La Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de activos y delitos conexos se instaló este lunes con la designación de sus autoridades. Como presidente fue designado el senador Dionisio Amarilla, como vicepresidente el diputado Rodrigo Gamarra y como relator el senador Gustavo Leite, además integran el senador Colym Soroka y los diputados Jatar Fernández y Héctor Figueredo.

En una conferencia, el senador Gustavo Leite adelantó que la primera reunión con los primeros convocados se desarrollará el próximo martes 3 de setiembre a las 17:00. Sin embargo, desde la comisión aún no revelaron quiénes serán los primeros convocados.

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“El tiempo es corto, decidimos que el próximo martes vamos a tener nuestra primera reunión, no quisiera convocar a la gente que vamos a convocar, porque nos parece que la investidura de la gente que vamos a invitar en la primera sesión merece que sea invitada por el presidente de la comisión”, indicó Leite.

Los integrantes de esta comisión también aprobaron por unanimidad el reglamento que será utilizado en el proceso del trabajo de investigación, también decidieron que las sesiones se desarrollarán los días jueves a las 10:00, donde serán tratados los temas y los convocados. La comisión tiene un plazo de 60 días para emitir un dictamen sobre los temas abordados.

“Hemos decidido revertir, en primer lugar, todo lo que infelizmente dejó una anterior comisión bicameral de investigación. Nosotros estamos comprometidos solamente con la verdad para la ciudadanía, no hay garrote para nadie, no hay caramelo para nadie. Vamos a iniciar nuestro trabajo a partir de un reglamento que aprobamos hoy entre todos, también por unanimidad”, expresó el senador Leite.

“Decidimos también por unanimidad concentrarnos en tres puntos que nos parecen son los acuciantes, creemos que la ciudadanía tiene que tener luz, nosotros somos los representantes de la ciudadanía, nosotros no somos fiscalía, nosotros no somos Poder Judicial, nosotros somos Poder Legislativo”, también adelantó el senador.

El primero de estos tres ejes citó el potencial lavado de activos ligado al financiamiento político vía las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), “dilucidar el punto de une con flecha de las ONGs que trabajan en política, dónde fue a parar, quién se benefició y si eso sería una violación del financiamiento político desde el extranjero y, también, si sería una violación a la ley de lavado”. Además del lavado de activos provenientes del tráfico de armas; y el tercer tema, el lavado de activos, ingresado al sistema vía bancos y financieras.

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