Este martes la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encabezada por Luis María Benítez Riera, emitió un comunicado garantizando a los jueces penales del Paraguay una protección integral para impartir justicia con independencia ante los actos de intimidación provenientes del narcotráfico.

“La Corte Suprema de Justicia en su firme compromiso con la defensa del Estado de derecho y la administración de justicia expresa su total apoyo a todos los jueces penales del país, reconocemos y valoramos su dedicación y profesionalismo en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en la garantía de una justicia imparcial y efectiva”, sostiene el documento.

El posicionamiento de la máxima instancia judicial surge tras la amenaza realizada por el prófugo narcotraficante uruguayo Sebastián Marset a jueces y fiscales que tienen a su cargo el caso de su esposa Gianina García Troche, imputada por el Ministerio Público por lavado de dinero en el marco del operativo A Ultranza.

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A través de un audio enviado al programa de televisión “Santo y seña” emitido en Uruguay, Marset había calificado como “delincuentes” a los jueces y fiscales paraguayos del caso A Ultranza y alegó que buscará que sean destituidos y encarcelados.

“Entendemos los significativos desafíos que enfrentan y en este contexto reiteramos que no están solos, el sistema penal paraguayo actúa de manera coordinada y eficiente asegurando que la justicia especializada en la lucha contra el crimen organizado y todo el sistema penal del país funcionen de manera integral y efectiva”, indica la nota.

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En el documento los ministros mencionan que la política criminal del Estado paraguayo delineado en el plan nacional de política criminal enfatiza la importancia de la colaboración interinstitucional y la protección de quienes administran la justicia penal.

Medidas de protección

“Este plan es esencial para implementar un enfoque amplio que aborde la prevención y represión del delito enfrentando la criminalidad con un enfoque basado en las evidencias, en coordinación con el Ministerio del Interior hemos reforzado las medidas de protección para nuestros magistrados con el objetivo de garantizar su seguridad y reducir los riesgos asociados a su labor”, menciona el documento.

Estamos dedicados a proporcionar un entorno seguro que permita a nuestros jueces trabajar sin temor a represalias. La Corte Suprema de Justicia reafirma su compromiso con la justicia y la legalidad, unidos fortalecemos la integridad, transparencia y equidad de nuestro sistema judicial, asegurando que ningún acto de intimidación obstaculice el desempeño de sus funciones”, añade.

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