Desde la Cámara de Senadores se busca estudiar un proyecto de ley que busca ejercer un mayor control sobre las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), manteniendo un sistema de rendición de cuentas más efectivos sobre sus fondos y gastos.
No obstante, representantes de dichas organizaciones han salido al paso para manifestar su descontento. Tal es el caso de la ONG Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), de donde su presidente Agustín Carrizosa ha manifestado un supuesto ataque sobre las ONG.
Sin embargo, el CIRD había sido expuesto por rapiñar fondos públicos en pandemia con sueldos para el clan del presidente de la organización, instalando un esquema de repartija de millones de dólares a nivel familiar.
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La Unidad de Investigación de Nación Media había detallado en una serie de publicaciones acerca de cómo entes estatales destinaron la millonaria suma de G. 6.093 millones para el CIRD.
De acuerdo a datos corroborados, la fundación actúa como una agencia de empleos para los familiares de Carrizosa y Francisco Alcaraz, coordinador del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”, otro de los proyectos encarados por la ONG.
Ante este tipo de esquemas desarrollados por organizaciones como el CIRD, se busca aplicar el proyecto de ley de control a las ONG. El proyecto alcanzará a aquellas organizaciones que manejen fondos en relación directa con las actividades públicas, quienes deberán registrarse ante el Ministerio de Economía, además de presentar un registro de sus fuentes de financiamientos, entre otros controles.
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Ley de búsqueda y localización de desaparecidos apunta a la creación de centro de evaluación de casos
El viceministro de la Niñez y la Adolescencia, Eduardo Escobar, dio detalles de lo que esta cartera de Estado propuso al Senado como modificaciones al proyecto de ley “que establece el marco legal para el procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas y crea su registro”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Esta semana, el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, se reunió con senadores para presentar la propuesta, de crear una Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, dependiente de la Policía Nacional.
“Este es un anteproyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, nosotros lo que buscamos con esto es, proponer enriquecer y darle una dinámica más operativa”, explicó el viceministro en entrevista a la 780 AM.
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Señaló que, si bien, se trata de un proyecto muy loable, el ministerio plantea que esta normativa sea más operativa. “Lo que tenía el anteproyecto, muy loable de por sí, un proyecto muy necesario, pero lo que vimos es que, creaba un comité, una comisión, pero quedaba otra vez en lo macro, no tenía mucha operatividad”, indicó.
Agregó que esta iniciativa se dio por instrucciones del propio ministro Gutiérrez. “Entonces desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, por instrucciones del ministro Walter Gutiérrez, le dimos ese marco de operatividad, incluso proponemos la elevación a Dirección del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional. Ya existe una dependencia de la Policía Nacional que trabaja sobre estos casos”, manifestó.
Explicó que el objetivo es la creación de una dependencia o un centro de evaluación de cada uno de los casos, ateniendo a la complejidad con que cuenta cada situación en torno a la desaparición de un niño, niña o adolescente.
“Todos los casos de desaparición son graves, pero hay que delimitar la naturaleza, muchas veces se produce que niños y adolescentes, que hay problemas conductuales, por ejemplo, pero también tenemos los casos graves que puede ser que el niño puede ser víctima de abuso sexual, de maltrato, de trata”, expresó.
Esta situación es la que pretende corregir esta nueva normativa, de ser sancionada por el Congreso. “Nosotros no sabemos las circunstancias y esa subclasificación de los motivos es lo que no tenemos de una forma precisa. Esto es lo que viene a corregir este proyecto de ley”, puntualizó.
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Diputados aprueba con modificaciones proyecto que eleva penas por sustraer energía eléctrica
En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, este miércoles se aprobó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 173 de la Ley Nº 1.160/1997 - Código Penal”, que refiere al hecho punible de sustracción de energía eléctrica. La propuesta que cuenta con media sanción fue resultado de una fusión de dos proyectos provenientes del Senado, el documento que fue modificado vuelve a la cámara de origen.
En comunicación con el programa Así son las Cosas, que se emite por Universo 970 y GEN de Nación Media, el diputado Derlis Rodríguez explicó las modificaciones que planteó a sus colegas y que fueron aprobadas por el plenario.
Indicó que las modificaciones que se pretende en el artículo 173 establecen que la conducta de sustracción de energía eléctrica, tipificada ya con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa, será castigada con esta nueva ley con pena carcelaria de entre dos y diez años, más el comiso de los elementos o dispositivos utilizados para el efecto.
“Bajo el acompañamiento técnico de la Ande, se propuso una nueva redacción que vino del Ejecutivo, en su momento el Senado, pero ahí cercenaron principalmente lo de la sustracción para poder disminuir la pena. Y toda la parte fundamental de todo este proyecto fue dejado de lado. Sobre lo que hace a la incautación de las máquinas que hoy no se está haciendo”, indicó.
Volver a la propuesta original
Cuando se analizó en comisiones de la Cámara Baja, previo a su estudio en el plenario, el legislador Rodríguez planteó volver a tener en cuenta la propuesta original. Indicó que la ley vigente planteaba sanciones de manera genérica, con penas que iban de 6 meses a 3 años con penas privativas de libertad.
Ahora, indicó que con la modificación aprobada por Diputados, se estableció pena carcelaria de entre dos y diez años, más el comiso de los elementos o dispositivos utilizados para el efecto. Teniendo en cuenta que actualmente las granjas de criptominería están en locales alquilados y como las máquinas no son propiedad del arrendatario, por tanto no se puede incautar.
“La sustracción de la energía eléctrica se hace a través de una cuenta corriente que tiene cada persona que solicita a la Ande. Entonces, se le procesa al que es titular y supuestamente el que trae las máquinas e instala esas granjas son como un alojamiento nada más y cuando se hace el procedimiento de intervención, no se incautan las máquinas, porque son del dueño del local”, indicó.
Agregó que se busca desalentar que la gente que se embarque en esta travesía de instalar granjas de criptominería, ya que la legislación actual no contempla sanciones severas o en todo caso se exponen a un riesgo mínimo.
“Con esta ley que ya tiene media sanción, cuando se allana e incautan entregando a la Ande, buscamos desalentar y también buscamos que el Estado deje de perder, porque hoy la pérdida es de casi 100 millones de dólares”, comentó.
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Analista advierte sobre el asedio y la falta de control de las ONG en Paraguay
El abogado y analista económico Víctor Pavón habló acerca del asedio y la falta de control en el financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que pretenden instalar ideologías y proyectos políticos que van en contra de la propia Constitución Nacional.
“Ocurre que estamos asediados por ideas, lamentablemente muy fuertes. La Constitución del Paraguay no puede estar supeditada en igual rango a los tratados internacionales relacionados a los derechos humanos y, en consecuencia, nuestra Constitución Nacional. Eso es algo que no podemos relegar dejar de lado”, señaló en el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Pavón indicó que existen factores o elementos políticos incluso que provienen del extranjero, que “quieren poner sus garras en el Paraguay”, y uno de esos elementos, además del tema de la justicia donde quieren equiparar los tratados de derechos humanos con la Constitución, está el tema del cambio climático, y otras ideologías.
Creen que están por encima de las normativas
“Cuando por ejemplo, el senador Gustavo Leite presenta con otros proyectistas la necesidad que las ONG puedan ser también controladas en el uso de sus recursos, ocurre que ciertos representantes que tienen su asiento económico con estas oenegés saltan, como diciendo que ´nosotros no podemos ser controlados por el Estado, porque nosotros incluso estamos por encima de las normativas paraguayas´”, cuestionó.
El analista reiteró que se debe tomar muy en cuenta esta cuestión, ya que el asedio de estas organizaciones es muy grande en Paraguay y éstas deben ser controladas. Añadió que Paraguay está yendo por un buen camino. “Todas estas agendas que vienen del extranjero necesitan que en el Paraguay haya una disminución de la actividad productiva y en el Paraguay, diferencia que muchos creen, estamos yéndonos por un buen camino. Todo esto que estamos llevando a cabo en el Paraguay es algo que por supuesto todavía podemos avanzar mucho más”, puntualizó.
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Alertan a Paraguay sobre influencia de ONG en la CIDH
El presidente de Global Center for Human Rights, Sebastian Schuff, y la directora de investigación, Maria Anne Quiroga, acompañados de los miembros de la bancada de Honor Colorado, realizaron una conferencia de prensa para alertar sobre la influencia de las Organizaciones No Gubernamentales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Quiero mostrarles un fracaso, esto es un fracaso. ¿Por qué digo que es un fracaso?, porque en ese momento nosotros creíamos que eran ONG multimillonarias, países europeos y empresas que estaban tratando de comprar a la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en San José de Costa Rica”, dijo Schuff.
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Explicó que desde el primer informe que se hizo público, dieron cuenta que la CIDH y la Corte, el sistema Interamericano de Derechos Humano “no solamente continuaron, sino que profundizaron este camino de opacidad, de falta de transparencia y de recibir fondos condicionados”.
Agregó que la Corte Interamericana, a pesar de estar al tanto de que se recibieron fondos irregulares optaron por seguir recibiendo. “En el último informe de transparencia que sacó la CIDH, lo llaman transparencia, pero no dice mucho, lo sacó la semana pasada y ahí estipula que el 55 % de los fondos que reciben no proviene de los fondos regulares de los Estados, es decir, la Corte Interamericana se enteró de esto y eligieron el camino de seguir recibiendo fondos condicionados”, cuestionó.
Cómo las ONG influyen con dinero
Sebastián Schuff citó algunos de los casos emblemáticos en los cuáles la CIDH intentó “doblegar” a Paraguay. “Primero el caso Mainumby, ese caso comienza en el 2015, un caso bastante trágico, que ONG muy bien financiadas se aprovechan para usar ese sistema y la CIDH trata de doblegar al Paraguay para legalizar el aborto, no le salió bien”, citó. También habló sobre el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes recurrieron a la Corte Interamericana presentándose como víctimas, solicitando unos USD 100 millones de resarcimiento.
“Arrom y Martí, dos terroristas, secuestradores conocidos, aducen ser víctimas, piden 100 millones de dólares al sistema como resarcimiento y Paraguay estuvo a 5 minutos de perder este caso, porque la CIDH lo empujó hasta más no poder, la CIDH acusó al Paraguay y por esto a la Corte no le quedó otra que decir que fue una mentira, eso fue la segunda vez que Paraguay se plantó ante esto”, refirió.
Ante el “fracaso” en estos dos casos en Paraguay, manifestó un caso ocurrido en El Salvador. “En un caso que se llamó Manuela, una joven salvadoreña que tiró a su bebé recién nacida a una letrina, la CIDH adujo que esto fue porque no existía el aborto en el continente americano, entonces querían generar un fallo que sea obligatorio no solo para El Salvador sino también para el Paraguay y fracasaron”, detalló.
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