Este lunes, en la Comisión de Legislación del Senado se procedió al análisis del proyecto de ley que busca generar mayor control sobre las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), con el objetivo de avanzar sobre el dictamen de la propuesta legislativa y estudiar su aplicabilidad.

Analizamos la autoridad de aplicación de las sanciones, los tipos de sanciones a aplicarse, así como también los estatutos y registros por parte de las ONG a ser considerados”, explicó ante los medios de prensa del Senado, el congresista Luis Pettengill, tras la reunión de la mencionada comisión.

El parlamentario indicó que se ha pospuesto nuevamente el proyecto con el objetivo de esperar el parecer de cada uno de los estamentos involucrados en la iniciativa legislativa. El senador Gustavo Leite es uno de los principales proyectistas, quien enfatizó en la necesidad de garantizar la rendición de cuentas de las organizaciones.

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“Escuchamos a un montón de representantes de ONG que se hicieron presentes, haciendo notar su punto de vista sobre el tema. El estudio ya había sido postergado a fin de aguardar informes de las organizaciones privadas y así tener más datos para dictaminar sobre el proyecto”, señaló.

La propuesta ya había sido presentada a finales del año pasado y esti­pula la obligatoriedad de la inscripción de las ONG en un registro nacional, así como del deta­lle de las actividades y ope­raciones que realicen, además de los documentos que deben llevar las organizaciones.

Leite había enfatizado que con el proyecto de ley no se busca generar restricciones o algún tipo de prohibición sobre las organizaciones, sino establecer rendiciones de cuentas más claras en torno al dinero que reciben las ONG, así como también el gasto realizado por las mismas.

En un informe presentado, se había presentado que las asociaciones, comisiones vecinales, ONG, entre otras organizaciones privadas, han recibido del Estado paraguayo G. 111 mil millones, según reportes oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas. Al respecto, Leite fue muy claro en que las ONG no deberían recibir dinero del Estado.

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