“Queremos evitar que nuestros muertos voten en las elecciones y garantizar la legítima voluntad popular”, sostuvo el senador del movimiento Yo Creo, Rubén Velázquez, ante los requerimientos realizados recientemente desde la bancada democrática de la Cámara Alta al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), consistentes en aplicación de una identificación biométrica y el uso de máquinas de votación auditables.
“Necesitamos garantizar la transparencia en cuanto a los actos y operaciones electorales, que nuestras máquinas de votación sean auditables, que tengan un identificador biométrico, que pueda detectar las huellas dactilares de los electores”, comentó Velázquez a la 1020 AM.
Los parlamentarios opositores mantuvieron este último martes un encuentro con los ministros del TSJE, César Rossel, Jorge Bogarín y Jaime Bestard con la finalidad de analizar los cambios técnicos y políticos a leyes electorales que desea impulsar la institución.
“Sabemos que uno de los modelos de fraude en el Paraguay es la carga de votos, más allá de que sea por papeleta o sistema electrónico, comprar la mesa electoral. Esto es parte de nuestro folclore en el país en el tema electoral”, refirió su colega del Frente Guasu (FG), Esperanza Martínez,
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Modificación o derogación del Financiamiento Político
Asimismo, Martínez, quien ejerce el liderazgo de la bancada democrática, comentó que otro de los requerimientos realizados al TSJE se centra en impulsar modificaciones o incluso la derogación de la Ley de Financiamiento Político.
“Debemos revisar esta ley vigente, que realmente no controla absolutamente nada. Es un fracaso, tenemos que reconocerlo. Tenemos que ver si existe la posibilidad de modificar o derogar por otra ley nueva. Hicimos una lista de temas concretos y lo que queremos es que con tiempo los equipos técnicos que representan a los partidos de la oposición en una agenda conjunta con el TSJE analicen las propuestas”, puntualizó.
La normativa fue promulgada el 18 de febrero del año 2020 durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La Ley establece que los candidatos a elecciones municipales y generales presenten sus declaraciones de ingresos y egresos al iniciar y finalizar sus campañas. También se incluye a la Secretaría de Prevención del Lavado (Seprelad) para el control del dinero utilizado en las campañas políticas.