La abogada María Victoria Rivas, que dirige la organización civil Centro de Estudios Judiciales, habló sobre las labores en investigaciones de hechos de corrupción. Destacó la necesidad de potenciar las herramientas del Ministerio Público para aplicar medidas más determinantes sobre dichos hechos en políticos.

“No podemos seguir encontrando intendentes y gobernadores metidos en la corrupción y que después vuelven a ganar elecciones. Esto es como un contrasentido, entonces no existen instituciones, fiscales ni jueces con posibilidad de combatir la práctica existente de que nos encanta votar por corruptos”, dijo.

Puntualizó que, con la indignación ciudadana sobre los hechos de corrupción, se debe trabajar para construir una mejor sociedad, no reducir todo únicamente a expresiones de molestias y no utilizar las insatisfacciones como una herramienta civil que brinde al ciudadano un rol activo en la reconstrucción de la justicia.

“De alguna forma hay que generar una mejor cultura cívica, con mejor capacitación o enseñando a la gente cómo votar, pero si no construimos ciudadanía, no vamos a encontrar recursos estatales suficientes para contrarrestar la corrupción”, lamentó para el programa “El Péndulo”, por Unicanal.

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Rivas remarcó que un proceso vinculado al crimen organizado o delitos económicos y financieros necesita de apoyos técnicos para la trazabilidad de los bienes y determinar pericias. Además, los profesionales especializados en el tema son costosos, sobre lo cual se dejaría entrever ciertas falencias presupuestarias.

“El Ministerio Público no cuenta con los recursos económicos suficientes como para llevar adelante investigaciones de alta complejidad, lo que se denomina ahora como crimen organizado”, especificó, a través de un ejemplo de los montos reales que deben destinarse para determinados casos.

Es decir, lo ideal sería que la Fiscalía gaste cerca de G. 650 millones como mínimo para la resolución de un caso de alta complejidad, mientras que en contrapartida solo gasta cerca de G. 2.800.000 por caso, de acuerdo a los propios datos presupuestarios publicados por el Ministerio Público.

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