Concejales de la ciudad de Ñemby, departamento Central, presentaron ante el Ministerio del Interior el pedido de intervención a la administración del intendente Tomás Olmedo, imputado junto a otros funcionarios de la comuna por lesión de confianza, estafa y otros delitos.
“El pedido de intervención no es una persecución política, sino para esclarecer si existe o no un daño patrimonial, en esto estamos enfocados los concejales. Esperamos que esta vez corra en la Cámara de Diputados”, dijo Óscar Valinotti, presidente de la Junta Municipal a la 1020 AM.
Los ediles sostienen que el principal alegado que motivó a la aprobación de un pedido de intervención y su posterior presentación ante la cartera de Estado, es la existencia de una imputación por parte del Ministerio Público. Aguardan a la vez que Olmedo tome la iniciativa de apartarse del cargo con el fin de no interferir en el trabajo de la Contraloría General de la República (CGR), institución que ya se encuentra instalada en la municipalidad desde el pasado lunes.
La ley n° 317 que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/o a los gobiernos municipales en su artículo 3 refiere que la solicitud de intervención será presentada al Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Los antecedentes deberán ser remitidos a la Cámara de Diputados dentro del plazo de 6 días hábiles, la que constituirá una Comisión Especial para la investigación de los hechos denunciados, debiendo expedirse dentro del plazo de quince días hábiles.
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Antecedentes
El segundo pedido de fiscalización fue impulsado por un total de 9 votos a favor y 3 votos en contra, y surge ante las acusaciones por un presunto daño patrimonial equivalente a un total de G. 700 millones. La aprobación se dio en medio de manifestaciones ciudadanas.
Olmedo también fue imputado por la agente fiscal Milena Basualdo por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documento público de contenido falso. La acusación se centra en que el jefe comunal junto con los funcionarios Hugo Delvalle, exdirector de Obras y Marcos Meza, actual administrador de la municipalidad, realizaron un llamado a licitación en mayo del año 2023 para la construcción de empedrados que ya habían sido pagados y habilitados en el año 2022.