• Estambul, Turquía. AFP.

Las protestas continúan el martes en Turquía, donde más de 1.400 personas han sido detenidas desde que comenzó el miércoles una oleada de manifestaciones por el arresto del alcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan. En total, 1.418 personas acusadas de participar en concentraciones ilegales fueron detenidas desde el 19 de marzo, según las autoridades, que se enfrentan a la mayor ola de protestas en el país desde 2013.

En este contexto, un tribunal de Estambul ordenó el martes el encarcelamiento provisional de siete periodistas turcos, entre ellos el fotógrafo de AFP Yasin Akgül, acusados de participar en manifestaciones, prohibidas desde la semana pasada en las tres principales ciudades de Turquía. Akgül alegó durante su detención que se había limitado a cubrir una protesta en Estambul.

El presidente de Agence France-Presse, Fabrice Fries, pidió a la presidencia turca la “rápida liberación” de su fotógrafo. “Yasin Akgül no manifestaba, cubría como periodista una de las muchas concentraciones organizadas en el país desde el miércoles 19 de marzo”, afirmó.

La oenegé Reporteros sin Fronteras condenó por su parte una “decisión escandalosa [que] refleja una situación muy grave en curso en Turquía”. En total, 979 manifestantes se encontraban el martes bajo custodia policial, mientras que 478 personas habían pasado a disposición judicial, según el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya.

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Ante las continuas protestas desencadenadas por la detención de Imamoglu, acusado de “corrupción”, la gobernación de la capital Ankara extendió hasta el 1 de abril la prohibición de manifestaciones. Las autoridades tomaron una decisión similar en Izmir, la tercera ciudad del país y bastión de la oposición, hasta el 29 de marzo. La misma prohibición está en vigor desde hace seis días en Estambul, donde decenas de miles de personas la desafían cada noche delante del ayuntamiento.

El martes por la tarde, una marcha de miles de estudiantes partió de un parque de la zona europea de Estambul, constataron periodistas de AFP. Muchos se habían cubierto el rostro con bufandas o máscaras por miedo a ser identificados por la policía, explicaron.

“Claro que tengo miedo de la policía”, declaró Nisa, una estudiante que no quiso dar su apellido. Özgur Özel, presidente del partido socialdemócrata CHP, al que pertenece Imamoglu, convocó una gran concentración para el sábado. Miles de estudiantes desfilaron también en Ankara, la capital, según imágenes de los medios turcos. La semana pasada, las manifestaciones desencadenadas por la detención del alcalde se extendieron a al menos 55 de las 81 provincias de Turquía.

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Özel, que pidió hacer frente al “fascismo”, acudió el martes a la cárcel de Silivri, donde están recluidos desde el domingo Imamoglu y otros 48 coacusados, entre ellos dos alcaldes de distrito que también son miembros del CHP. “Me encontré con tres leones dentro. Están de pie, con la cabeza alta (...), como leones”, dijo a la prensa al salir de la prisión.

El Consejo de Europa, que debe debatir el martes la situación en Turquía, denunció un “uso desproporcionado de la fuerza” durante las manifestaciones y citó la represión a la prensa. La ONU también expresó su inquietud ante la oleada de detenciones, asegurando que están “muy preocupados”.

El CHP llamó a boicotear 11 marcas afines al gobierno, incluida una famosa cadena de cafés: “Nosotros mismos podemos hacer el café”, expresó Özel. “Dejad de perturbar la paz de nuestros conciudadanos con vuestras provocaciones”, declaró el presidente Erdogan el lunes por la noche, dirigiéndose a la oposición en un discurso televisado.

• Buenos Aires, Argentina. AFP.

Un botón ‘muteador’ de periodistas, una votación popular para elegir a los acreditados o códigos de vestimenta son algunas de las provocativas ideas del vocero del presidente argentino Javier Milei para las conferencias de prensa en la casa de gobierno.

Cuando una periodista le preguntó el miércoles pasado sobre reportes en los medios según los cuales el gobierno evaluaba instalar un “botón” en las ruedas de prensa, Manuel Adorni respondió riendo: “No estaría mal, pero no estamos pensando... Podría ser, leí la nota y por ahí (tal vez) tomo el tema del botón muteador cuando se exceden un poco”.

“Ahora te mutearía, por ejemplo”, prosiguió Adormi, risueño. “Es bizarra esta charla, pero la vamos a dar (...) Sí, me parece divertido, qué sé yo, tener un botón”. Adorni dijo que considera esa y otras ideas para que “la sala de prensa sea cada vez más profesional, estén más cómodos y se los escuche”.

“Dentro de esto tiene que estar la libertad de expresión”, aclaró. También habló de la posibilidad de someter a la decisión popular qué periodistas participen de las conferencias de prensa. “Estamos pensando en algún esquema donde los periodistas sean elegidos por la gente. Quiénes estén y quiénes no estén. Para que la gente se sienta representada, se sienta informada”, dijo Adorni.

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Despojado de solemnidad y entre risas, comentó que funcionaría “como un Gran Hermano periodístico”. Entre otros cambios también sobrevuela la idea de imponer etiqueta de saco y corbata para los periodistas y la apertura a la participación de youtubers y streamers en las conferencias de prensa del portavoz.

La relación del gobierno argentino con la prensa es tensa. En enero del año pasado, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) instó a Adorni “a mantener distancia y respeto por el trabajo profesional de los periodistas”, no “ridiculizar su labor” y evitar “los agravios, las ironías y las burlas”.

El presidente Milei ha vilipendiado en numerosas ocasiones a los periodistas críticos de su gobierno, a los que acusa de “ensobrados” (corruptos) y describe como “delincuentes del micrófono”. El mandatario no ha brindado ninguna conferencia de prensa desde que llegó al gobierno en diciembre de 2023 y solo ha concedido entrevistas a un puñado de periodistas.

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El gobierno argentino anunció ayer jueves que eliminará el Instituto Nacional del Cáncer por detectar “duplicidad de tareas” y para tener “mayor control de las acciones”, que serán absorbidas por el Ministerio de Salud nacional. La cartera emitió un comunicado en la red social X en el que aseguró que se detectaron “problemas logísticos, con entrega de medicamentos al borde de su vencimiento, compras ineficientes y programas y estructuras duplicadas” que ya se realizaban en otras entidades estatales.

El ejecutivo, comandado por el presidente ultraliberal Javier Milei, señaló que existieron “graves fallas” en compras de medicamentos y puso como ejemplo una adquisición de 2023, cuando gobernaba el expresidente de centro-izquierda Alberto Fernández, que derivó en el desecho de “400.000 unidades de morfina vencida”.

El Ministerio de Salud remarcó en su comunicado que la medida “no afectará la continuidad de ningún programa que garantizaba el Instituto Nacional del Cáncer y solo es un cambio administrativo que apunta a corregir los problemas encontrados”, pero no aclaró si despedirán a alguno de los 183 empleados que tiene el organismo.

Apenas la semana pasada decenas de organizaciones sanitarias, sindicatos de médicos y enfermeros, asociaciones de pacientes y organismos de derechos humanos, marcharon en Buenos Aires para reclamar al gobierno de Milei por los despidos, el desfinanciamiento de programas de atención y el recorte de insumos médicos.

El anuncio del jueves se suma a los otros recortes de organismos estatales que Milei realizó desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, como la eliminación del Instituto de Cine, el Ministerio de la Mujer, el Instituto contra la Discriminación y de la agencia de noticias estatal Télam, entidades que calificó como “cajas de militancia”.

El mandatario derechista también celebró este sábado, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el despido de 40.000 empleados públicos, pero un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que serían unos 43.000, en base a datos del Instituto de Estadísticas nacional.

• Por Ana Fernández. AFP.

Con 124 comunicadores muertos en 18 países, 2024 pasará a la historia como el año más letal para la profesión desde que hay registros, según un informe del Comité de Protección de Periodistas (CPJ) publicado este miércoles. Las cifras “reflejan el aumento de los conflictos internacionales, la agitación política y la criminalidad en todo el mundo”, dice el CPJ, que precisa que estas cifras suponen un aumento del 22 % con respecto a 2023.

Los autores del informe revelan que 85 informadores murieron “a manos del ejército israelí”. 82 de ellos eran palestinos y fallecieron en la Franja de Gaza, y los otros tres, en Líbano. “Actualmente, es el momento más peligroso para ser periodista en la historia del CPJ”, dijo la directora ejecutiva Jodie Ginsberg en un comunicado.

“La guerra en Gaza no tiene precedentes en su impacto sobre los periodistas y demuestra un importante deterioro de las normas mundiales sobre la protección de la prensa en zonas de conflicto, pero está lejos de ser el único lugar donde los periodistas están en peligro”, agrega. Otros 16 países integran la siniestra lista: Sudán y Pakistán registraron seis periodistas muertos cada uno. En el caso del país asiático, son las primeras muertes en este gremio desde 2021.

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En México, que sigue teniendo la reputación de ser uno de los países más peligrosos para la prensa, cinco reporteros fueron asesinados, tres más que en 2023. El CPJ ha encontrado fallos persistentes en los mecanismos que se supone deben proteger a los periodistas en ese país, lamenta la organización.

En la región de América Latina, Colombia y Honduras también registran sendos comunicadores asesinados, además de Haití, donde murieron dos periodistas a manos de las violentas bandas que han sembrado el caos en el país caribeño y que reivindican abiertamente atacar a los comunicadores. También integran la lista Siria (4), Birmania (3), Irak (3), India (1), Bangladesh (1), Nigeria (1), Mozambique (1), Ucrania (1) y Rusia (1).

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“Nuestras cifras muestran que los periodistas sufren ataques en todo el mundo”, precisó Ginsberg. El CPJ registra la muerte de periodistas si tiene “motivos razonables” para creer que pueden haber sido asesinados por su trabajo: accidentalmente, en una misión peligrosa, o deliberadamente. El aumento de los asesinatos en el rubro forma parte, según Ginsberg, “de una tendencia más amplia para amordazar a los medios de comunicación en todo el mundo”.

“Se trata de un problema que debería preocuparnos a todos, porque la censura nos impide abordar la corrupción y la delincuencia, y pedir cuentas a los poderosos”, recuerda. El CPJ, que empezó a hacer este tipo de registros en 1992, señala que al menos 24 periodistas fueron asesinados deliberadamente por su trabajo. En Gaza y Líbano, la organización defensora de la prensa documentó 10 casos de periodistas asesinados por el ejército israelí, en un desafío de la legislación internacional que los protege durante los conflictos.

Los más desprotegidos son los colaboradores o freelancers, que informan de las noticias con menos recursos y con un riesgo considerable para su propia seguridad. Representaron más del 35 % (43) de todos los asesinatos, según la organización.

En total, 31 de los colaboradores que perdieron la vida el año pasado eran palestinos que informaban desde Gaza, donde los medios de comunicación internacionales siguen teniendo prohibido el acceso. Pero 2025 no se presenta mucho mejor: en las primeras semanas del año han perdido la vida al menos seis informadores, según el CPJ.

Fuente: AFP.

El mandatario Santiago Peña se mantiene interiorizado sobre el supuesto esquema de corrupción y manipulación de la justicia que salpica a políticos, funcionarios judiciales y otras altas autoridades de su gabinete, aseguró este miércoles el vocero presidencial, Guillermo Grance.

“Él quiere que se investigue, que se aclare todo; esa es su postura”, manifestó durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, donde se dio a conocer su respaldo al ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Garay Zuccolillo, para presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el siguiente periodo.

Asimismo, el funcionario de Estado acotó: “Al presidente Peña no le va a temblar el puño para tomar la medida que tenga que tomar por el bien de todos los paraguayos”. El caso guarda relación con los chats filtrados a medios de comunicación correspondiente al fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes, que desnudaron una supuesta corrupción en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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El hecho motivo a la dimisión de uno de sus integrantes, el diputado Orlando Arévalo, quien se desempeñaba como vicepresidente primero del órgano extrapoder. A la vez, lo obligó a presentar su renuncia como parlamentario para evitar someterse a un proceso de pérdida de investidura.

Igualmente, en el caso se encuentran salpicadas las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, y la jueza Sadi López. Los chats fueron extraídos en el peritaje realizado al teléfono de Lalo Gómez en el marco de la acusación presentada por el juez penal especializado contra el crimen organizado, Osmar David Legal Troche.

Entre los mensajes también se revelaron conversaciones entre el exdirigente de Amambay con el actual ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz, y su hermana Liliana Alcaraz, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). “Ellos darán su versión, explicarán y la intención es que se investigue”, manifestó Grance.

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