El pasado 1 de agosto, el Poder Ejecutivo firmó el decreto que reglamenta la ley 7.021 “de suministros y compras públicas”, el cual incorpora parámetros claros para dar seguridad jurídica, tanto a los oferentes como al Estado, explicó Óscar Lovera, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“A lo que apuntamos sobre todo en este proceso es a que las reglas sean claras, que todos los actores, en este caso los que son proveedores del Estado como las convocantes tengan reglas claras y no haya controversias al momento de un proceso de licitación y al ejecutar un contrato firmado”, detalló.

Lovera indicó que este decreto corrige ciertos aspectos de la anterior reglamentación que fue emitida el última día del gobierno de Mario de Abdo, es decir, el 14 de agosto del 2023. De acuerdo a lo expuesto, en dicho documento había ciertas lagunas y criterios que no estaban bien delimitados respecto a la intervención que debían tener los diferentes actores.

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“Es un paso más adelante de lo que era la anterior ley 2.051, una ley de compras públicas que solamente se enfocaba en el proceso de gestión de las compras y donde el rector era la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Ahora tenemos una visión de cadena de lo que es el suministro público y el sistema nacional de compras públicas”, sostuvo.

De esta forma, la nueva ley parte desde la planificación, es decir, desde la programación de compras, prevé todo el proceso de adquisición de los bienes y servicios sobre el cual hay un registro y posteriormente se realiza una evaluación a los efectos de determinar si el proceso fue eficiente, si logró cubrir las necesidades que estaban determinadas que ese era el bien y servicio que se debía adquirir.

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Algunos aspectos que introduce la ley 7.021 es la incorporación de las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al proceso a los efectos de incentivar su participación como proveedoras del Estado, señaló Lovera, quien añadió que entendían que era insuficiente lo que estaba previsto y por eso se profundizó en este sentido, en un trabajo en conjunto con el Viceministerio de Mipymes y otros sectores para que existan reglas claras.

“En lo que hace a los demás proveedores, hemos hecho algunas precisiones para que el proceso en lo que hace a consorcios y a la terminación de los contratos, para que tengan una claridad definida porque en la anterior reglamentación había cuestiones ambiguas que no daban seguridad jurídica a los oferentes respecto a cómo podía impactar una situación”, refirió a la 1080 AM.