votos, es una ciudad donde se moviliza 15.000 a 20.000 votos para unas presidenciales”, dijo tras recordar que el Partido Colorado logró imponerse por primera vez a los partidos de oposición en las pasadas elecciones generales del 2023 mediante la figura del consenso.

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Fernández señaló que la intención de Cartes se centra en replicar el consenso en la mayoría de las cabeceras departamentales con el principal objetivo de recuperar aquellas intendencias que están en manos de la oposición como Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero entre otros.

“Él nos dijo que Itauguá es un modelo que quiere replicar en todos los departamentos. Hay ciudades donde estará un poco más complicado ya que hay muchos intereses en juego y muchos autores políticos fuertes, pero nos indicó que la idea es que en la mayoría de los distritos se pueda llegar a un consenso importante, si no es el 100 % por lo menos el 95 %. Entonces el camino es la unidad”, comentó.

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