Actores de la oposición han salido al paso para expresar su rechazo hacia el proyecto de ley que busca impulsar un mayor control sobre las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Entre ellos se encuentran el senador Eduardo Nakayama, Agustín Carrizosa y el exintendente de Asunción, Martín Burt.
Los detractores cuestionan la búsqueda de transparencia con la iniciativa legislativa y alegan persecución sobre organizaciones privadas con el proyecto. No obstante, cada uno ya había sido expuesto a través de una serie de publicaciones por sus vínculos con alguna ONG.
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En el caso del senador Nakayama, la Unidad de Investigación de Nación Media detalló la manera en que Celsa Rodríguez, funcionaria de confianza del parlamentario que había sido colocada en su despacho, forma parte de la Fundación de Apoyo a la Educación Tecnológica (Fundatec).
Dicha ONG había firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo para cursos de capacitación durante la administración de Carla Bacigalupo. Recibió transferencias por G. 1.822 millones entre el 2022 y 2023 y el clan familiar de su presidente se constituía como operadores políticos favorecidos con sueldos y honorarios.
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Más vínculos
En cuanto a Carrizosa, uno de los asiduos opositores al control para las ONG, se presenta como presidente de la organización Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD). Esta había sido expuesta por rapiñar fondos públicos en pandemia con sueldos para el clan del presidente de la organización.
Así, instalando un esquema de repartija de millones de dólares, publicado por la Unidad de Investigación de Nación Media, entes estatales llegaron a destinar la suma de G. 6.093 millones para el CIRD.
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Esto mientras la ONG actuaba como una agencia de empleos para los familiares de Carrizosa y Francisco Alcaraz, coordinador del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”, una de las iniciativas encaradas por la ONG.
Por otra parte, el exintendente de Asunción, Burt, es titular de la ONG Fundación Paraguaya y acudió el lunes hasta el Congreso con el objetivo de expresar su rechazo hacia el proyecto de control a las oenegés que busca estudiarse en la Cámara de Senadores.
Burt alegó una presunta persecución a las organizaciones, cuando la iniciativa busca aplicar un mayor control sobre el origen del dinero de las ONG, así como el concepto del gasto de las mismas. Esto aparte de aplicar un registro integral sobre cada una de las organizaciones, para tener un detalle específico de cada una.