El diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo-Alto Paraná) presentó un proyecto de ley “Que regula el uso y comercialización de inhibidores de señales de frecuencia y comunicación”. La iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país, especialmente, en el departamento de Alto Paraná.

En su exposición de motivos, el diputado Rodríguez indicó que el proyecto busca establecer un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.

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Explicó que se estaría volviendo común el uso de inhibidores de señales en diversos hechos delictivos, como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales. “Es acuciante el tema de los asaltos donde se halla como denominador común el uso de inhibidores de señales o frecuencias”, señaló el legislador.

Además, propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control. Entre las medidas propuestas se destaca la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.

El Ministerio del Interior tendría un plazo de 30 días para establecer los mecanismos de regulación específicos tras la aprobación de la ley, según el proyecto.

Es de señalar que el uso de los inhibidores de señal estarían siendo utilizados por delincuentes para bloquear sistemas de seguridad, como el cierre remoto de vehículos, o para interrumpir comunicaciones móviles durante la comisión de delitos.

“Estos aparatos emiten ondas de radio en las mismas frecuencias que otros dispositivos, con la energía suficiente para chocar con las señales y tirar la comunicación o impedir el servicio”, expuso el legislador.

Por tanto, argumentó que es necesario “regular esta situación y determinar los mecanismos de control a los efectos de evitar el uso criminal de estos aparatos”.

Antes de su estudio en plenaria, la propuesta será analizada en las comisiones de Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; Ciencia y Tecnología; y en la de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer.

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