El diputado liberal Diosnel Aguilera manifestó que se mantuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, para analizar el pedido de ampliación presupuestaria solicitada desde la institución.
“La ampliación presupuestaria para la Seprelad será destinada casi en un 50 % para servicio ceremonial y catering, mientras que el resto iría para pagos a remuneraciones”, indicó el parlamentario. Esto para el desarrollo del evento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Alcaraz explicó la importancia de avanzar con la ampliación presupuestaria, teniendo en cuenta los preparativos institucionales de cara al evento a llevarse a cabo. Paraguay será el encargado del desarrollo del evento, recordando que en enero de este año ha asumido la presidencia pro tempore de Gafilat.
La ministra Alcaraz fue designada como presidenta, en representación nacional, destacando su labor comprometida con el organismo. La misma destacó que esto representa un voto de confianza para el país por parte del organismo internacional, de carácter técnico.
Gafilat
Según la última evaluación de Gafilat, Paraguay ha logrado un resultado positivo en la lucha contra el lavado de activos, alcanzando una buena posición entre los países de la región. El organismo agrupa a varios países de América del Sur, Centroamérica y del Norte.
La entidad tiene como objetivo la prevención y el combate de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por otra parte, dentro del bloque se busca también el fortalecimiento de sus sistemas, para lo cual se desarrolla la Mesa Regional de Trabajo para la Evaluación de Riesgos de LA/FT.
En la última reunión llevada a cabo, las discusiones de los Estados miembros se centraron en la validación e identificación de amenazas, vulnerabilidades, consecuencias y factores de riesgos. Por otra parte, también se llegó a acordar una cooperación técnica para consolidar la lucha contra los riesgos en los 18 países miembros.
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Filtración de Seprelad: gavilla de Abdo chicanea y vuelve a paralizar proceso penal
El abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio quien está imputado por varios delitos en el caso conocido como filtración de información de Seprelad, volvió a recurrir a chicanas con el objetivo de seguir dilatando para que el presente proceso penal pueda avanzar. Esta vez el citado profesional del derecho presentó una apelación general contra la resolución del tribunal de apelación que confirmó la competencia de la jueza penal de garantía Cynthia Lovera.
Ahora el expediente deberá ser estudiado por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrado por Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander que tendrá que destrabar por segunda vez el presente proceso penal que involucra al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla.
El escrito dilatorio de Fuster menciona que el tribunal de apelación no estudió los argumentos de la recusación contra la jueza Lovera por lo que pide a los ministros de la Corte que analicen y hagan lugar a la apelación y separen del caso a la referida magistrada.
Ahora los ministros Ramírez Candia, Diesel y Santander deberán estudiar el presente caso y resolver si corresponde confirmar la competencia de la jueza Cynthia Lovera.
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Cámara de Apelación
La Cámara de Apelación, integrada por los camaristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gustavo Aguade, confirmó la competencia de la jueza penal de garantías Cynthia Lovera tras estar casi 5 meses trabado el proceso penal que enfrenta el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su gavilla por varios hechos punibles que tienen que ver con el caso conocido como filtración de la Seprelad.
Igualmente el tribunal de alzada otorgó seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que pueda culminar la presente investigación contra Marito y su exministros. El 11 de marzo del 2025 la fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo que puede ser la acusación y el pedido de juicio oral y público o una salida procesal.
Imputados
En el presente caso, están imputados: Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola.
Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Comisión antilavado convoca al fiscal general, ministros del TSJE y titular de Seprelad
Los integrantes de la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado y otros delitos conexos, perteneciente al Congreso Nacional, definieron la nomina de las primeras autoridades nacionales a ser convocadas.
El órgano entrará en vigencia mañana martes 3 de setiembre a las 17:00. Su presidente, el senador Dionisio Amarilla detalló que entre los primeros citados se encuentran el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, Jaime Bestad y Jorge Bogarín.
Señaló que también figuran en la lista la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz y el Superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfran.
“Abordaremos sobre el financiamiento político y las oenegés, su inserción de fondos al sistema financiero que muchas veces no tienen los controles que se aplican sobre los partidos políticos en lo que refiere al financiamiento”, comentó a los medios de comunicación.
Ante la consulta sobre si o no ser publicas las sesiones de la citada comisión, Amarilla sostuvo que se estará analizando con la finalidad de tomar una decisión en conjunto. “No está demás decir que se ha establecido la sesión de carácter reservado porque empezarán las investigaciones y a nosotros no nos interesa el show. Más que el show nos interesa analizar los documentos que traigan estas instituciones y posteriormente salir a dar una versión solida”, refirió.
El bloque de investigación también se encuentra conformado por los senadores Gustavo Leite, Colym Soroka y los diputados Rodrigo Gamarra, Héctor Figueredo y Jatar Fernández. La comisión tendrá un plazo de sesenta días hábiles, pero su funcionamiento podrá ser prorrogado si así lo deciden sus miembros.
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Seprelad sugiere avanzar con ley de transparencia de las oenegés
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) remitió una nota al Senado en la que fundamenta la necesidad de avanzar con la aprobación del proyecto de ley que busca establecer mecanismos de transparencia a las organizaciones sin fines de lucro que actúan o trabajan influyendo en políticas públicas o través de alianzas con instituciones estatales. El ente recalcó el riesgo de que las oenegés sean utilizadas para hechos de corrupción, delitos financieros, financiamiento político, etc.
- Unidad de Investigación
- Nación Media
Lavado de dinero, hechos de corrupción y otros delitos financieros. Estos apenas son algunos de los puntos por los que la Seprelad considera necesaria la aprobación del proyecto de ley que busca transparentar los fondos que reciben oenegés que operan en Paraguay.
Según el documento firmado por Liliana Alcaraz, titular de la Seprelad, esta normativa es crucial para prevenir que dichas organizaciones sean utilizadas para fines ilícitos, como el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.
En la nota dirigida al senador Derlis Maidana, Seprelad resalta el riesgo potencial que representan las oenegés en Paraguay si no se implementan regulaciones adecuadas. La institución advierte que estas entidades, al no estar debidamente controladas, podrían ser vulnerables a ser utilizadas como vehículos para el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros, especialmente aquellas que operan en áreas sensibles como la caridad, la asistencia social, la educación, y el desarrollo económico y religioso.
De hecho, sobradas evidencias muestran que algunas oenegés financiadas desde el exterior se convirtieron en guaridas de políticos que se dedican a una real campaña de persecución contra sus adversarios, con lo que se puede deducir que se volvieron un elemento de financiamiento encubierto de ciertos sectores políticos.
La Seprelad sostiene que una regulación prudencial del sector es imperativa, basándose en una Evaluación Sectorial de Riesgo (ESR) realizada en 2019. Esta evaluación concluyó que las oenegés que operan en Paraguay, especialmente en sectores como la asistencia social y la educación, presentan un mayor factor de vulnerabilidad. La razón principal es que muchas de estas organizaciones no están bancarizadas ni cuentan con políticas de transparencia adecuadas. Además, podrían estar vinculadas con socios o redes en jurisdicciones que han sido blanco de ataques terroristas o que tienen altos niveles de riesgo.
El informe de 2019 también señaló la ausencia de políticas de debida diligencia para identificar a los donantes y beneficiarios de las oenegés, así como la falta de procedimientos de control interno y registro de donaciones y fondos utilizados. Estos vacíos, según Seprelad, facilitan el uso indebido de estas organizaciones para actividades ilícitas o el lavado de activos ligados al financiamiento político, tráfico de armas vía bancos y financieras, que pasan a constituirse en ejes de investigación de la Comisión Bicameral recientemente conformada en el Congreso.
VARIOS SECTORES EXPUESTOS AL RIESGO
El informe de la ENR también destacó que, aunque hasta la fecha no se han identificado casos concretos de oenegés utilizadas por entidades terroristas en Paraguay, las organizaciones que se dedican a la caridad, la educación y los servicios sociales siguen siendo las más expuestas a estos riesgos. Esta vulnerabilidad fue reiterada en la Evaluación Sectorial de Riesgos de 2019, lo que refuerza la necesidad de contar con un marco regulatorio adecuado.
Con base en estos análisis, la Seprelad considera fundamental la adopción de una ley que regule de manera prudencial el sector de las oenegés en Paraguay. Esta legislación no solo mitigaría los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino que también alinearía al país con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Durante una evaluación realizada por el GAFILAT, la observancia de estos estándares por parte de Paraguay fue calificada de forma regular, destacándose la ausencia de una normativa adecuada para el sector de las oenegés.
En conclusión, la Seprelad insta al Senado a considerar seriamente la aprobación de este proyecto de ley. La falta de una regulación adecuada pone en riesgo no solo la transparencia y la legalidad de las oenegés que operan en Paraguay, sino también la seguridad financiera del país en general.
USADAS PARA ESCONDER A POLÍTICOS
El proyecto de ley exige que las OSFL registren en sus estatutos sociales las identidades de sus constituyentes, su objeto, y sus fuentes de financiamiento. También deberán llevar un libro de registro del financiamiento, ya sea nacional o extranjero, público o privado, y detallar el uso y destino de los fondos recibidos con la correspondiente documentación de respaldo.
El caso de Soledad Núñez y Bruno Defelippe ilustra cómo algunas OSFL han logrado manejar fondos millonarios. La pareja, que comenzó como voluntarios, ha tejido una extensa red de negocios operando bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas a través de la empresa de Defelippe, utilizando la apariencia de “alianzas” y contando con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, financiando proyectos que generan lucrativos contratos de consultoría y emprendimientos dirigidos a su círculo cercano.
Días atrás, Nación Media reveló la manera en la que algunas oenegés recibieron fondos extranjeros y nacionales que terminaron en manos de supuestos representantes de la sociedad civil, pero que en realidad hacían política proselitista.
Un convenio firmado el 10 de setiembre de 2020 (tiempos duros de la pandemia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de representantes de la sociedad civil organizada. La figura para activar, financiar estos grupos de políticos aliados contra un sector bien definido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la administración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones.
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Comisión de Investigación “lavará” el rostro del Congreso en cuanto a seriedad, afirman
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) quedó plenamente instaurada y su vocero, el senador Gustavo Leite afirmó que este órgano actuará a partir de denuncias, expedientes y dejando atrás la persecución de modo que la ciudadanía vuelva a tener credibilidad en las Cámaras del Congreso.
“Estimo que vamos a lavarle la cara al Congreso en materia de seriedad luego del mamarracho que fue la anterior comisión garrote, que se hizo en el 2022, para perseguir a una sola persona y a un grupo político, nosotros estamos muy lejos de eso”, expuso el legislador en conversación con Universo 970 AM/Nación Media, a través del programa “Tarde de Perros”.
La Comisión tiene como presidente al senador liberal Dionisio Amarilla, como vicepresidente al diputado colorado Rodrigo Gamarra y como relator y vocero Gustavo Leite. Este órgano ya definió los tres ejes en los que se enfocará, siendo uno de ellos el lavado de dinero a través del financiamiento político que proviene de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
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“Eso nos preocupa porque en una carta la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) hizo llegar al Senado cuando se pidió su opinión respecto al proyecto de ley, que tiene media sanción, para transparentar a las ONG, nos dijeron de forma taxativa que es necesario conocer el origen y el uso detallado de los fondos, ergo, algo hay ahí y vamos a investigar”, sostuvo.
En segundo lugar, se encuentra la investigación a posibles hechos de lavado de activos del dinero proveniente del tráfico de armas y por último, el lavado de dinero cuyo origen son las actividades ilícitas y que son inyectadas al sistema financiero, donde entra no solo el narcotráfico, sino también los denominados delitos de guante blanco.
“Vamos a trabajar con seriedad, con extrema pulcritud, vamos a adherirnos solo a la verdad, no vamos a fabricar ni inventar pruebas, vamos a regirnos por los testimonios de los denunciantes, de las autoridades y de lo que está en los expedientes”, aseguró Leite e indicó que en la primera sesión prevista para el próximo martes 3 de septiembre, participarán cuatro autoridades. De momento, no adelantaron los nombres ni de qué instituciones provienen los altos funcionarios.
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