Desde el inicio de su instalación el pasado 26 de agosto, desde la Comisión Antilavado indicaron que algunas organizaciones sin fines de lucro (ONG) se resistieron a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.

Ante esta situación, el senador Gustavo Leite manifestó que aguardan la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de recurrir al auxilio de la Justicia para intimar a las mismas que remitan las documentaciones requeridas desde el ámbito legislativo.

“Muchas organizaciones se negaron a darnos datos. Ahora hay un marco legal y estimo que vamos a tener que recurrir lastimosamente a la Justicia. Las comisiones bicamerales de investigación de todos los congresos del mundo tienen poderes constitucionales que les permite requerir informes hasta a particulares, vamos a seguir insistiendo”, sostuvo a la 1020 AM.

Asimismo, el parlamentario acotó que no se quiere entrar y secuestrar los documentos. “Esto se hace por las buenas, aquí la ciudadanía tiene que saber en qué se gasta la plata, no es para perseguir a nadie. Yo no creo que los allanamientos sean necesarios porque la Justicia puede denegar o puede ordenar que las organizaciones traigan sus documentos”, aseguró.

Leite detalló que la comisión bicameral de investigación encontró hechos llamativos en las oenegés que recibieron financiamiento de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Unión Europea (UE).

“El que trabaja con el Estado paraguayo tiene que estar en condiciones de rendir cuentas. Nunca estuvo en nuestro espíritu ni allanar, garrotear ni perseguir. Hay personas, medios de comunicación, periodistas que no desean que sus nombres se revelen y se resistieron hasta ahora, pero vamos a seguir insistiendo por las buenas”, mencionó.

El congresista agregó: “Jamás vamos a pedir que se secuestre o se allanen a las oenegés, esto solo es para los delincuentes, no creemos que las oenegés estén metidos en temas delictivos, pero sí creemos que esconden información”.

Finalmente, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de cuentas y el impacto positivo para la ciudadanía.

En el mismo decreto, se encomienda al Ministerio de Economía y Finanzas que, a través del Equipo Nacional Estrategia País (ENEP), se inicien los trabajos para la reglamentación de la ley de manera participativa con todos los sectores involucrados. Eso implica que la aplicación e implementación de la normativa no será inmediata y, además, se abre nuevamente un diálogo para garantizar que se cumpla con la finalidad para la cual fue creada.

Cabe resaltar que el ENEP está integrado también por representantes de la sociedad civil lo que demuestra que la ley está lejos de ser un “garrote”, tal como falsamente quisieron instalar ante la opinión pública varias de estas organizaciones. Lo irónico es que muchas de estas oenegés son las que precisamente se embanderan con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Acá lo importante es que finalmente el Gobierno, representado por los tres poderes del Estado, legítimamente constituidos, va a poder requerir informes y las organizaciones estarán obligadas a proveerlos y publicarlos en su página web para que toda la ciudadanía conozca los detalles de lo que hacen, quiénes son sus aportantes y en consecuencia a qué intereses responden.

Es importante recalcar lo que mencionaba el senador Gustavo Leite, uno de los proyectistas de la ley, quien aclara que acá no se prohíbe nada sino lo que se busca simplemente es que quienes quieran hacer política pública o incidir en la gestión pública sin pasar por las urnas, tengan que demostrar de dónde vienen sus fondos y, por tanto, para quiénes trabajan.

Está claro que hace referencia y afecta exclusivamente a aquellas organizaciones y entidades que tienen algún tipo de participación e incidencia en las políticas públicas, que es donde precisamente estos sectores intentan instalar las agendas foráneas que son bien conocidas y que, en muchos casos, atentan contra los pilares de nuestra sociedad.

Por eso lo que realmente molesta e indigna es que quienes tanto pregonan la transparencia y la tolerancia sean los que más se oponen al control de su gestión y sus cuentas. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó en la tarde de este viernes el proyecto de Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La normativa fue sancionada por el Congreso Nacional en octubre pasado, y con la promulgación del Poder Ejecutivo ya se encuentra en carácter de Ley.

“Promulgué la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La Ley busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de cuentas y el impacto positivo para la ciudadanía”, expresó el mandatario en su cuenta oficial de X.

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El mandatario también adelantó que solicitó que se realice de manera inmediata el trabajo de la reglamentación de esta nueva ley de control y trasparencia para su puesta en vigencia. “He solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que, a través del Equipo Nacional Estrategia País (ENEP), se inicien los trabajos para la reglamentación de la Ley de manera participativa con todos los sectores involucrados”, anunció el presidente.

Días atrás, Peña ya había anunciado que estaría promulgando esta normativa, y aseguraba que la misma no cercenará los derechos de ninguna organización, mientras tanto sostuvo que nadie puede estar renuente a los controles.

“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fundamentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, fueron las expresiones del presidente en su momento.

Durante el tratamiento en el Congreso Nacional, en primera instancia, la Cámara de Senadores había aprobado el proyecto, en tanto que en el análisis por parte de la Cámara de Diputados fueron incluidas algunas modificaciones. En una segunda vuelta, el Senado aceptó estas modificaciones y finalmente sancionó el proyecto de ley y fue remitido al Poder Ejecutivo.

Esta ley establece que se entiende como OSFL, todas aquellas organizaciones que reciben y administren recursos públicos o privados, nacionales o internacionales y que busquen incidir en los programas públicos.

Quedarán excluidos de la normativa aquellos organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.

También quedarán excluidos de los alcances de la presente ley, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.

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El senador Eduardo Nakayama sostuvo que urge el cambio de las leyes para los casos de los que conducen en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes. La postura del senador se dio tras el trágico accidente de tránsito que se registró en San Bernardino, donde fallecieron cuatro personas.

En este caso, el conductor que ocasionó el siniestro dio positivo a la prueba de alcoholemia, y en este punto, el senador sostuvo que es el momento de trabajar en una legislación para aumentar la pena, incluso a 15 años de pena privativa en los casos en que se registren muertes en accidentes de tránsito y los conductores estén sobre el efecto del alcohol o estupefacientes.

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“Es un homicidio culposo definitivamente, porque lo que modifica o cambia de la culpa al dolo es la intencionalidad, es decir, difícilmente uno quiera salir a matar, eso creo que queda claro, pero la culpa también tiene sus graduaciones”, lamentó Nakayama.

Mencionó que además del alcohol, se suma la gran velocidad y la imprudencia al conducir, son elementos que componen una falta gravísima en el tránsito. “En esos casos nosotros tenemos que aumentar las penas, porque no es posible que la expectativa hoy sea solo dos años por manejar ebrio, y hasta ocho años, en los casos que es el agravante del homicidio culposo por manejar bajo los efectos del alcohol”, expresó.

El legislador habló de aumentar el máximo de pena a 15 años, en los casos en que los accidentes de tránsito ocurran por la ingesta de alcohol o estupefacientes, y se registren víctimas fatales. “En esos casos se tiene que aumentar la expectativa de pena, por lo menos al doble, a quince años, porque es una cuestión que no podemos seguir tolerando, permitiendo, vemos que la principal causa de muerte en el Paraguay son los accidentes de tránsito, y en gran medida, el alcohol tiene un componente fuerte dentro de estos accidentes”, apuntó.

Así mismo, agregó que no se puede permitir que siga existiendo la impunidad en estos casos. “No podemos seguir lamentando que queden con este tipo de impunidad, de accidentes tan horribles, como el que ocurrió en la víspera en San Bernardino y que se repite a lo largo y ancho de todo el país”, sentenció.

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