“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

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El Ministerio Público se ratificó en la posición de desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia por el desfalco de G. 1,6 billones al Instituto de Previsión Social (IPS). Desde la previsional confían en que el juez Humberto Otazú sostendrá su postura de oponerse a dar fin a la investigación, puesto que en la misma resolución mencionó que hay indicios de hechos punibles.

“Estamos confiados en que el juez va a dar nuevamente trámite de oposición teniendo en cuenta que en su providencia él considera que hay indicios suficientes de hechos punibles. También nos parece que es muy apresurada la desestimación del Ministerio Público, en menos de 12 horas volvió a ratificar su desestimación, fue un copiar y pegar el escrito inicial”, cuestionó el asesor jurídico del IPS, José González.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que desde las perspectivas de la previsional, la Fiscalía no realizó todas las diligencias pertinentes, puesto que el propio IPS solicitó sin éxito la realización de las mismas en más de 20 oportunidades y tampoco se realizaron las pericias contables para determinar si hubo o no perjuicio patrimonial.

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“Consideramos que es contradictoria la desestimación del Ministerio Público, porque en una parte de la propia conclusión dicen que analizados todos los elementos de la carpeta fiscal, concluyen que no hay indicio de hechos punibles, pero en el siguiente párrafo ellos dicen que no contaban con toda la información, quiere decir que no investigaron por completo”, aseveró.

González mencionó que en la carpeta fiscal no se menciona ni se adjuntan pruebas que respalden que no existió el perjuicio patrimonial que se le adjudica a Bataglia y, además de esto, la conclusión parte de premisas falsas, puesto que los informes de Contraloría y de la auditoría externa al IPS arrojan hallazgos importantes, detalló.

“Es mentira que no estaban al tanto”, sentenció el asesor respecto a la versión de la Fiscalía que desconocían que una nueva auditoría al IPS por parte de la Contraloría estaba en curso y afirmó que la previsional informó sobre este procedimiento al Ministerio Público. Igualmente, mencionó que existe un cierto nivel de desconfianza hacia la forma que se lleva adelante esta investigación.

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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú indicó que el equipo de fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez cuenta desde este miércoles con 10 días hábiles para volver a examinar los reportes de indicios punibles emitidos por la Contraloría que hacen mención a un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente de la entidad, Vicente Bataglia.

“Ayer martes se sugirió la providencia de oposición. Este juzgado entiende que es necesario que el Ministerio Público vuelva a examinar con mayor detenimiento los puntos u observaciones que hizo la Contraloría”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El magistrado acotó que “en esta primera etapa de este trámite los fiscales intervinientes pueden ratificarse de lo que ya han suscrito o pueden rectificar”. Sostuvo que “a partir de hoy disponen de 10 días hábiles para poder hacer ese análisis, lógicamente eso queda al arbitrio de los agentes si se utilizará o no todo esos plazos”.

De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública, por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que puedan proseguir la investigación.

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El médico es investigado por lesión de confianza y estafa. También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina, quienes fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.

El 31 de octubre pasado los agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría y un grupo de parlamentarios de la oposición bajo el argumento que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.

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Un grupo de 40 per­sonas aproximada­mente, convocados por el movimiento ciudadano CDE Libre, se manifestó hoy para exigir la intervención de la administración municipal del intendente Miguel Prieto Vallejos y su destitución del cargo. Es lo que refirió Roge­lio Núñez, uno de los convo­cantes.

Se concentraron en la Plaza de la Paz ubicada frente a la municipalidad, luego mar­charon por la avenida Pione­ros del Este y posteriormente se instalaron en el patio de la Junta Municipal de Ciu­dad del Este, situada sobre la misma avenida.

“Queremos la destitución de Miguel Prieto por los innume­rables hechos de corrupción y por eso estamos reiniciando nuestra lucha; llegamos a la Junta Municipal porque es una de las vías para la intervención, también la Contraloría Gene­ral puede solicitar y vamos a insistir en eso”, dijo Núñez.

Acusó al intendente Prieto de estar negociando su renun­cia y, “según versiones que manejamos, hoy se iba a pre­sentar a la Junta Municipal su renuncia y se iba a tratar la designación del concejal Richard Alfonso, quien hace rato es su aliado”, refirió.

Agregó que se manifestaron ante los concejales, “para que se intervenga la municipali­dad y se impida la elección de alguien apoyado por Miguel Prieto”.

Consultado por qué cree que el intendente renunciaría, Roge­lio Núñez mencionó que “ya está acorralado por sus más de 40 denuncias, ya no tiene cómo salvarse y está buscando dejar a alguien de su equipo para completar el periodo”.

Informó además que llegarán hasta la Contraloría General de la República, dentro del plan de manifestaciones que preten­den realizar, con tal de conse­guir la destitución o la renuncia de Miguel Prieto. En sus últi­mas intervenciones, Prieto vol­vió a decir que no renunciaría.