Tras el informe publicado por la Contraloría General de la República respecto al uso de G. 500.000 millones en la Municipalidad de Asunción, el asesor jurídico de la comuna, Benito Torres afirmó que no hubo malversación de fondos ni daño patrimonial, asegura que lo expuesto por el órgano contralor es una cuestión de “interpretación”.
“Lo que ellos hicieron es un informe parcial, corresponde que se examine el ejercicio de los años 2022 y 2023. Actualmente nuestra ejecución goza de presunción de validez y legalidad tal y como lo prevé la ley de procedimientos administrativos porque tiene aprobación de la Junta Municipal, así como dispone el artículo 207 de la Carta Orgánica, el siguiente paso es el examen completo del ejercicio”, aseveró.
De acuerdo a lo manifestado por el asesor de la municipalidad, si nuevamente se presentan discrepancias en un análisis completo, lo debe resolver el Tribunal de Cuentas. Torres manifestó que la situación de la comuna no es tan “dramática” como se presupone y aseguró que existen normativas que respaldan la utilización de una caja única.
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“El artículo N.° 178 de la Carta Orgánica Municipal dice claramente que en el sistema administrativo de la institución se aplica la ley de administración financiera en donde ya se prevé la utilización de la caja única y en segundo lugar, la ley que salió en el 2013 modifica o integra la ley de administración financiera, por tanto, esas normas forman parte del ordenamiento jurídico municipal”, detalló.
En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, Torres explicó que los recursos que ingresan a la caja única, van rotando dentro de la misma, no obstante, los recursos correspondientes a bonos deben estar disponibles al momento de ejecución de la obra para la cual fueron emitidos.
“Así se concluyó Molas López, así se inició la obra en Abasto y así, una vez que se adjudique General Santos se va a proceder de la misma forma”, sentenció. Asimismo, señaló que no es la primera vez que existen desacuerdos con la Contraloría y en la ejecución de un contrato por parte de la municipalidad.
“Que exista un desacuerdo con el órgano fiscalizador puede ocurrir en cualquier momento, no porque diga la Contraloría quiere decir que tenga razón, para poner un ejemplo tenemos el caso de Parxin. La Contraloría recomendó que se rescinda el contrato, la municipalidad actuó en tal sentido y el resultado fue adverso”, recordó.
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