La Cámara de Senadores emitió una declaración en la cual expresan su preocupación por el proceso electoral de Venezuela del pasado domingo 28 de julio. Los senadores coincidieron en que existió poca transparencia en estos comicios e instaron a las organizaciones internacionales a intermediar para garantizar la transparencia y legitimidad en los resultados.
“El Senado declara su preocupación por los hechos acontecidos en las últimas elecciones en la República Bolivariana de Venezuela tras las graves denuncias de fraude electoral. Se insta a los organismos internacionales a intermediar ante los órganos competentes a fin de garantizar la divulgación integral de las actas de votación así como la realización de auditorías de todo el proceso electoral”, señala el documento.
Esta sesión extraordinaria fue convocada a razón de abordar los hechos ocurridos en Venezuela y varios legisladores hicieron uso de la palabra y rechazaron la falta de respeto a la voluntad popular, cuestionaron la falta de participación de observadores electorales y la actitud del gobierno de Nicolás Maduro que se rehúsa a mostrar las documentaciones sobre los resultados.
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“El mundo hoy mira con preocupación lo que ha ocurrido en Venezuela, todas las evidencias nos llevan a sospechas casi indubitables de que ahí ha habido fraude. Evitar la transparencia, la mirada de observadores externos, evitar ojos que cuiden un escrutinio que no es público; solamente nos lleva a pensar de allí hay razones para hacer el fraude”, refirió la senadora Blanca Ovelar.
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, también se pronunció sobre este hecho y afirmó que el pueblo venezolano está preso de una dictadura desde hace más de 20 años, esto mientras la población está empobrecida y no se respeta la voluntad popular de los votantes.
“Se violentó claramente uno de los principios más importantes de la democracia que es aquello de que la soberanía reside en el pueblo a través del sufragio, vemos que la voluntad popular expresada en las urnas en ningún momento fue respetada por este gobernante, que no es más que un vil dictador de la época moderna”, criticó el parlamentario liberal, Líder Amarilla.
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Senador explica por qué es importante ley para transparentar las ONGs
El senador Gustavo Leite aseguró que sin la Comisión Bicameral de Investigación no se iba a conocer cómo están operando las organizaciones no gubernamentales, ya que cerca de 6.000 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no están en regla, según la Dirección de Personas Físicas y Jurídicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Por esta razón, el legislador aseguró que es vital la actuación de la Comisión Bicameral de Investigación, dado que ciertas asociaciones son utilizadas para el lavado de activos.
Según el senador, existen tres tipos de ongs, de las cuales solo una veintena están en regla y por lo que pide “separar el trigo de la paja” y para eso se cuenta con el concurso de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). “Yo separo en tres a las organizaciones sin fines de lucro, las que se hacen de maletín para desvalijar al Estado, las que reciben plata del extranjero para avanzar en agendas globalistas y las arraigadas hacen probablemente una veintena, que son las que hacen todo en regla”, señaló.
Agregó que sin la Comisión Bicameral todo esto no iba a saltar nunca “porque está escondido bajo la alfombra”. Aseguró que tras la actuación se pudo magnificar y tener que ver “cuántos son los reportes de operaciones sospechosas que hacen los bancos para ver si tenemos un problema mayor de lavado de dinero o es bajo el porcentaje”, indicó el senador Gustavo Leite.
A esto añadió que están intentando armar un “rompecabezas gigante” que nace de la falta de información. Explicó que el objetivo fundamental de esta Comisión es evitar el lavado de dinero y poder tener información certera sobre cuál es la dimensión real de este hecho punible en nuestro país.
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El DNIT es la institución que ha pedido a la Comisión que le otorgue más tiempo a modo de remitir información respecto a las ONG y del caudal de dinero que manejan. Leite recalcó que el propósito es la transparencia y no la persecución, puesto que es necesario que se informe el origen del dinero, en qué se destina y quienes son los beneficiarios.
El senador también hizo hincapié a la 1020 AM de la necesidad que existe de proceder a la sanción de una ley que controle a las ONG, los recursos y el destino de los fondos, a fin de asegurar la verdadera transparencia.
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España rechaza supuesto plan para “desestabilizar” el gobierno de Maduro
España rechazó el domingo las acusaciones de Venezuela de fomentar un plan para “desestabilizar” el gobierno de Caracas, después de que tres estadounidenses, dos españoles y un checo fueran detenidos en el país latinoamericano por vinculaciones a un supuesto complot contra el presidente Nicolás Maduro.
“España desmiente y rechaza rotundamente cualquier insinuación de estar implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela”, dijo a AFP una fuente del Ministerio español de Relaciones Exteriores. El gobierno “ha constatado” que los dos detenidos españoles “no forman parte” de la agencia de espionaje española CNI “ni de ningún otro organismo estatal”, indicó la fuente.
“España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela”, añadió. El gobierno de Venezuela anunció ayer sábado la detención de tres ciudadanos estadounidenses, dos españoles y un checo por estar relacionados con un supuesto complot para atacar al presidente Nicolás Maduro y “desestabilizar” el país.
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Los arrestos se producen en medio de crecientes tensiones entre Venezuela y los gobiernos de Estados Unidos y España por las controvertidas elecciones del 28 de julio en las que Maduro fue proclamado reelecto entre denuncias de fraude. El ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, dijo que los extranjeros arrestados están involucrados en planes “terroristas” que incluían atentar contra la vida del presidente Maduro y desestabilizar el país.
Cabello identificó a los detenidos como Wilbert Josep Castañeda, “militar activo” de Estados Unidos y “jefe” del plan, y otros dos estadounidenses, así como los españoles José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, y un ciudadano checo. El ministro vinculó los supuestos planes para “atacar” Venezuela a los centros de inteligencia de España, de Estados Unidos, y a la líder opositora María Corina Machado y otros dirigentes.
“Contingente de mercenarios”
Los dos españoles fueron capturados en Puerto Ayacucho, en el sur, y “son parte de un contingente de mercenarios del gobierno español, a través de su central de inteligencia, para atacar al país”, dijo Cabello. También acusó al gobierno de Estados Unidos de estar vinculado a la operación, unas afirmaciones que Washington negó tajantemente.
“Cualquier afirmación sobre la participación de Estados Unidos en un complot para derrocar a Maduro es categóricamente falsa. Estados Unidos sigue apoyando una solución democrática a la crisis política en Venezuela”, dijo un portavoz del Departamento de Estado estadounidense.
Los dos ciudadanos españoles estaban de vacaciones en Venezuela, aseguró el padre de Martínez Adasme al diario El Mundo. “Mi hijo no trabaja para el CNI, claro que no”, afirmó. “Estamos esperando información por vía consular y de la embajada”, explicó, “aún no sabemos bajo qué acusación o motivo lo han detenido”.
La tensión entre Madrid y Caracas aumentó en los últimos días después de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia llegara hace una semana a España para pedir asilo tras un mes en la clandestinidad en su país, donde es solicitado por la justicia.
En respuesta, Venezuela llamó a consultas a su embajadora en Madrid y citó al embajador español en Caracas para protestar por los cuestionamientos a la reelección de Maduro. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió esta semana en La Moncloa con González Urrutia.
Sánchez no reconoce la victoria de Maduro, pero tampoco la de su rival. Ha insistido, en consonancia con la posición de la Unión Europea, en reclamar la publicación de las actas electorales. Washington, que reconoce la victoria de la oposición, anunció por su parte esta semana sanciones contra 16 funcionarios venezolanos, entre ellos la presidenta del Tribunal Supremo, por el “fraude electoral” del 28 de julio. Venezuela lo recibió como una “agresión” y Maduro condecoró a cuatro militares objeto de las sanciones.
Fuente: AFP
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Al menos 58 menores de edad continúan detenidos en Venezuela tras protestas
Al menos 58 menores de edad, de entre 14 y 17 años, continúan detenidos por las autoridades venezolanas tras ser arrestados durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que fue dado por ganador Nicolás Maduro a pesar de las denuncias de fraude de la oposición, según la ONG Foro Penal.
El vicepresidente de ONG, Gonzalo Himiob, ha destacado en declaraciones a la cadena CNN que desde el 29 de julio y hasta el 9 de septiembre fueron arrestados 142 adolescentes, de los cuales 85 continúan retenidos. “Son datos que tenemos que seguir contrastando y corroborando continuamente porque no hay acceso oficial a la información”, ha apuntado Himiob.
Estos jóvenes fueron imputados por los delitos de incitación al odio y obstrucción de la vía pública, en algunos casos además hay acusaciones de terrorismo y destrucción de la propiedad pública-privada, según Himiob.
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Entre los detenidos se encuentran incluso adolescentes con discapacidad que ni siquiera participaban en las protestas, según la organización. En concreto Himiob se ha referido a un menor autista detenido el 29 de julio en Los Nuevos Teques, en el estado de Miranda. El detenido estaba en la puerta de su casa cuando ocurrían las manifestaciones, sin participar de la protesta.
La última excarcelación de un grupo de menores que verificó Foro Penal ocurrió el sábado 31 de agosto, cuando 19 adolescentes fueron liberados tras sus audiencias judiciales.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón, que vigila violaciones de derechos humanos en Venezuela, ha advertido de que “es inaceptable que menores de edad sean objeto de detenciones arbitrarias y abusos en el contexto de su derecho a la protesta pacífica”, por lo que ha exigido su “liberación “inmediata”, “así como el respeto a sus derechos conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y en la Constitución”.
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Fuente: Europa Press
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Crisis entre Venezuela y España por cuestionamientos a la reelección de Maduro
Venezuela no permitirá una “acción injerencista” de España, dijo ayer viernes el canciller Yván Gil en medio de una crisis diplomática generada por cuestionamientos a la reelección de Nicolás Maduro y el asilo que le será concedido a su rival opositor en Madrid. Gil recibió en la cancillería al embajador español en Caracas, Ramón Santos, para expresar la “postura contundente del gobierno venezolano”, según un mensaje publicado en Telegram.
“No permitiremos ninguna acción injerencista”, escribió el canciller, un día después de llamar a consultas a la embajadora venezolana en Madrid, Gladys Gutiérrez. La tensión en las relaciones bilaterales aumentó en los últimos días, después de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia llegara el domingo a España para solicitar asilo tras un mes en la clandestinidad en su país, y aumentó por un comentario de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que tildó de “dictadura” al gobierno de Maduro.
El gobierno del socialista Pedro Sánchez no reconoce la victoria que Maduro reivindica en los comicios, pero tampoco la de su rival. Ha insistido, en consonancia con la posición de la Unión Europea, en reclamar la publicación de las actas electorales, que según la oposición demuestran su victoria.
Pese a la tirantez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, recientemente nombrada ministra de Petróleo, se reunió este viernes con Luis García Sánchez, directivo de la trasnacional energética española Repsol en el país caribeño. “Ambas partes abordaron alianzas estratégicas” para la “exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos”, según un mensaje de la estatal venezolana PDVSA.
“Decisiones soberanas”
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, no imitó la llamada a consultas de su par venezolano. Son “decisiones soberanas”, zanjó Albares en declaraciones a la radio pública RNE, en la que dijo que trabaja por tener “las mejores relaciones posibles” con Venezuela. “No hay nada que comentar”, manifestó.
El gobierno español está bajo presión. El miércoles, a propuesta de la oposición conservadora, el Congreso de los Diputados le exigió a Sánchez reconocer a González Urrutia como ganador de las elecciones del 28 de julio. En respuesta, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propuso romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales. “¡Que se vayan de aquí todos!”, clamó.
Se estima que unos 280.000 venezolanos viven en España, entre ellos varios dirigentes opositores exiliados. Unos 136.000 españoles, en tanto, viven en Venezuela. El jueves, Sánchez recibió a González Urrutia en el palacio de La Moncloa, sede de la presidencia en Madrid, y aseguró en la red social X que “España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales” en Venezuela.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reiteró este viernes que “las elecciones no las ha ganado Maduro” aunque sin reconocer a González Urrutia, a quien invitó a Bruselas. “Por desgracia en estos temas no hay varitas mágicas”, dijo en rueda de prensa en Madrid. “Los reconocimientos pueden tener un valor simbólico, pero no cambian la realidad”.
“No somos chantajeables”
La escalada con España coincide con el anuncio del jueves de Washington de sanciones a 16 funcionarios venezolanos, entre los que figuran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, así como autoridades electorales y militares como el jefe operacional de la Fuerza Armada, general Domingo Hernández Lárez.
“No somos chantajeables, ni nos dejamos intimidar”, respondió este viernes la Fuerza Armada en un comunicado leído en la televisión estatal por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acompañado por el resto del alto mando, que suele declarar “lealtad absoluta” a Maduro. Padrino fue sancionado en 2018.
Según Estados Unidos, que reclama el detalle del escrutinio de las presidenciales venezolanas, estos funcionarios “impidieron un proceso electoral transparente”. Maduro condecoró a los cuatro militares blanco de sanciones, que tachó de “ridículas”. “Lo que ellos (EE. UU.) nunca podrán entender es que sus sanciones son condecoraciones en el alma de los patriotas que aman a nuestra Venezuela”, dijo el mandatario.
La Corte Suprema, la autoridad electoral y el Parlamento también condenaron las medidas de Washington, que amenazó con “decisiones adicionales” si el escrutinio sigue sin publicarse. “Maduro tiene opciones y decisiones que solo él puede tomar” y “le hemos dejado muy claro” que lo primero que tiene que hacer “es publicar todos los datos electorales y los resultados”, afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
Fuente: AFP.