“Lo que se pretende, busca y por sobre todas las cosas se aspira colectivamente es que se transparente la aplicación y el uso de los fondos entregados a las oenegés”, argumentó el senador opositor Dionisio Amarilla. Agregó que los paraguayos tienen el derecho de conocer en que se invierten los millonarios fondos de origen nacional o internacional destinados a las citadas organizaciones.
“Hay ajustes sugeridos por la Comisión de Legislación, que es el texto base a ser discutido. De mi parte no existe intención de aprobar ningún proyecto que pueda instalar una autocracia en el Paraguay. Hay elementos contundentes, suficientes y por sobre todas las cosas demostrables en donde se puede apreciar manipulaciones de parte de algunas ONGs con relativos prestigios, por lo menos muy bien posicionados mediáticamente”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Amarilla surgieron ante la postura de los representantes de las oenegés, incluso de la Iglesia católica, quienes piden postergar el estudio del proyecto con la finalidad de impulsar un proceso de diálogo bajo el argumento de que observan que el documento posee algunas objeciones de índole constitucional. Agregan que de aprobarse se podría tener graves consecuencias para el sistema democrático, representativo, participativo y pluralista.
La Cámara Alta prevé este lunes a las 14:00 realizar una sesión extraordinaria con la finalidad de debatir el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
Por su parte, su colega del Partido Colorado y uno de los principales proyectistas, Gustavo Leite, indicó que “yo no soy partidario de postergar algo que tiene suficiente tiempo de estudio, análisis y debate. La ONG jamás cederán para que el público sepa en qué gastan su plata cuando vienen de fuentes privadas, aunque trabajen en el ámbito del Estado. Yo no puedo jamás dejar de incluir esto dentro de la ley porque la esencia del derecho a la información está consagrado en la propia Constitución”.
Asimismo, el parlamentario siguió argumentando que: “las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en el ámbito del Estado no rinden cuentas a la ciudadanía y a los poderes del Estado, son un Estado paralelo”.