Desde la Cámara de Senadores se busca estudiar un proyecto de ley que busca ejercer un mayor control sobre las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), manteniendo un sistema de rendición de cuentas más efectivos sobre sus fondos y gastos.
No obstante, representantes de dichas organizaciones han salido al paso para manifestar su descontento. Tal es el caso de la ONG Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), de donde su presidente Agustín Carrizosa ha manifestado un supuesto ataque sobre las ONG.
Sin embargo, el CIRD había sido expuesto por rapiñar fondos públicos en pandemia con sueldos para el clan del presidente de la organización, instalando un esquema de repartija de millones de dólares a nivel familiar.
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La Unidad de Investigación de Nación Media había detallado en una serie de publicaciones acerca de cómo entes estatales destinaron la millonaria suma de G. 6.093 millones para el CIRD.
De acuerdo a datos corroborados, la fundación actúa como una agencia de empleos para los familiares de Carrizosa y Francisco Alcaraz, coordinador del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”, otro de los proyectos encarados por la ONG.
Ante este tipo de esquemas desarrollados por organizaciones como el CIRD, se busca aplicar el proyecto de ley de control a las ONG. El proyecto alcanzará a aquellas organizaciones que manejen fondos en relación directa con las actividades públicas, quienes deberán registrarse ante el Ministerio de Economía, además de presentar un registro de sus fuentes de financiamientos, entre otros controles.
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