Congresistas opositores participaron de una entrevista en el programa “Mina en Casa” donde, entre otros temas, conversaron sobre la expulsión de Kattya González del Senado. Catalogaron el hecho como antidemocrático, pero fueron recordados sobre otros hechos donde no tuvieron la misma actitud.

Fue así que la periodista Mina Feliciangeli mencionó a los parlamentarios los casos de los expresidentes de la República, Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos. Ambos habían sido electos como senadores activos, pero una mayoría opositora decidió no tomar juramento a ninguno en 2018.

Dejando entrever su doble vara a la hora de catalogar hechos como “antidemocráticos”, los representantes opositores no se apuraron a cuestionar a la entonces mayoría opositora que no dejó jurar a los expresidentes, del mismo modo en el cual juzgan a la mayoría colorada de este periodo legislativo.

Desde la oposición sentencian que se debe aguardar el fallo de la Corte para rectificar o no al Senado sobre la expulsión de Kattya González. No obstante, olvidaron que en el caso de Cartes y Duarte Frutos habían hecho caso omiso a la decisión de la propia Corte, así como de la Justicia Electoral.

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Rumbo a las elecciones generales del 2018, por mayoría de seis a tres, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había declarado constitucional la candidatura de Cartes, quien lideraba la lista del Partido Colorado para la Cámara Alta, así como la de Nicanor Duarte Frutos.

Además, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) había proclamado la candidatura de ambos expresidentes. Posterior a los comicios generales, Cartes fue electo como el senador más votado, resultando electo también Duarte Frutos.

Sin embargo, el entonces titular del Congreso, Fernando Lugo, decidió no convocar a Cartes y en su lugar llamó a Rodolfo Friedmann, pese a no haber sido electo ni proclamado, aspectos que se configuran como requisitos indispensables para jurar.

Lo mismo desarrolló con Duarte Frutos, en cuyo reemplazo ingresó Mirta Gusinky. Lugo había hecho una interpretación de la Carta Magna y se tomó las atribuciones de la máxima instancia judicial, la única habilitada para la interpretación de la Constitución.

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