Legisladores colorados se han pronunciado respecto a una nueva sanción proveniente de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) hacia Tabacaleras del Este SA (Tabesa). El senador Derlis Maidana indicó que consideran esto como una intromisión y que la Carta Magna es específica respecto a qué organismos pueden emitir dictámenes respecto a las naciones.

“Ya lo decía el doctor Luis María Argaña que la intromisión en los asuntos internos de otros países viola el principio de autodeterminación de los pueblos. En la Constitución de 1992 incluimos en el artículo N.° 145 que habla del orden jurídico supranacional y en qué situaciones por ejemplo se pueden aceptar sentencias que vienen del extranjero”, detalló a la 650 AM.

Maidana recordó que incluso ya hubo sanciones provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia nuestro país y mencionó que en una oportunidad se solicitó la reposición de exministros de la Corte, sentencias que han sido acatadas por Paraguay en su condición de nación integrante de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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“Pero es algo inaudito que una oficina administrativa del gobierno americano imponga sanciones fuera de su territorio. Ahora aparece un nuevo elemento de carácter colonial que son las designaciones a personas jurídicas y físicas extranjeras, consideramos que es una intromisión a los asuntos paraguayos que es una forma de colonización por parte de una potencia militar, económica a nivel mundial”, sentenció.

Tabesa aclaró el vínculo que ha mantenido con el expresidente Horacio Cartes, quien en el 2023 decidió vender sus acciones en dicha empresa. Los desembolsos que ha recibido el actual titular del Partido Colorado responden al pago por la venta del paquete accionario, por lo que no existió una “asistencia financiera”, tal y como se afirmó desde Estados Unidos, manifestó el legislador.

“Por eso hemos sacado un comunicado la bancada colorada del Senado, para decir que se tiene que respetar nuestra autonomía, el principio de autodeterminación de los pueblos y para que la cancillería arrime los medios necesarios para que cualquier persona que sea sancionada penal o administrativamente por un país extranjero acceda al derecho a la defensa”, concluyó.

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