El abogado del expresidente de la República Horacio Cartes, Pedro Ovelar, manifestó que la ratificación de las sanciones del gobierno de EE. UU. a Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) representa una acción política con la cual se busca un distractor para sacar los intereses sociales y mediáticos de un foco central.

“No sorprende esta ratificación, por la lectura política del momento en el cual se da: cuando saltan pruebas de enriquecimiento ilícito por parte del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante su mandato”, sentenció el representante legal a la 1020 AM.

Ovelar puntualizó que Cartes se ha dedicado toda su vida a la actividad privada, generando su fortuna de ese modo, sin relación directa o indirecta con el sector público. Esto a diferencia del expresidente Abdo Benítez, quien tiene una directa relación entre empresas proveedoras del Estado y su empresa particular.

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“No hay que dejar de ver esto como una acción absolutamente política por parte del exembajador para con sus aliados del gobierno anterior. Se debe decir también que Cartes nunca fue condenado en un juicio ni se ha probado su realización de algún ilícito”, subrayó el abogado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) había incluido a la empresa paraguaya en su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. Ovelar explicó que Tabesa realizó todos los procesos correspondientes para solicitar a la entidad su desliste.

No obstante, el gobierno norteamericano ratificó las sanciones al considerar que Tabesa brinda ayuda financiera a Cartes. El representante legal remarcó que el vínculo financiero solo corresponde a pagos al expresidente por la compra de sus acciones.

“Ayudar es proporcionar gratuitamente dinero y esto es muy diferente al pago realizado por lo que a uno pertenece. Él (Cartes) podía haber donado a sus hijos esas acciones, pero para desprender a la familia de la empresa, se procedió a esta venta”, relató el abogado.

Ovelar puntualizó que la acción es totalmente arbitraria y se pretende afectar a un ciudadano paraguayo que cumple con las leyes y sus obligaciones tributarias. “Me parece esto una grave intromisión en asuntos absolutamente propios del Paraguay y provocados desde el país”, puntualizó.

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