El ministro del Interior, Enrique Riera, asistió a la reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), considerando que comenzaron los estudios con el foco en la seguridad nacional. El secretario de Estado destacó que se hayan fijado las prioridades del Gobierno nacional sobre seguridad, además de salud y educación.

“Hemos registrado un salto importante en asignación presupuestaria. Lo que teníamos era de USD 7 millones y esto pasará a USD 17 millones; de esto, USD 3 millones se destinarían a las tobilleras. Defenderemos el presupuesto asignado”, expresó el ministro ante los medios en el Congreso.

En cuanto al fortalecimiento del cuerpo policial, para Riera se está observando progresos significativos dentro de la Policía Nacional, consiguiendo los desembolsos necesarios para incorporar a 5.000 nuevos efectivos policiales, implementando las modificaciones correspondientes.

El secretario de Estado recordó que, a través de los fondos de la Itaipú Binacional también se contribuirá al refuerzo institucional y funcional del Ministerio del Interior. Esto se sumaría al presupuesto general a ser asignado, con lo cual se apunta a una transformación total a través de la cartera.

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Riera manifestó que se desarrollarán algunos ajustes de forma al presupuesto previsto para el Ministerio del Interior, con respecto a especificar de mejor manera algunos detalles en torno a asignaciones. No obstante, aclaró que esto no afectaría al monto total designado.

La CBP comenzó este lunes la serie de encuentros que estará llevando adelante para el estudio del Presupuesto General de la Nación 2025 (PGN). Aparte del ministro Riera, también participó el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, bajo la línea de seguridad nacional priorizada en la jornada del día.

También concurrió el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien destacó la posibilidad de mejorar y transformar el sistema penitenciario nacional, a través de un presupuesto más fortalecido para la cartera. Los secretarios de Estado coincidieron en la necesidad de respetar el PGN establecido desde el Ejecutivo.

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El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha solicitado formalmente este lunes el arresto del presidente de Argentina, Javier Milei, acusado de un delito de “robo” por el caso del avión venezolano-iraní que quedó retenido en Buenos Aires en 2022 y fue enviado a Estados Unidos este año.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la semana pasada el inicio de los trámites contra el mandatario argentino, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La Sala de Casación Penal del TSJ vincula a todos ellos con una batería de delitos que incluyen “robo agravado”, “privación ilegítima de libertad” e “interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil”, entre otros.

El avión, de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo quedó inmovilizado en Argentina en junio de 2022 con 19 tripulantes venezolanos e iraníes que fueron detenidos en un inicio por supuestos vínculos con el terrorismo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclamó la aeronave por sospechas de que servía para operaciones encubiertas en la región.

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Al anunciar las investigaciones sobre Milei, Saab aseguró el pasado miércoles que el presidente argentino “se ha convertido en un peligro brutal para todo el hemisferio” y abrió la puerta a otras pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad, después de condenar los “ataques” contra ancianos y jóvenes durante las manifestaciones contra el Gobierno.

El Ejecutivo argentino condenó las medidas de la Fiscalía venezolana y se desvinculó del pulso en torno al avión de Emtrasur, en la medida en que fue resuelto por el poder judicial “independiente” del Gobierno. Buenos Aires también ha recordado a Caracas que en el país “impera la división de poderes y la independencia de los jueces”, a diferencia de lo que “lamentablemente” ocurre en Venezuela.

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Fuente: Europa Press.

El proceso de licitación para la adquisición de tobilleras electrónicas está suspendido momentáneamente dado que aún se aguarda el dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) respecto a las protestas presentadas por varias empresas. No obstante, el ministro del Interior Enrique Riera afirmó que los recursos están garantizados para esta compra.

“Se llamó a licitación y se presentaron ocho empresas, lamentablemente hay protestas entre privados que están hoy en la DNCP y eso es lo que está impidiendo que abramos los sobres y adjudicar a alguien, pero sí puedo garantizar que tenemos USD 3 millones que están presupuestados por el Ministerio de Economía y Finanzas”, expresó Riera.

Asimismo, añadió que mantienen la expectativa de que antes de fin de año este inconveniente sea subsanado y se pueda pasar a la siguiente fase del proceso que es la apertura de sobres de las ofertas presentadas por las empresas que buscan ser proveedoras del servicio. En principio se adquirirán 20 tobilleras por mes hasta llegar a las 100 unidades.

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“Después el tope de momento es llegar a 1.000, pero creemos que con esto vamos a dar una gran respuesta a una sentida necesidad”, manifestó a la 1020 AM. El secretario de Estado recordó que la ley de tobilleras recobró relevancia durante este periodo de gobierno, pese a que ya estaba sancionada desde hace varios años.

“La ley tiene siete años de antigüedad, pero seis años estuvo sin reglamentación. Cuando asumimos nosotros nos dimos cuenta de que ese era el impedimento y se redactó el decreto reglamentario rápidamente. Esto funcionará en coordinación de cuatro instituciones, el Ministerio de Justicia y del Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial”, precisó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, destacó que no puede haber desarrollo sin seguridad. A través de sus redes sociales, el mandatario ratificó el firme compromiso de fortalecer la capacidad operativa de los organismos de seguridad para garantizar el orden y la protección de todos los ciudadanos.

Con ese propósito, el presidente Peña mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Enrique Riera, en Mburuvichá Róga.

En ese contexto, el jefe de Estado detalló que junto con Riera evaluaron sobre temas estratégicos y definieron las próximas acciones en materia de seguridad. “Estamos enfocados en fortalecer nuestra capacidad operativa para garantizar el orden y la protección de todos los ciudadanos”, expresó el mandatario.

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Durante su visita al departamento de Caazapá en la semana pasada, el presidente remarcó su compromiso con la Policía Nacional mediante un apoyo real, que contempla recursos económicos e inversión en capital humano para que puedan trabajar mucho mejor, con la única condición de que “le cuiden a nuestra gente”.

En dicha oportunidad, también había anunciado la compra de 700 patrulleras para la Policía Nacional, de las cuales 250 serán entregadas en este mes de setiembre para su posterior distribución a los diferentes municipios.

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