Tras ser detectada una conexión irregular de energía eléctrica utilizada presumiblemente para actividades de criptominería, una comitiva realizó una intervención en la colonia Ybyporã, localidad de La Paloma del Espíritu Santo. Acudieron funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) acompañados por personal del Ministerio Público y la Policía Nacional procedieron a la intervención de la vivienda.

Durante el operativo resultó detenido Ángel Ignacio Caballero Gayoso, de 28 años, residente en Ciudad del Este. En su poder se hallaron una pértiga para maniobras en redes eléctricas de media tensión, una notebook y una antena satelital.

Durante una verificación técnica realizada por funcionarios de la Ande, se constató una derivación en media tensión sin medidor, y en el inmueble se encontraron más de 200 equipos procesadores dedicados a la criptominería.

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Finalmente, todos los equipos fueron incautados junto con un transformador de 1.000 kVA, así como conductores, conectores y otros equipos eléctricos; todo esto fue trasladado hasta el depósito de la ANDE en Saltos del Guairá por disposición del fiscal interviniente Carlos Cabrera.

Según el reporte de los técnicos de la ANDE, el daño patrimonial estimado por la conexión ilegal asciende a 552 millones de guaraníes, monto que, junto con los gastos operativos y multas correspondientes, deberá ser resarcido por los responsables del inmueble.

En cuanto al detenido, el mismo permanece bajo custodia en la comisaría primera de Saltos del Guairá y enfrentará cargos por sustracción ilegal de energía eléctrica y otros delitos conexos. Cabe destacar que los responsables de este tipo de delitos se exponen a sanciones que incluyen penas privativas de libertad de hasta 10 años.

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Tras un largo debate, la Cámara de Senadores aprobó ayer miér­coles tres pedidos de préstamos internacionales, con un monto total de 410 millones de dólares, para la Administración Nacio­nal de Electricidad (Ande).

El primer pedido solicitado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas consiste en la apro­bación de un proyecto de ley “Que aprueba los contratos de préstamos suscritos en fecha 26 de enero de 2023 entre la Ande con el Banco Interame­ricano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta 260 millones de dólares, y el Fondo de Desa­rrollo y Cooperación Interna­cional ( Taiwán ICDF) por un monto de hasta 30 millones de dólares”. Según el objetivo, sería para el financiamiento del pro­yecto “Expansión del sistema de tratamiento en alta ten­sión-Fase II, a cargo de la Ande, ampliando su presupuesto del ejercicio 2024″.

El otro pedido del Poder Eje­cutivo aprobado por los sena­dores es el proyecto de ley “Que aprueba el contrato de préstamo suscrito entre la Ande con el Banco de Desa­rrollo de América Latina y el Caribe por un monto de 120 millones de dólares”.

El recurso sería para el financia­miento del programa de apoyo al desarrollo del sector eléctrico del Paraguay, a cargo de la Ande y que amplía su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.

Previo a su tratamiento en el pleno de la Cámara Alta, el pre­sidente de la Ande, Félix Sosa, defendió ante la Comisión de Hacienda sobre la necesidad de estos recursos. Indicó que ser­virá para el desarrollo del sector energético del país.

La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica la Ley n.º 4457/12, “Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes). Esta iniciativa presentada por varios senadores plantea la modificación de 43 artículos.

Durante su estudio, las comi­siones de Legislación, Econo­mía, Industria y Comercio, así como Ciencias y Tecno­logía recomendaron la apro­bación con modificaciones; y luego de su tratamiento el pleno aprobó por mayoría. El documento pasa a Diputados.

Al respecto, el senador Luis Pettengill, uno de los pro­yectistas, explicó que lo que se busca es la formalización de las mipymes, el acceso a créditos favorables, la flexi­bilización laboral y un régi­men especial en el IPS para la cobertura de salud. Res­pecto a la formalización, señaló que se busca simplifi­car los trámites e idealmente eliminar costos. Además, la modificación de la legislación incluirá otros beneficios para las mipymes.

“Realmente estamos ante una ley que va a beneficiar a muchísimos compatriotas, ya existe la ley que es de 2012, pero realmente tiene mucha carga y mucha burocracia”, explicó.

La Cámara de Senado­res sancionó el pro­yecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexua­les a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cam­bios introducidos por los dipu­tados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.

La iniciativa fue aprobada ayer con el voto positivo de 36 legisladores y con esto se remite al Poder Ejecutivo para su pro­mulgación o veto. Las diferen­tes comisiones recomendaron acompañar los cambios rea­lizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.

La ley sancionada contem­pla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de liber­tad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.

“El texto de Diputados intro­dujo mejoras de forma que ameritan ser aceptadas. Pro­pone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y, además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el sena­dor Luis Pettengill, presi­dente de la referida comisión.

Por su parte, la senadora Liza­rella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, cele­bró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejem­plares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.

“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudada­nos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo. En la misma línea opinó su colega Rubén Veláz­quez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Para­guay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son nece­sarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abu­sos infantiles vamos a necesi­tar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.