“Acá tiene que haber una convergencia plena de todos los actores de los poderes del Estado, si se desestabiliza el sistema penal todos estamos en riesgo”, sostuvo la ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carolina Llanes, quien abogó por una mayor inversión para garantizar la seguridad de los operadores de justicia ante las amenazas provenientes del narcotráfico.
El llamado de unidad surge con el fin de luchar contra el flagelo y garantizar a los fiscales y jueces penales del Paraguay una protección integral para impartir justicia con independencia. “Debemos establecer los objetivos concretos inmediatos y las estrategias, entre ellos está invertir en la seguridad de los operadores. Lo que ellos (criminales) pretenden es suplantar el sistema, instalar de manera fáctica un estado paralelo o liberar todo el territorio para puedan trabajar tranquilamente”, dijo.
En comunicación con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media mencionó que de no concretarse la unidad entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para hacer frente al narcotráfico se estará cediendo el estado de derecho, la seguridad jurídica y el bienestar de los ciudadanos.
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“Esto debe ser concretado, más allá de los mecanismos tradicionales o cuestiones básicas que se manejan siempre, como la custodia personal de la policía, los vehículos blindados, las estrategias para utilizar determinados caminos, las recomendaciones para no exponerse. No se puede permitir que la organización estatal, el sistema penal se arrodille ante estas amenazas de lo contrario estaríamos directamente entregados”, sentenció.
Antecedentes
Las afirmaciones de Llanes surgieron tras la amenaza realizada por el prófugo narco uruguayo Sebastián Marset a jueces y fiscales que tienen a su cargo el caso de su esposa Gianina García Troche, imputada por el Ministerio Público por lavado de dinero en el marco del operativo A Ultranza.
A través de un audio enviado al programa de televisión “Santo y seña” emitido en Uruguay, Marset había calificado como “delincuentes” a los jueces y fiscales paraguayos del caso A Ultranza y alegó que buscará que sean destituidos y encarcelados.
Los agentes de justicia que se encuentran involucrados en la causa son las juezas contra el crimen organizado Rosarito Montanía y Lici Sánchez, así como los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta.