Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción solicitaron al juzgado penal de Garantías, especializados en Delitos Económicos, la desestimación de la causa penal N.° 3/2024, contra Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros.
En el documento explican que realizaron un análisis de lo denunciado tanto por la abogada Teresa Flecha como por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, que plantearon la posible comisión de los hechos punibles de Administración en Provecho Propio, Tráfico de influencias, Lesión de Confianza y Cobro Indebido de Honorarios.
Menciona además que los agentes fiscales llevaron adelante el proceso técnico analítico de constatación de la relevancia penal de las conductas presumiblemente acontecidas, el proceso de subsunción resultó negativo, por lo que se puede concluir que la conducta es atípica, por no cumplir con los presupuestos de los tipos legales expuestos en el Código Penal.
“Entonces, del caudal fáctico emergente y de las constancias de autos, esta representación pública advierte que la figura procesal de Desestimación de la denuncia se encuentra ajustada a derecho, según los argumentos previamente expuestos. Al respecto de la desestimación, se hace notar que tiene el efecto de cosa juzgada formal no así material”, expresa en la parte conclusiva del documento.
Menciona además que en caso de que varíen las circunstancias conocidas que fundamentan este requerimiento, la resolución que admite la desestimación podrá ser modificada y la investigación reabierta debido a que la presente desestimación no causa estado.
Por tanto, los agentes fiscales señalan en consecuencia, a lo expuesto y en virtud de lo preceptuado en los artículos 301, inciso 1) y 305 del Código Procesal Penal, estando el presente requerimiento acorde a las normas procesales vigentes, este equipo de investigación requiere la desestimación, bajo expresa mención de los alcances establecidos en el artículo 306, primer párrafo del mismo cuerpo legal, por ajustarse a derecho.
La causa penal tiene que ver con la denuncia que se presentó en diciembre del año pasado, contra la hija del vicepresidente de la República Pedro Alliana, que fue contratada como funcionaria en la Cámara de Diputados, en la categoría A37, correspondiente al rubro de Asesor. Dicho nombramiento se dio a través de la resolución n.º 540, firmada por el diputado Raúl Latorre, en su carácter de presidente de dicho órgano legislativo.
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