La Cámara de Apelación rechazó la recusación que presentó la defensa del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, contra el juez Humberto Otazú, en el marco de la causa referente al presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables.

De este modo, el magistrado queda confirmado en la causa y podrá fijar la audiencia preliminar. En la causa, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez acusaron y pidieron juicio oral y público para el intendente esteño y otros procesados por supuesta lesión de confianza y asociación criminal.

El 24 de julio, la máxima instancia judicial ya había rechazado otro procedimiento realizado por la defensa de Prieto, que buscaba apartar de la causa a los tres miembros de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones. Andrea Vera, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias serían los camaristas recusados anteriormente.

Los integrantes de la cámara confirmaron de forma unánime la permanencia de Otazú en la causa. Una vez fijada la audiencia preliminar por parte del magistrado, se determinará el curso del proceso judicial contra el intendente; el juez penal de garantías deberá convocar a las partes involucradas.

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Sobre Miguel Prieto

De acuerdo a la denuncia presentada, en plena pandemia del coronavirus, el intendente de Ciudad del Este entregó un millonario monto al pequeño autoservice Tía Chela por kits alimenticios fantasmas. En enero pasado se decidió ampliar el plazo para que el fiscal Silvio Corbeta formule los requerimientos conclusivos.

Según la acusación, Prieto encabezó un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de los recursos municipales que terminó en un perjuicio patrimonial a la institución de G. 2.130.036.160.

Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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