El pasado 11 de noviem­bre fue remitido a la Cámara Alta el pedido de desafuero en el marco de la causa caratu­lada: “Rafael Augusto Filiz­zola Serra y Otros s/Lesión de Confianza”.

El proceso judicial es por la compra irregular de cuatro helicópteros y el supuesto daño de más de 50.000 millo­nes de guaraníes cuando se desempeñaba como minis­tro del Interior, en la era del expresidente Fernando Lugo.

Tras la lectura del oficio por parte del presidente del Senado, Basilio Núñez, el senador Filizzola pidió a sus colegas a constituirse en Comisión y dictaminar a favor del pedido judicial. Y adelantó que solicitará la extinción de la causa.”Este es un caso que se refiere a mi administración al frente del Ministerio del Interior. Lo que solicito es que los cole­gas permitan que el pleito se convierta en Comisión para poder dar las explicaciones correspondientes”, indicó Filizzola.

El legislador sostiene que el “caso helicópteros” nació como un ataque político de los colorados para manchar su entonces candidatura a la Vicepresidencia de la Repú­blica. Afirmó que la Fiscalía lo acusó con una mentira y cometió numerosas irregu­laridades.

Filizzola agregó que ya se habían presentado varias acciones de inconstitucio­nalidad sobre el caso. “Yo había planteado una acción de inconstitucionalidad, se habían presentado varias acciones de inconstitucio­nalidad contra las actuacio­nes en este proceso y la Corte resolvió en forma unánime declarar inconstitucionales y nulas todas las acciones, incluyendo la acusación”, manifestó Filizzola.

De acuerdo a las investigacio­nes, también se habría produ­cido un perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción.

El exministro del Interior había aprobado la licita­ción para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.

El parlamentario es recordado principalmente por las cau­sas penales que boicoteó durante años mediante chicanas por casos como la compra de los helicópteros y las comisarías “de oro” que supuestamente implicaron en conjunto un perjui­cio de G. 51.200 millones al Estado.

En la causa por la compra de helicópteros para la Policía Nacional a precios “de oro”, su defensa querelló a los testigos de la Fiscalía por supuestamente haber mentido en sus declaraciones y también denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los fiscales que lle­varon adelante las investigaciones.

Según el Ministerio Público, la empresa Proibérica fue adjudicada para proveer al ministerio, en noviembre de 2010, 4 helicópteros a pesar de no reunir los requisitos del pliego de bases y condiciones de la licitación.

Tras un largo debate, la Cámara de Senadores aprobó ayer miér­coles tres pedidos de préstamos internacionales, con un monto total de 410 millones de dólares, para la Administración Nacio­nal de Electricidad (Ande).

El primer pedido solicitado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas consiste en la apro­bación de un proyecto de ley “Que aprueba los contratos de préstamos suscritos en fecha 26 de enero de 2023 entre la Ande con el Banco Interame­ricano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta 260 millones de dólares, y el Fondo de Desa­rrollo y Cooperación Interna­cional ( Taiwán ICDF) por un monto de hasta 30 millones de dólares”. Según el objetivo, sería para el financiamiento del pro­yecto “Expansión del sistema de tratamiento en alta ten­sión-Fase II, a cargo de la Ande, ampliando su presupuesto del ejercicio 2024″.

El otro pedido del Poder Eje­cutivo aprobado por los sena­dores es el proyecto de ley “Que aprueba el contrato de préstamo suscrito entre la Ande con el Banco de Desa­rrollo de América Latina y el Caribe por un monto de 120 millones de dólares”.

El recurso sería para el financia­miento del programa de apoyo al desarrollo del sector eléctrico del Paraguay, a cargo de la Ande y que amplía su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.

Previo a su tratamiento en el pleno de la Cámara Alta, el pre­sidente de la Ande, Félix Sosa, defendió ante la Comisión de Hacienda sobre la necesidad de estos recursos. Indicó que ser­virá para el desarrollo del sector energético del país.

La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica la Ley Nº 4457/12, “Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Esta iniciativa presentada por varios senadores, plantea la modificación de 43 artículos.

Durante su estudio, las comisiones de Legislación, Economía, Industria y Comercio, así como Ciencias y Tecnología recomendaron la aprobación con modificaciones; y luego de su tratamiento el pleno aprobó por mayoría. El documento pasa a Diputados.

Al respecto, el senador Luis Pettengill, uno de los proyectistas, explicó que lo que se busca es la formalización de las Mipymes, el acceso a créditos favorables, la flexibilización laboral y un régimen especial en el IPS para la cobertura de salud. Respecto a la formalización, señaló que se busca simplificar los trámites e idealmente eliminar costos. Además, la modificación de la legislación incluirá otros beneficios para las Mipymes.

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“Realmente estamos ante una ley que va a beneficiar a muchísimos compatriotas, ya existe la ley que es del 2012, pero realmente tiene mucha carga y mucha burocracia. Por ello, nos abocamos con muchos participantes tanto del sector público como del privado, para estudiar sobre la problemática de la informalidad. El presidente de la República ha marcado como uno de sus ejes la formalización de todos los trabajos”, explicó.

Indicó que por ello, se buscó que todos los microemprendedores se adhieran a esta propuestas y puedan colaborar en las modificaciones de la ley vigente. “Trabajamos para convencer a la gente de que la formalización es lo que les va ayudar a levantar, para que puedan emprender y levantar sus pequeñas empresas”, indicó.

El senador Carlos Núñez señaló que en la Comisión de Economía y Cooperativismo han entendido que las modificaciones consensuadas con las demás comisiones de la Cámara Alta permitirán reducir la informalidad, aumentar la competitividad de las Mipymes, crear más empleos y mejorar las condiciones laborales y de ese modo impulsar el desarrollo económico del país.

Agregó, que las Mipymes representan el 98 % de las empresas en el país, de las cuales el 2 % son medianas, el 10 % son pequeñas y el 88 % son microempresas que generan un 60 % de empleos efectivos.

Mientras que la senadora Yolanda Parades destacó el proyecto de ley, considerando que es muy importante para la economía del país. Entre los puntos a ser incluidos destacó como una de las ventajas la exoneración de las patentes en los primeros tres años, para las microempresas con cédulas Pymes.

Luego de las consideraciones de las propuestas de modificación, el plenario procedió a votar a favor aceptando las modificaciones planteadas por las distintas comisiones asesoras.

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La senadora Lilian Samaniego plantea que los vehículos incautados y que pasaron a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), sean redireccionados a instituciones que realmente necesitan. La propuesta de la legisladora es dejar sin efecto acuerdos y retirar el uso a otras instituciones, como el Senado.

“El proyecto que yo presenté es para que estos vehículos sean utilizados donde realmente se necesita que son, por ejemplo, emergencia, en salud pública, en instituciones que le van a dar el uso requerido a este tipo de vehículos y no en las instituciones donde no necesitan”, expresó en conversación con los medios.

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Indicó que el Senado actualmente cuenta con algunos vehículos, pero que en este caso no se requieren. “El Senado tiene su staff de vehículos que hacen a la utilización de la institución, entonces cada senador tendría que comprar para su vehículo en todo caso, y también hablo de otras instituciones que no sean realmente que se necesite”, apuntó.

Agregó que, existen otras instituciones que realmente requieren de más herramientas para la asistencia a la ciudadanía, en diferentes puntos del país, plantea incluso que los móviles puedan ser utilizados como ambulancias.

“Lo más lógico es que estos vehículos sean utilizados donde hay carencias de las instituciones que hacen a la atención del ciudadano común, acá no se necesita, ni en la Corte, ni en el IPS, ni Petropar, y buscar un poco de objetividad a nuestras gestiones y hacer lo que la gente está esperando de nosotros”, sentenció.

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