La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) reglamentó los mecanismos que regulan las adquisiciones en el marco del programa Hambre Cero. Esto a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la calidad de la alimentación.

Del mismo modo, también se garantiza la transparencia en los procesos de suministros y compras públicas. La agricultura familiar y las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) se constituyen en aliados estratégicos para el programa de alimentación escolar.

Así, también se busca brindar oportunidades para que la agricultura familiar y las Mipymes puedan crecer y desarrollarse, generando fuentes de trabajo como proveedoras de insumos para la preparación de los alimentos que son proveídos a las instituciones escolares.

Hambre Cero establece como primera medida la adquisición obligatoria, en un 10 %, de productos que provengan de la agricultura familiar y en un 5 % de las Mipymes locales. Señala además que, en casos como escasez de oferta local, situaciones estacionales o de calidad, se podrán sustituir los productos nacionales por importados.

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Referente a las Mipymes, el programa establece la adquisición del 5 % del valor total del contrato, lo cual podrá ser actualizado anualmente mediante acto normativo del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como órgano rector.

A fin de concretar estas compras, prevé la realización de ruedas de negocios integral conforme a las orientaciones establecidas, las convocantes en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Industria Comercio (MIC).

La resolución incluye además todas las condiciones y mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el gobierno del presidente Santiago Peña, en torno a la calidad y cantidad de los alimentos proveídos a los escolares, aparte de garantizar un mercado específico para la comercialización de productos locales.

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