Con el objetivo de actualizar y fortalecer la legislación contra la trata de personas en Paraguay, la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos del Senado, impulsa un proceso integral, que también involucra a autoridades de seguridad. La comisión asesora, presidida por el senador Sergio Rojas, recibió a representantes de la Interpol – OCN Asunción.

El jefe del Departamento Interpol – OCN, comisario Carlos Duré, y los directores Derlis Arce y Rubén Rolón, participaron de la mesa de debate con la comisión asesora, en la que el punto principal analizado fue el estado actual de la ley sobre trata de personas.

Leé también: Inversión en seguridad: “Es el primer presidente con una mirada de esta dimensión”

De acuerdo al informe de esta comisión asesora, urge la revisión y el ajuste de la normativa vigente, a fin de enfrentar de manera más efectiva la problemática que afecta a mujeres, hombres, y principalmente a los niños, niñas y adolescentes. En efecto, señalaron como uno de los puntos críticos, la falta de reglamentación, la que dificulta la plena aplicación de la normativa.

Ante esta situación, se acordó crear una mesa de trabajo ampliada, incluyendo a diversas instituciones claves, que actualmente no forman parte de la mesa institucional liderada por la Cancillería nacional.

Al respecto, el director de la comisión asesora, Derlis Arce, adelantó que en un plazo de 15 a 22 días será convocada la reunión de la mesa institucional, para iniciar con el análisis de la legislación y coordinar acciones conjuntas.

Mientras tanto, el comisario Carlos Duré expuso que la Policía obtuvo importantes logros en el marco de la lucha contra la trata de personas, destacando además la importancia de compartir experiencias y enfoques entre las distintas instituciones involucradas. Agregó que, el intercambio de información tiene un rol fundamental para la toma de decisiones efectivas y de esa manera, proteger a las víctimas y prevenir este delito.

Te puede interesar: Diputados pide informe sobre destitución de docentes de la UNA

Un grupo de senadores de la oposición presentó la iniciativa “Que regula la prestación de servicios de seguridad privada”, que tiene como finalidad regular y mejorar las condiciones laborales de aproximadamente 60.000 trabajadores del sector de seguridad privada, una cifra que casi duplica la cantidad de efectivos de la Policía Nacional.

Señalan que la propuesta apunta a corregir prácticas abusivas, como la imposición a los guardias de seguridad de costear sus uniformes, armas y capacitación, lo que ha provocado que muchos trabajadores reciban remuneraciones insuficientes. Asimismo, en la exposición de motivos sostienen que se pretende regular las empresas que operan de manera irregular, afectando tanto a los trabajadores como a las empresas que cumplen con la normativa vigente.

Lea también: Disidencia liberal instaló su Comisión de Poderes para la convención del PLRA

El proyecto impulsado por Esperanza Martínez, José Oviedo, Ignacio Iramain, Rafael Filizzola y que ya logró el respaldo político del presidente del Congreso Nacional, el colorado oficialista Basilio “Bachi” Núñez, posee 5 capítulos que abarcan disposiciones generales, actividades empresariales, clasificación de servicios, relaciones laborales, y regulaciones sobre el uso de las armas, transporte y los medios de comunicación.

La propuesta también contempla un régimen de sanciones y disposiciones sobre el adiestramiento del personal. El documento estuvo en estudio durante casi un año y contó con la participación de diversos sectores, incluidos sindicatos, empresarios, el Ministerio de Trabajo, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Policía Nacional.

Te puede interesar: Gobierno acuerda recibir propuestas habitacionales de Multisectorial

El senador Rubén Velázquez presentó un proyecto de ley para la implementación de un control biométrico de electores, a través de una modificación del Código Electoral. El legislador explicó que el objetivo es aumentar el control de electores con el fin de evitar fraudes electorales como el doble voto y el voto de personas ya fallecidas, o que se encuentran en el exterior.

“Sabemos que, a la hora de sufragar, el elector cuando se acerca a la mesa receptora de votos tiene que mostrar su cédula de identidad a los efectos de identificarse, nuestro Código Electoral establece que el único instrumento válido para la identificación del elector es la cédula de identidad”, expresó el senador en conversación con medios de prensa en el Senado.

Podes leer: Sumatoria de dirigentes a HC: “Representa el vaciamiento de Fuerza Republicana”, dice Abed

Explicó que lo que se busca con esta propuesta es incorporar la identificación biométrica del elector a través de sus huellas dactilar y así tratar de trasparentar aún más los procesos electorales. Agregó que la Justicia Electoral no incluyó en la reforma electoral este tipo de controles.

“La Justicia Electoral no plateó en su propuesta de modificación de la ley 834, no está contemplado, lo que yo quiero también es sumar esto de tal manera a trasparentar nuestros procesos electorales”, señaló. Dijo también que este sistema permitirá un mejor control de los electores y evitar las usuales formas de fraude electoral.

“Es importante para evitar cualquier tipo de práctica que pueda constituir en fraude de nuestros comicios, sabemos de los casos donde dicen que los muertos están votando, entonces yo quiero eliminar también esas prácticas de ciudadanos que votan más de una vez en distintos locales de votación. Así también, que se vote por ciudadanos que se encuentran en el exterior”, sentenció.

Con relación al sistema que será utilizado, señaló que es importante tratar de manera inmediata este proyecto ya que puede ser incluido en el presupuesto de la Justicia Electoral, y ya pueda ser aplicado incluso para las elecciones municipales del 2026, teniendo en cuenta que la máxima autoridad electoral deberá arbitrar los mecanismos para la obtención de las máquinas o aparatos para la identificación biométrica.

“Sí va tener un costo, pero no va ser un costo muy elevado. Al ser tratado a tiempo va a permitir también estudiar en el presupuesto y podamos a analizar también la factibilidad y la aplicación de esto ya en las próximas elecciones municipales incluso”, manifestó.

Finalmente, aseguró que este sistema no sustituirá a la cédula de identidad como requisito fundamental para votar, “pero va ser también un instrumento complementario, adicional, que va de alguna forma combatir finalmente contra el fraude en cualquier comicio, ya sea elecciones municipales o elecciones nacionales”.

Leé también: MUVH entrega otras 152 viviendas sociales a familias de San Pedro

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, cuestionó la lentitud en el avance de los casos de corrupción en el Ministerio Público, señalando que en el periodo anterior se dejó de lado a la Fiscalía. El senador se refirió al caso del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, que fue imputado cuatro años después y también al del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que cuenta con 41 denuncias en su contra que ya llevan más de cinco años.

“Esa lentitud, falta celeridad y lo que tenemos que buscar, y creo que es lo que está buscando este fiscal general también con algunas ampliaciones que logró con más fiscales. Recordar que de 80 casos de corrupción en el gobierno anterior solamente tiene 20 fiscales asignados y que seguramente, por falta de recursos humanos, porque por 7 años no le dimos nada”, expresó el legislador en la 1020 AM.

Podés leer: Prieto se lanza a la presidencia para alegar persecución política, dice concejal esteño

Con relación a Rodríguez, el senador indicó que esta es la oportunidad para defenderse y no recurrir a las chicanas como lo viene haciendo el intendente de Ciudad del Este. “El intendente tiene la magnífica oportunidad de defenderse y no chicanear, como sucede con el intendente de Ciudad del Este, y tengo que hacer ese paralelismo porque tiene 41 denuncias”, señaló.

Mientras tanto, ratificó su postura de confianza en las instituciones, en este caso el Ministerio Público que inició este proceso de investigación. “Nosotros sostenemos y creemos en las instituciones, entonces confiamos en las instituciones como habíamos dicho en lo sucedido ya creo que en la semana antepasada y en este caso nuevamente. ¿Qué tienen que hacer las instituciones?, trabajar, la Fiscalía demostrar que esto verdaderamente es cierto esta imputación”, apuntó.

Núñez recordó que la Constitución Nacional es clara en que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y en este punto, sostuvo que las instituciones judiciales deben demostrar que las autoridades investigadas son culpables.

“Nuestra carta magna también dice que nosotros tenemos que presumir la inocencia del ciudadano hasta que se demuestre lo contrario, entonces tengo que presumir hasta la inocencia de Prieto, lamentablemente, hasta que un órgano extrapoder como la Fiscalía acuse y el juez demuestre que verdaderamente robó en pandemia, como denunciamos nosotros en su momento”, puntualizó.

Te puede interesar: Más de 6.000 ONG no reportan sus actividades, según el Ministerio de Economía y Finanzas