El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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La senadora Lilian Samaniego plantea que los vehículos incautados y que pasaron a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), sean redireccionados a instituciones que realmente necesitan. La propuesta de la legisladora es dejar sin efecto acuerdos y retirar el uso a otras instituciones, como el Senado.

“El proyecto que yo presenté es para que estos vehículos sean utilizados donde realmente se necesita que son, por ejemplo, emergencia, en salud pública, en instituciones que le van a dar el uso requerido a este tipo de vehículos y no en las instituciones donde no necesitan”, expresó en conversación con los medios.

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Indicó que el Senado actualmente cuenta con algunos vehículos, pero que en este caso no se requieren. “El Senado tiene su staff de vehículos que hacen a la utilización de la institución, entonces cada senador tendría que comprar para su vehículo en todo caso, y también hablo de otras instituciones que no sean realmente que se necesite”, apuntó.

Agregó que, existen otras instituciones que realmente requieren de más herramientas para la asistencia a la ciudadanía, en diferentes puntos del país, plantea incluso que los móviles puedan ser utilizados como ambulancias.

“Lo más lógico es que estos vehículos sean utilizados donde hay carencias de las instituciones que hacen a la atención del ciudadano común, acá no se necesita, ni en la Corte, ni en el IPS, ni Petropar, y buscar un poco de objetividad a nuestras gestiones y hacer lo que la gente está esperando de nosotros”, sentenció.

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“Si no se quiere trabajar entonces vamos a constituir la Comisión de Entidades Binacionales que es una unicameral”, manifestó el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez ante la puja desatada entre parlamentarios de ambas cámaras por la titularidad de la Comisión Nacional de Itaipú, que analizará y dará acompañamiento a las negociaciones encaradas por Paraguay ante Brasil en el marco de la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú.

El impasse en el Poder Legislativo persiste, pese a los diálogos iniciados entre Núñez y el presidente de Diputados, Raúl Latorre. “La ciudadanía quiere que se conforme la comisión nacional para que en el Congreso controlemos lo que el Gobierno negociará. Desde luego que vamos a tratar de conciliar los intereses de ambas cámaras”, indicó a los medios de comunicación.

No obstante, Núñez dejó entrever que el Senado demostró mayor interés por integrar el citado bloque, ya que designó a sus integrantes hace 4 o 5 meses. Sin embargo, la Cámara Baja tomó la iniciativa recién el pasado 15 de octubre.

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Asimismo, el legislador detalló que no se encuentra especificado en la normativa que crea la citada comisión si la presidencia será ejercida de manera alternada. “La ley no dice que un periodo tenga que encabezar un diputado y en el otro periodo un senador. Si es por esto el Parlatino ya se encuentra presidido por los diputados hace dos periodos”, refirió.

Núñez afirmó también que ante la problemática, aún no estableció una nueva fecha para instalar la comisión. “Yo creo que tenemos la capacidad de hablar para no pasar malos momentos, en el sentido de no tener quorum, tenemos muchas actividades por hacer, proyectos de leyes por tratar”, dijo.

La disputa por la presidencia de la Comisión Nacional de Itaipú se da principalmente entre el senador Arnaldo Samaniego y el diputado Hugo Meza. “Los diputados estamos en condiciones de presidir, es más, en nuestra cámara, hay gente con más votos que en el Senado, donde existen personas que entraron con 6.000 votos e incluso hay suplentes. Tengo la confianza de la mayoría de mis compañeros, pero esto no se trata solo de una persona, se trata de la institución como Cámara de Diputados”, comentó Meza.

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El presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Facundo Salinas, manifestó que es una prioridad para la institución y el Gobierno que el proyecto de tren de cercanías sea aprobado en la brevedad posible en el Congreso, de modo a poder avanzar con las siguientes etapas de esta iniciativa, cuyas obras tomarían alrededor de cinco años.

“Estamos muy focalizados, el tren de cercanías es el proyecto principal de Fepasa, es una decisión política del Gobierno nacional y por eso el presidente de la República firmó con carácter de urgencia. Nosotros vamos a empezar a recorrer las comisiones para contestar todas las preguntas que tenga el Congreso a fin de que esto se apruebe a fin de año”, expresó Salinas a la 650 AM.

Asimismo, indicó que a medida que esto avanza en el Poder Legislativo, Fepasa continúa ajustando los datos de factibilidad del proyecto, el cual es llevado adelante en conjunto con una consultoría. El estudio está siendo realizado con expertos en trenes y el objetivo es definir todos los lineamientos con miras al diseño del pliego de bases y condiciones para la licitación.

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“La licitación queremos hacerla el año que viene, debemos trabajar con una precalificación y la idea es llegar a agosto con una licitación armada, el pliego, el modelo financiero, el proyecto, la demanda, entre otras cosas. Hoy tenemos un grado avanzado del proyecto, vamos a terminar las definiciones funcionales con las soluciones de ingeniería, el estudio topográfico de suelo y precatastro”, detalló.

Salinas manifestó que para este proyecto se volvió a revisar toda la demanda estimada para el tren de cercanías, ya que el anterior proyecto era “extremadamente optimista”, hecho que no es positivo para las finanzas. El análisis de esto se realiza gracias al estudio más reciente del Viceministerio de Transporte, el cual cuenta con datos de la movilidad en el área metropolitana.

“La financiación está por definirse, siempre se habló de un aporte estatal de entre USD 100 y 150 millones de cofinanciamiento, el resto es capital privado más deuda privada. Cuando hablamos de esto, es capital propio de la empresa y la deuda por el proyecto en sí, la garantía sería la renta del proyecto”, explicó.

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