El senador Gustavo Leite habló sobre la importancia de que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sean sometidas a un control por parte del Estado, sobre todo cuando estas reciben fondos por parte de organismos estatales e igualmente cuando se financian de entidades privadas, dado que las mismas administran sumas millonarias, no tributan y actualmente no se sabe a qué se destinan estos recursos.
“Tengo la esperanza de que esta ley va a salir a luz y que los paraguayos vamos a tener claro a quién contratan, con qué fin y qué resultados tuvieron y así todos vamos a ser iguales ante la ley y vamos a tener la obligación de rendir cuentas cuando trabajamos en pos del público, ya sea que el dinero venga del sector público o del privado”, manifestó el parlamentario, quien es proyectista de esta iniciativa.
Leite indicó que si los estatutos de estas organizaciones establecen que son de bien público, deben ser sujetos de control y de monitoreo del Estado puesto que están exentos del pago de impuestos. El legislador mencionó que este proyecto nace a partir del inexistente control actual sobre el uso y el origen del dinero que reciben muchas ONG.
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“Cuando le pedimos informes a las organizaciones de la sociedad civil de bien común que nos cuenten cómo se gastaron 17 millones de euros de la transformación educativa, nos dijeron ‘no le podemos contar porque tenemos una cláusula de confidencialidad con el donante’ y dónde queda la ley información pública y el interés del ciudadano”, cuestionó ante la 650 AM.
Existe literatura jurídica sobre la necesidad de transparentar a las ONG y que estas presenten rendiciones de cuentas, afirmó el senador, quien indicó que actualmente las organizaciones que residen en nuestro país no están obligadas a hacerlo porque no existe ninguna legislación al respecto. “Nos toca ser los malos de la película”, sostuvo.
Si bien existen ONG que se pronunciaron en contra de esta iniciativa, otras organizaciones se mostraron abiertas a ser controladas, indicó el legislador. “Las que actúan encubiertas sobre un proceso de supuesto bien público son las que no te quieren contar a quién contratan”, aseveró.
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“Es notoriamente inadmisible”, juez rechaza in limine amparo de ONG contra la CBI
El juez civil Guillermo Trovato rechazó el pedido de amparo promovido por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), que pretendía a través de la garantía constitucional no responder a las consultas de la Comisión Bicameral de Investigaciones contra el lavado de activos. Además de ratificar el carácter legítimo de esta comisión, el juez rechaza de manera “in limine” porque es improcedente e inadmisible, sentencia en su fallo.
“La presente acción de amparo constitucional es notoriamente inadmisible, es decir, sin entrar a analizar la fundabilidad de la misma, de los términos del escrito de promoción de demanda, surge que debe ser rechazada debido a su inadmisibilidad”, reza el escrito del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, José Guillermo Trovato Fleitas, quien rechaza el amparo promovido por la organización sin fines de lucro.
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Esta ONG pretendía evitar el control estatal al manejo del dinero recibido del extranjero en concepto de cooperación. De a cuerdo a su página web, “apunta a incidir en la calidad de la democracia, en el mejoramiento del sistema judicial, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos”, accionó ante la Justicia contra la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para evadir el control estatal de sus cuentas.
Semanas atrás, el CEJ había accionado ante la justicia buscando evitar la entrega de información financiera requerida por la CBI, que investiga posibles irregularidades en la gestión de fondos de la organización. La comisión de investigación había solicitado informes sobre los montos recibidos, gastos realizados y documentos comprobantes vinculados al programa de asistencia internacional correspondiente al período de enero de 2022 a junio de 2024.
No obstante, el CEJ argumentó que dichos documentos contenían información confidencial que afectaba a terceras personas, por lo cual se negó a proporcionarlos, alegando la protección de la privacidad en el marco del Convenio de Asistencia para el Desarrollo entre los Estados Unidos (USAID) y Paraguay.
Este fallo judicial fortalece la postura de la CBI en su esfuerzo por asegurar la transparencia y el control estatal sobre el uso de fondos públicos y de cooperación internacional.
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A 10 años de la ley de acceso a la información pública destacan avances
En el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la promulgación de la ley de acceso a la información pública, el Ministerio Público organizó un conversatorio interinstitucional, a través de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El debate fue encabezado por el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández.
Esta oportunidad que sirvió para compartir las buenas prácticas, una observación interna de las áreas públicas que tienen a su cargo el procesamiento y cumplimiento de la ley, compartiendo las buenas prácticas a nivel local. Además, reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de accesibilidad. Igualmente, se visualizó los datos abiertos como mecanismo de transparencia y participación ciudadana.
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El debate contó con la colaboración y disertación de la politóloga Eugenia Braguinsky, experta en políticas de acceso a la información pública, transparencia y gobierno abierto. Además, la misma fue directora de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública de la Argentina y es coordinadora de la Red Iberoamericana de Justicia Abierta, quien disertó sobre los avances en políticas e indicadores de accesibilidad de la información.
Otros expositores fueron el magister en derechos fundamentales, Abg. María José Bazán, quien compartió las experiencias en materia de rendición de cuentas, que fueron abordadas con la sociedad civil mediante el programa de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, a través del Centro de Estudios Judiciales CEJ y de la USAID. También, la mirada de la ciudadanía, desde las audiencias de rendición de cuentas en sus diversas modalidades.
Igualmente, disertó la directora Angélica Caniza, directora de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo de la Magistratura, sobre los mecanismos de Transparencia en el proceso de Selección. La lic. Mercedes Colman disertó en representación del Ministerio de la Mujer sobre el Observatorio de la Mujer y los datos que se comparten desde esa área.
La Abg. Elida Acosta Dávalos, de la dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, se refirió a los procesos de amparo judicial sobre casos de acceso a la información y al repositorio de casos judiciales.
Este evento se realizó en el marco de la política de administración y eje estratégico de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde la Fiscalía General agradecieron el interés y la presencia de los participantes, a fin de redituar en un mejor servicio a la ciudadanía.
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“Urge investigar financiamiento en las ONG”, afirmó periodista de Nación Media
La jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar, acudió ayer lunes en el Congreso Nacional, convocada por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para referirse a las publicaciones periodísticas sobre el uso de fondos públicos por las organizaciones no gubernamentales (ONG). “Urge transparentar el financiamiento en las ONG”, ratificó la periodista.
“Dije en el Congreso que hay muchas formas de financiar y esponsorear. En este caso, se hizo a través de proyectos rimbombantes, y es un grupo de gente dedicada a la política que vendía consultorías en el marco de este proyecto”, indicó Escobar, este martes, en “Arriba hoy”, por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, en referencia al convenio de asistencia entre el anterior gobierno de Mario Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El caso fue expuesto por el departamento de investigación de Nación Media y Escobar manifestó que, por un lado, se observa a un grupo mediático que sigue la línea del convenio y, por el otro lado, se encuentran las intenciones de ingresar en el plano de la justicia y presionar al sector. “Entonces, los ‘luchadores contra la corrupción’, que son políticos, adversarios en este caso del oficialismo, siguen ciertas causas y las instalan, direccionando el interés de la opinión pública. Urge transparentar el financiamiento en las ONG”, remarcó la periodista de Nación Media.
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Alcances de las ONG
“¿Cómo se reivindicaron las ONG en los últimos años? Por pelear por la transparencia, el cuidado del uso de dinero público contra el nepotismo, sin embargo, es lo mismo que hacen a puertas cerradas y quieren hablarnos de plata del sector privado cuando no es así”, sentenció Escobar.
Recordó que en torno a los casos de los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) para ONG, lo cual forma parte de la investigación iniciada por la CBI, se habla de desembolsos del gobierno norteamericano y la anterior administración abdista.
“Eso fue lo que me fui a exponer ante el Congreso. Había toda una operación política detrás de todos estos convenios; se hablaba siempre del escrache selectivo y ahora se entiende por qué y la línea a seguir es aglutinar a algunos medios de comunicación, a quienes llaman aliados”, subrayó.
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Periodista confirma que existe un grupo de ONG ligado a políticos de la oposición
La Comisión Bicameral de Investigación sobre antilavado mantuvo en la fecha una sesión abierta en la que participaron algunos periodistas dedicados a la investigación y analistas. En ese marco, fue invitada la periodista y directora de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar, quien realizó una presentación de su trabajo basado en indagaciones que realizó sobre un grupo de organizaciones sin fines de lucro que se han convertido en grandes corporaciones por la enorme cantidad de dinero recibido, tanto del exterior así como también de recursos provenientes del Estado paraguayo.
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Escobar comenzó señalando que toda la información a la que accedió fue gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como la colaboración de personas que están entorno a estas organizaciones civiles que cansadas de la situación del gran festín que se hace con el dinero de afuera y del Estado comprometido.
Indicó que el estudio a las oenegés comenzó hace como 2 años, y que llegó a todo esto a raíz de una serie de otras investigaciones que tienen que guardan relación con otras oenegés, que parecieran ser otras organizaciones, pero que en realidad tienen otros nombres pero vinculados al mismo grupo de personas. Remarcó que ha encontrado que detrás de este grupo de ONG está siempre el mismo grupo de personas, llamativamente políticos de la oposición.
“Quiero aclarar que no están mal las oenegés, nadie quiere satanizar a las organizaciones porque también quiero decir que hay oenegés que trabajan muy bien. Pero están otras organizaciones no gubernamentales que son en realidad grandes corporaciones por el volumen de dinero que reciben y ejecutan. Podrán ver que las que están a la cabeza y que de alguna forma están direccionando la opinión pública, tergiversando y contaminando lo que es una lucha anticorrupción. Podrán notar que todas están lideradas por políticos”, precisó.
Sponsorear en política
Rosana Escobar indicó que cuando se habla de financiamiento político en campañas electorales no se debería pensar solo en lo económico, ya que hay muchas formas de “sponsorear” en política: puede ser una entrevista en medios de prensa o promoción en redes sociales, pero señaló que se ha colocado a una buena parte de políticos de la oposición, a los que les cuestionó porqué no conformaron su partido político.
Mencionó además que detrás de los grupos políticos, también hay algunos periodistas “que se hacen llamar expertos y que también tienen la exclusividad de participar en estos debates. Además a agencias publicitarias que canalizan las campañas de comunicación”, acotó.
Señaló que esta es una forma de financiar a gente que tiene ideas y que cree está bien. “Creo que llegó el momento de sincerarnos, y saber quién es quién, cuánto cobran y sobre todo el impacto. Saber qué beneficios trae para la ciudadanía, para el Estado paraguayo, teniendo en cuenta que es el que firma los convenios con el organismo multilateral internacional a través de la Cancillería de la República”, mencionó.
Esquema vigente
En otro momento, la periodista Escobar confirmó ante el plenario que todo este esquema de operación de oenegés con políticos involucrados sigue vigente con los mismos actores. “Lo que cambia muchas veces, son los nombres de proyectos, pero sigue siendo el mismo grupo. Reitero, que estamos hablando de un grupo reducido, que parece mucho, pero en realidad no son muchos. Es un grupo cerrado de gente, que gana muy bien con las consultorías”, precisó.
Mencionó que esta situación ya está generando mucha decepción, porque tuvo oportunidad de hablar con los miembros de la coalición por la legalidad. Indicó que muchas organizaciones civiles que confiaron, pero que no supieron nunca que había tanto dinero de por medio, y que algunos líderes estaban cobrando.
Infiltración e injerencia
Otro de los invitados de la CBI fue el presidente de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa), José Ocampos, quien expuso que su presentación no va contra aquellas oenegés que llevan una gestión loable y en beneficio de los sectores más vulnerables. Lo que sí señaló que está notando una grave infiltración e injerencia de ciertas oenegés que están buscando introducir ciertas ideologías en el país.
“Estamos ante una de las políticas de infiltración más grandes de la historia del Paraguay”, remarcó luego de presentar ante el pleno una serie de documentos, publicaciones y videos que evidencia su teoría.
“Se corrieron las cortinas y nos enteramos de los millones de dólares y millones de euros que entidades privadas envían al Paraguay para que algunos compatriotas trabajen por el dinero en la imposición legal de esas políticas de Estado de intereses privados de empresas en el país. Un verdadero ejército de legionarios 2.0 que por dinero entregan a su país para trabajar en temas de educación, salud, temas culturales, ni qué decir temas ambientales”, expresó.
Asimismo, la CBI invitó al periodista Enrique Vargas Peña, quien en constantes ocasiones ha denunciado la violación del artículo 126 de la Constitución Nacional por parte de algunas oenegés insertas en algunas instituciones del Estado; porque están buscando a través de sus medios, filtrar sus estrategias de gobernanzas que colisionen con la democracia que se tiene en el país, poniendo incluso en riesgo su estabilidad.
En conclusión, señaló que está muy de acuerdo con que se apruebe la ley de transparencia de las oenegés, y considera muy importante, que esta CBI pueda determinar si se están violando las normas de financiamiento político.
“Creo que es justo que todos sepamos quién es quién, y donde está parado, pero para eso, la gente no tiene que tener miedo. La lucha por la opinión publica depende de una cosa fundamental, de que nosotros los que estamos de lado del Paraguay, seamos los defensores de la democracia, de la libertad. Cuando logremos, eso, ellos quedarán como el proyecto autoritario. Uno de ellos, es el proyecto del Foro Económico Mundial, y lo reafirmo categóricamente”, sostuvo.
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