El contralor general de la República, Camilo Benítez, calificó como una conducta inmoral que el expresidente Mario Abdo Benítez haya monopolizado por completo las licitaciones de compra de asfalto en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de sus empresas Aldia S. A. y Createc S. A., en donde es el accionista mayoritario.

Benítez sostuvo que la situación no representaría al principio una ilegalidad teniendo en cuenta que el exmandatario no fue la única autoridad en manejar el presupuesto público. No obstante, manifestó que no se puede descartar la posibilidad de que el dirigente político haya incurrido en el hecho punible de administración en provecho propio.

“De hecho el gobierno anterior fue uno de lo que más ha invertido en obras e infraestructuras en la historia, entonces hay que analizar si esa conducta se subsume al tipo penal. Hay que ver si esta conducta inmoral esconde una ilegalidad, si lo hay que se denuncie”, sostuvo el contralor en una entrevista con el programa Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN/Nación Media.

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Esto teniendo en cuenta que llamativamente la principal política de su gobierno fue la construcción de asfaltos. En ese sentido hay que remarcar que en los dos años de fuerte crisis sanitaria y económica por la pandemia del covid-19 (2020/2021) fueron perio­dos en los que las firmas de Abdo Benítez duplicaron sus ganancias.

Durante la pandemia el líder del movimiento Fuerza Republicana firmó varios decretos que establecían la suspensión de diversas actividades en el marco de la emergencia sanitaria, a excepción de las obras públicas, lo cual se dio en coincidencia con el sideral aumento patrimonial que registraron sus empresas distribuidoras de asfalto.

En los últimos días también surgió la denuncia de la empresaria del rubro de la construcción Silvia Niederberger sobre el modus operandi que era aplicado en el gobierno de Abdo, el cual era el siguiente: a la par que se firmaba un contrato de adjudicación en el Ministerio de Obras Públicas había una obligación tácita de comprar el asfalto de las empresas del exjefe de Estado.

El contralor recordó que Abdo Benítez se había sometido a un examen de correspondencia en el periodo donde fue senador, razón por la cual desde el órgano extrapoder lograron “notar claramente que hubo un crecimiento exponencial en el periodo en el cual fue presidente, facturaba 100 veces más. Al ocupar el cargo por una cuestión de ética Abdo debió haber renunciado a las acciones que tenía o no haber permitido que sus empresas crezcan tanto, esto es una cuestión que llama mucho la atención y genera suspicacias”.

Sostuvo además que “contralores de países muchos más corruptos que Paraguay me dicen que no puede ser que esto no esté prohibido por ley, es alarmante. Desde un el punto de vista ético es una inmoralidad gravísima”.

Por otra parte, el contralor general de la República insistió en que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), encabezada por Óscar Orué, debe actuar de oficio para determinar la existencia o no de una evasión de impuestos en las empresas de asfalto de Mario Abdo Benítez.

“Debe abrir una fiscalización, se tiene que ver por ejemplo cuánto importó la empresa y cuánto vendió porque si la importación no va de la mano con la cantidad de ventas puede esconder un hecho punible de lavado de dinero. Tienen que ver si el precio, la rentabilidad es exponencialmente mayor que la del promedio porque puede esconder otros hechos punibles o puede que no”, agregó.

“Siendo Abdo Benítez una exaltísima autoridad, los organismos de control deben ser muchos más exhaustivos en la fiscalización. Esto no se puede tomar a la ligera y cerrar los procedimientos sin analizar todos los contextos. No es nuestra competencia profundizar sobre indicios de lavado de dinero, de evasión impositiva”, remarcó Benítez.

Sus afirmaciones surgieron teniendo en cuenta que el pasado lunes se dieron a conocer algunos resultados de la fiscalización impulsada por la Contraloría sobre las declaraciones juradas de Abdo Benítez. El análisis elaborado con base en datos proporcionados por Ingresos Tributarios detalla un mecanismo financiero que podría estar vinculado a la evasión de impuestos por un monto aproximado de USD 45 millones que fueron declarados como “reservas”.

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