El senador Gustavo Leite habló sobre la importancia de que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sean sometidas a un control por parte del Estado, sobre todo cuando estas reciben fondos por parte de organismos estatales e igualmente cuando se financian de entidades privadas, dado que las mismas administran sumas millonarias, no tributan y actualmente no se sabe a qué se destinan estos recursos.

“Tengo la esperanza de que esta ley va a salir a luz y que los paraguayos vamos a tener claro a quién contratan, con qué fin y qué resultados tuvieron y así todos vamos a ser iguales ante la ley y vamos a tener la obligación de rendir cuentas cuando trabajamos en pos del público, ya sea que el dinero venga del sector público o del privado”, manifestó el parlamentario, quien es proyectista de esta iniciativa.

Leite indicó que si los estatutos de estas organizaciones establecen que son de bien público, deben ser sujetos de control y de monitoreo del Estado puesto que están exentos del pago de impuestos. El legislador mencionó que este proyecto nace a partir del inexistente control actual sobre el uso y el origen del dinero que reciben muchas ONG.

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“Cuando le pedimos informes a las organizaciones de la sociedad civil de bien común que nos cuenten cómo se gastaron 17 millones de euros de la transformación educativa, nos dijeron ‘no le podemos contar porque tenemos una cláusula de confidencialidad con el donante’ y dónde queda la ley información pública y el interés del ciudadano”, cuestionó ante la 650 AM.

Existe literatura jurídica sobre la necesidad de transparentar a las ONG y que estas presenten rendiciones de cuentas, afirmó el senador, quien indicó que actualmente las organizaciones que residen en nuestro país no están obligadas a hacerlo porque no existe ninguna legislación al respecto. “Nos toca ser los malos de la película”, sostuvo.

Si bien existen ONG que se pronunciaron en contra de esta iniciativa, otras organizaciones se mostraron abiertas a ser controladas, indicó el legislador. “Las que actúan encubiertas sobre un proceso de supuesto bien público son las que no te quieren contar a quién contratan”, aseveró.

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