El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos

Autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) se reunieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, con el fin de exponer los motivos por los cuales consideran que fue prematura la desestimación de la denuncia por desfalco a la previsional por G. 1,6 billones contra su extitular, Vicente Bataglia.

“Fue positiva la reunión, el fiscal también había pedido una reunión con nosotros para escuchar cuál era la posición del IPS y nosotros le comentamos que no estábamos conformes con el dictamen del Ministerio Público. Nosotros habíamos pedido una pericia, sin embargo, se hizo un informe nomás y dijimos que ese informe se basó en premisas falsas”, aseveró José González, asesor jurídico del instituto.

En diálogo con “Tarde de perros”, emitido por GEN/Nación Media, señaló que durante este encuentro, pudieron manifestar que el IPS solicitó sin éxito la realización de más de 10 diligencias a la Fiscalía y que además, se adjuntaron tres auditorías externas de modo a añadir a la carpeta fiscal, no obstante, estas no fueron investigadas.

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“Nos llamó la atención que esa causa inició con el número 64/2023 donde se denunciaron varios hechos de corrupción, sin embargo, días antes de la desestimación se abrió una nueva causa que se terminó desestimando. Nosotros expusimos todas las diligencias que están pendientes, que se apresuró el Ministerio Público y él (Emiliano Rolón) tenía otra versión de los hechos”, aseveró.

González precisó que a lo largo de este año, se fueron presentando ampliaciones de la denuncia ante el Ministerio Público, en las que se fueron abriendo causas penales distintas, hecho que es llamativo para el IPS, por lo que solicitaron que las investigaciones se realicen en su conjunto de modo a desvirtuar la investigación.

“Él estaba convencido de que estaba bien, después nosotros le comenzamos a explicar punto por punto y ahí nos dijo que son cuestiones puntuales que debemos manifestar en el momento procesal oportuno, le expresamos que no consideramos correcta la desestimación. Ahora esperamos que el juez penal de Garantía le dé trámite de oposición y que se pueda rectificar ese dictamen porque faltan demasiados elementos de prueba que se deben reproducir e investigar en esta etapa”, sostuvo.

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El asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, con el objetivo de cuestionar la solicitud de desestimación de la denuncia planteada contra el extitular del IPS, Vicente Bataglia.

“Transmitimos al fiscal general nuestra preocupación porque su informe contable llega a una conclusión falsa, puesto que la Gerencia Financiera (del IPS) ha dicho una cosa y se concluye otra. Le demostramos con elementos de prueba que consideramos importantes”, indicó González para La Nación/Nación Media.

El asesor jurídico de la previsional manifestó que se ha solicitado la rectificación en la solicitud de desestimación de la denuncia contra Bataglia. Esto, debido a la existencia de una gran diversidad de diligencias con trámite de investigación, por lo cual se debe aguardar el resultado de las mismas.

“No hay un análisis técnico, no hay un análisis contable; pedimos una pericia, la cual no se llevó a cabo, así como tampoco se remitió el informe a la Contraloría como habíamos solicitado. Tampoco se pidió la auditoría del Poder Ejecutivo y así son más de 10 diligencias que debió realizar el Ministerio Público y no lo hizo, lo cual señalamos”, subrayó.

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El asesor jurídico de la previsional indicó que también se ha solicitado acumular las causas en conjunto, teniendo en cuenta que la investigación puede resultar dificultosa al tener en cuenta la apertura de muchas causas independientes. Esto, cuando todas guardan relación una con otras.

“Ahí se pierde la investigación y se trata de elementos de prueba que demuestran que sí hubo perjuicio patrimonial para la institución”, sentenció. La afectación llegaría inicialmente en G. 1.630.414.082.023, pero González puntualizó que falta la conclusión de la auditoría del IPS y varios informes técnicos para determinar el perjuicio total.

El asesor de la institución expresó que, atendiendo estos aspectos, se ha solicitado la auditoría del Poder Ejecutivo. Agregó que se aguardará al trámite de oposición del juez penal de Garantías, al pedido de desestimación de la denuncia contra Bataglia, para la rectificación del Ministerio Público.

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