La abogada Dannia Ríos Nacif, fundadora del Movimiento por la Vida y Familia de Paraguay, y la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia, conformada por 35 organizaciones provida del país, celebraron la media sanción del proyecto de ley que busca transparentar la financiación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Paraguay. Muchas de estas organizaciones promueven el aborto y la ideología de género, según el informe divulgado por la ACI Prensa, una agencia católica de noticias con sede en Lima, Perú.
El proyecto legislativo “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” fue aprobado por la Cámara de Senadores el 8 de julio pasado. Ahora, el tratamiento queda en manos de la Cámara de Diputados para luego ser promulgado por el Ejecutivo, según el reporte elaborado por el periodista Diego López Marina.
“La aprobación de este proyecto de ley es necesaria porque las ONG se constituyen en verdaderas estructuras financiadas principalmente por agentes extranjeros, ya sea por otras organizaciones o agencias internacionales con un propósito definido: el de impulsar una agenda política e ideológica contraria a las leyes y costumbres de una determinada nación”, señaló Ríos, en una entrevista concedida a ACI Prensa.
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Agregó que, “en función a esto, las ONG operan como brazos ejecutores de estos intereses que coinciden o son de las mismas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y sus respectivas agencias”.
El proyecto legislativo pretende asegurar la transparencia en el uso de los fondos y establecer un sistema de rendición de cuentas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De acuerdo al proyecto, las ONG deberán anotarse en el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) dentro de un periodo estipulado. Además, deberán contar con la documentación requerida para control, especificar el uso y destino de los fondos que reciben, y presentar los documentos de respaldo.
Además, cada seis meses deberán presentar un informe ante la autoridad competente. Aquellas que no cumplan con estas regulaciones enfrentarán sanciones económicas.
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