La defensa del exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien debe estar sentado en el banquillo de los acusados como cualquier procesado, recurre al mismo modus ope­randi presentando chicanas al igual que el caso filtración de información de Seprelad para evitar ser juzgado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado por mante­ner vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

Esta vez el acusado Arnaldo Giuzzio designó como nuevo abogado defensor a Emi­lio Fúster y pidió al tribu­nal de sentencia la suspen­sión del inicio del juicio oral atendiendo a que nece­sita tiempo para poder pre­parar la defensa del proce­sado. Este tipo de chicanas, que es similar a la del caso filtración de información, es una muestra más que el exministro de Mario Abdo Benítez no quiere someterse a la Justicia y recurrirá a los actos dilatorios para evitar ser juzgado.

Giuzzio anteriormente estuvo siendo representado por el defensor público Fran­cisco Acevedo, quien ahora deja de ser defensor del acu­sado y asume Fúster, quien es abogado del exsecretario de Estado en el proceso penal que enfrenta por siete delitos por el caso conocido como fil­tración y producción de infor­mación falsa de Seprelad.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el pre­sente caso está integrado por los jueces Adriana Pla­nas, Yolanda Morel y Karina Cáceres, quienes ya fijaron para el 3 de marzo de 2025 el inicio del juicio oral y público de Giuzzio. Esta es la cuarta suspensión del jui­cio oral de Giuzzio.

También la fiscala Veró­nica Valdez pidió la sus­pensión de la audiencia oral fijada para este lunes 18 de noviembre. La represen­tante del Ministerio Público argumentó que está interi­nando otras unidades fisca­les y será difícil poder asis­tir al juicio oral.

El 16 de agosto de 2023, los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.

El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presi­dente Mario Abdo Benítez, luego de trascender prue­bas del trato que mante­nía con el presunto narco brasileño Marcus Vini­cius Espíndola Marqués de Padua, hoy procesado en Brasil.

Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo narco brasileño para ir al Brasil en plan de vacacio­nes. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.

• LA CAJA NEGRA

Los abogados presen­taron hasta la fecha una docena de inci­dentes ante la Justicia, dise­ñadas meramente para dila­tar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas manio­bras impiden que avance el caso que investiga las filtraciones de datos confidenciales.

El expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus cola­boradores están procesados por la filtración de informes confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) entre 2021 y 2022. Durante ese período, según la Fisca­lía, estos informes se habrían utilizado para afectar políti­camente a rivales internos del Partido Colorado, específica­mente a figuras como Horacio Cartes y Santiago Peña. Entre los cargos se encuentran reve­lación de secretos de servicio, denuncia falsa y asociación cri­minal, entre otros delitos.

Tras la imputación inicial en marzo de 2024, los abogados defensores presentaron múltiples acciones judiciales para detener el avance de la causa, señalando que se trataba de una persecución política y cuestionando la validez de las pruebas, pero sin sustentar estas declaraciones.

Entre las medidas adoptadas están las solicitudes de nuli­dad de imputación, recursos ante tribunales superiores, exclusión de varias pruebas, y recusaciones contra los inter­vinientes, que lograron pospo­ner las diligencias judiciales en varias ocasiones.

Ni bien se presentó la impu­tación del Ministerio Público, comenzó el concurso de los abogados chicaneros con estrategias legales para ralen­tizar y obstaculizar el proceso judicial. El 28 de octubre de 2024, el abogado Emilio Fus­ter, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, recusó a la jueza Cynthia Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron aparta­dos de la investigación.

Le siguieron las defensas de los otros procesados con más chicanas. Los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kro­naweter, defensor de Daniel Alberto Farías, plantearon una reposición y apelación en sub­sidio contra la determinación adoptada por la jueza Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emi­lio Fúster.

Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Sepre­lad. Al respecto, los involucra­dos solicitaron que esta prueba no sea aceptada en la causa.

Así también el abogado Kro­naweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autoriza­ción judicial para la extracción de datos como acto investiga­tivo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.

El 1 de abril, el abogado Felino Amarilla, en representación del extitular de Seprelad Car­los Arregui, presentó una recusación contra los cama­ristas que debían confirmar a la jueza recusada inicialmente por Fuster, elevando la causa a la Sala Penal de la Corte. El 21 de agosto, la Cámara de Apela­ción, integrada por los cama­ristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gus­tavo Aguade, confirmó la com­petencia de la magistrada Cyn­thia Lovera tras estar casi cinco meses trabado el proceso penal. Sin embargo, el 2 de setiem­bre, el abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio, volvió a paralizar el proceso, al presentar una apelación gene­ral contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que con­firmó a la jueza Lovera.

El 6 de noviembre, la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la apelación y confirmó la com­petencia de la jueza en el pro­ceso penal. No obstante, para evitar que el proceso pueda seguir su curso, la defensa del imputado Daniel Alberto Farías solicitó la nulidad de la resolu­ción del Tribunal de Apelación que hizo lugar al pedido de pró­rroga de la Fiscalía para que pueda investigar hasta el 11 de marzo de 2025. Ahora los inte­grantes de la máxima instancia judicial tendrán que resolver la nueva chicana para que luego pueda bajar el expediente judi­cial al Juzgado Penal de Garan­tías, que deberá fijar la fecha de audiencia de imposición de medidas y a su vez estudiar la decena de chicanas que siguen pendientes de resolución.

Este lunes el contralor general de la República, Camilo Benítez, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y otros parlamentarios para analizar el tratamiento del anteproyecto de ley que crea el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. El contralor explicó que se trata de una de las iniciativas que tiene la estrategia nacional de combate a la corrupción en el sistema público.

“Hace un año fue suscripto por todos los poderes del Estado y los organismos extrapoder, este es uno de los elementos para la Contraloría más importante, que es tratar de complementar el enfoque que tenemos en la lucha contra la corrupción y cumplir con los estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción”, expresó tras la reunión en la Cámara Baja.

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Benítez indicó que el objetivo no es tratar de prevenir y estandarizar los criterios en todos los poderes del Estado, en materia de integridad y prevención, en el cual existe una disparidad, de acuerdo al contralor. Además se establece criterios para transparentar la administración pública, criterios para el acceso a la función pública, ya que no existe un criterio unificado.

“Nosotros creemos que a través de esta ley se podría trabajar con todos los poderes del Estado para que exista una ley unificada. Nosotros fuimos lo que propusimos en esta mesa de diálogo que se había conformado”, apuntó.

Esta normativa también regula el Centro Nacional de Denuncias de corrupción contra funcionarios públicos. “Todos los principios mundiales en materia de denuncias contra la corrupción dice que el órgano que debe administrar esta denuncia debe ser independiente de las personas a quienes se le denuncia”, de acuerdo a la explicación del contralor.

Por otra parte, Benítez resaltó que la postura de la Contraloría es que una secretaría anticorrupción que dependa del Poder Ejecutivo, que forme parte del gabinete del Poder Ejecutivo, mal podría administrar este portal de denuncia contra funcionarios del Poder Ejecutivo.

“Por eso decíamos en su momento que debería ser la contraloría, que es un órgano constitucional, un órgano independiente, autónomo y distante al poder administrador y los otros poderes del Estado, quien administre este portar de denuncias”, sentenció.

Por su parte, el presidente de la Cámara Baja indicó que existe un fuerte compromiso de llevar adelante este proyecto. “Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Compartimos una reunión sobre la Ley de integridad, que busca fortalecer las capacidades del Estado de lucha contra la corrupción y la impunidad, con la presencia del contralor general de la República”, aseveró.

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A ocho meses de haberse iniciado el proceso penal contra el expresidente de la República Mario Abdo Bení­tez y varios de sus principa­les colaboradores, la Justicia ya rechazó tres chicanas pre­sentadas por la defensa de los imputados por la filtración y producción de información falsa en la Seprelad.

Asimismo, aún sigue pen­diente de estudio en la sala penal de la Corte dos ape­laciones más que presen­taron los abogados Emilio Fuster en representación de Arnaldo Giuzzio y Alfredo Enrique Kroanawetter en representación de Daniel Farías. Ambos apelaron la resolución del tribunal de alzada que otorgó seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que presente su acusación contra Abdo y el resto de los imputados.

Los ministros de la máxima instancia judicial que deben destrabar el proceso penal de Mario Abdo Benítez y sus exministros son Manuel Ramírez Candia, César Die­sel y Gustavo Santander.

Las chicanas que ya fueron rechazadas por la Justicia son la recusación contra los integrantes del Tribu­nal de Apelación que en su momento debían estudiar la recusación que pesaba sobre la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera.

Igualmente, al ser confir­mada la cámara de apela­ción, la misma rechazó la recusación que presentó el abogado Emilio Fuster, defensor de Giuzzio contra la magistrada Cynthia Lovera. No contento con la resolución contundente del tribunal de alzada, Fuster presentó una nueva apelación ante la sala penal de la Corte tratando de separar a la jueza Lovera. En efecto, la sala penal de la máxima instancia judicial declaró inadmisible la ape­lación y por ende confirmó la competencia de la magis­trada Cynthia Lovera.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías, Gui­llermo Preda y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado del mandamás Mauricio Espí­nola, por varios hechos puni­bles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de ata­car políticamente al exman­datario Horacio Cartes y el entonces candidato presiden­cial Santiago Peña.

Según el acta de imputación, existen suficientes elemen­tos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o perso­nas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denun­cia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y aso­ciación criminal.

El Tribunal de Apelación otorgó 6 meses más de tiempo a la Fiscalía para que investigue al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y los demás impu­tados, acusados por varios delitos en el caso conocido como filtración de infor­mación de Seprelad. Con la presente resolución, el 11 de marzo de 2025 el Ministerio Público deberá presentar su requerimiento conclusivo, que podría ser la acusación y el pedido de juicio oral para Abdo Benítez y leales, o bien una salida procesal.

El 31 de julio de 2023, el presi­dente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exman­datario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denun­cia formal ante el Ministerio Público por persecución polí­tica desde el 2018 a la fecha. El 30 de agosto y 30 de octu­bre del mismo año amplió la denuncia agregando filtra­ciones de información con­fidencial.