El abogado Adrián Enríquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, luego de haber -de forma llamativa- anulado la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, quien había entregado presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.

De acuerdo al escrito presentado ante el JEM, los dos camaristas acusados actuaron de manera arbitraria y fuera de la ley violando el principio constitucional del debido proceso ya que juzgaron el fondo de la cuestión, situación que está prohibida.

Con la presentación hecha por el citado profesional del derecho, los integrantes del JEM deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra los camaristas Sánchez y Lovera Cañete y en caso de que los mismos sean enjuiciado podrían ser suspendidos en sus funciones.

El JEM está integrado por Alicia Pucheta, Enrique Bernis, Derlis Maidana, Orlando Arevalos, César Garay, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, y Alejandro Aguilera.

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En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.

También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.

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El proyecto de la “función pública y la carrera del servicio civil” fue aprobado con modificaciones por parte de la Cámara Alta y al respecto, el senador Mario Varela indicó que están conformes con el texto y dejó en claro que de aprobarse esta iniciativa, tendrá alcance para los funcionarios de los tres poderes, no únicamente en los que dependen del Poder Ejecutivo, como se dio a entender por ciertos sectores.

“Claramente dice el artículo N.° 3 que se aplicará también esta ley al Poder Legislativo y al Poder Judicial manteniendo su autonomía, lo que buscábamos con esta modificación es que la independencia de los poderes se garantice nada más, pero esta ley se va a aplicar, sin embargo, el que aplique esta ley no va a ser el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, sino va a ser el presidente del Senado, de Diputados y la Corte Suprema de Justicia con la atribución constitucional del poder administrativo que le otorga la ley”, explicó.

En contacto con La Nación/Nación Media, el parlamentario manifestó que están satisfechos con la ley aprobada puesto que es fruto de un trabajo en conjunto entre varios sectores, incluyendo a las representaciones sindicales de diferentes sectores. Varela afirmó que esta es una ley consensuada y que es fundamental para modernizar la gestión pública del Estado.

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“Es un requisito importante que tengamos una ley innovadora, transparente, que valore la meritocracia en la función pública. En esta ley, el concurso público de oposición es obligatorio, el único mecanismo de ingreso en la función pública será ahora a través de ese mecanismo. La anterior ley hablaba también de eso, pero abría la ventana con muchas excepciones por eso es que no se aplicaba casi el concurso público, ahora la obligatoriedad es una característica fundamental de esta ley”, sostuvo.

Además, en uno de sus artículos también es contundente respecto al nepotismo y en la modificación del Senado, quedó una redacción en la cual no se permitirá esta práctica y se eliminó el apartado donde se permitía la contratación de cónyuges, concubinos o parientes para casos excepcionales.

“Quiero resaltar que no se violan las garantías constitucionales de la libertad sindical, porque se habló de que esta ley la prohibía, pero eso no es posible porque la libertad sindical y de asociación es una garantía establecida en la propia Constitución, ninguna ley puede estar por encima de esa garantía constitucional, es importante aclarar eso porque mucho se rumoreó acerca de esto”, enfatizó.

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Además, esta ley contempla otros aspectos como el establecimiento de un límite para la contratación de asesores, los perfiles de los cargos en las instituciones, los mecanismo para el ascenso, entre otros aspectos que apuntan a la meritocracia en todas las instituciones del Estado, a excepción de aquellas que tienen leyes especiales como los militares, policías o docentes.

El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú indicó que el equipo de fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez cuenta desde este miércoles con 10 días hábiles para volver a examinar los reportes de indicios punibles emitidos por la Contraloría que hacen mención a un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente de la entidad, Vicente Bataglia.

“Ayer martes se sugirió la providencia de oposición. Este juzgado entiende que es necesario que el Ministerio Público vuelva a examinar con mayor detenimiento los puntos u observaciones que hizo la Contraloría”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El magistrado acotó que “en esta primera etapa de este trámite los fiscales intervinientes pueden ratificarse de lo que ya han suscrito o pueden rectificar”. Sostuvo que “a partir de hoy disponen de 10 días hábiles para poder hacer ese análisis, lógicamente eso queda al arbitrio de los agentes si se utilizará o no todo esos plazos”.

De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública, por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que puedan proseguir la investigación.

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El médico es investigado por lesión de confianza y estafa. También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina, quienes fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.

El 31 de octubre pasado los agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría y un grupo de parlamentarios de la oposición bajo el argumento que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.

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El líder de bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Senadores, Natalicio Chase manifestó que existen los votos necesarios para otorgar la media sanción del proyecto de reforma del servicio civil que tiene como finalidad iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público, principalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo.

“Yo estoy seguro de que existen los números para la aprobación. Hay muy poca oposición y si existen serán sobre algunos artículos particulares, pero en general casi todos los senadores estamos de acuerdo con la aprobación del proyecto de ley”, manifestó en una entrevista en el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Chase defendió a la vez exceptuación del Congreso Nacional y el Poder Judicial de la iniciativa que según sus afirmaciones no introduce cambios drásticos respecto a la Ley 1626 de la Función Pública, sino que se enfoca en mejorar la organización y hacer aplicable el sistema burocrático actual.

“Al final y a cabo menos del 3 % de todo el funcionariado público es del Poder Judicial y el Poder Legislativo. El 97 % de los funcionarios son del Ejecutivo. Sería inaplicable si fuera unificado, por ejemplo si hablamos de los tiempos de trabajo del sector docente, no se le puede aplicar 8 horas de trabajo cuando tienen un sistema de trabajo menor o mayor. Son todas situaciones particulares, el Estado es más complejo que un solo tipo de funcionario”, comentó.

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Además, el congresista aclaró que instituciones con normativas propias, como el Banco Central del Paraguay (BCP), el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el sector docente, también se encuentran excluidos de la propuesta.

“El proyecto de servicio civil excluye parcialmente al Poder Judicial y al Poder Legislativo en el manejo particular de la aplicación de la ley porque el rector de la política salarial sigue siendo el Ministerio de Economía y Finanzas y con un criterio de independencia y equilibrio de los poderes es que el proyecto de ley tiene este análisis particular, dijo Chase.

Sus afirmaciones fueron respaldadas por su colega Mario Varela citando el artículo 3 de la Carta Magna que garantiza un equilibrio de poder y control recíproco. “Si existe una concentración total y absoluta de parte del Ejecutivo esto podría poner en peligro la autonomía total”, comentó.

En lo referente a las políticas salariales, refirió al programa “Arriba hoy” que el Ministerio de Economía y Finanzas continuará estableciendo los lineamientos, pero cada poder conservará la potestad de definir perfiles y tipos de asesoría en sus propios ámbitos. “Algunos reclamos son atendibles, especialmente en el tipo de cargos, que deben cumplir con requisitos de experiencia y competencias adecuadas”, refirió.

Asimismo, Varela abogó por la inmediata aprobación del proyecto sosteniendo que la actual ley es prácticamente inservible. “La ley actual 1626 es prácticamente inaplicable, tiene cientos de pedidos de inconstitucionalidad y varios de sus artículos ya no están vigentes, entonces la necesidad de la modernización de la gestión pública se impone y es una necesidad absoluta”, manifestó.

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