Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos que investigan a Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, remitieron una nota al juez penal de Garantías Humberto Otazú para que el caso sea elevado a juicio oral y público. El Ministerio Público acusa al jefe comunal y a otros funcionarios por lesión de confianza por compras de víveres en pandemia.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez investigan a Prieto por lesión de confianza y asociación criminal en el sonado caso de “Tía Chela”, el minimercado que apareció como súper proveedor de la municipalidad durante la pandemia y para el cual se habría direccionado la licitación, causando un perjuicio a la comuna de unos G. 1.700 millones.
Por este mismo caso, también están procesados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Maggi Fariña Almada, Sebastián Martínez, Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Avalos Britos, Emili Vanesa Florentin Páez, todos ellos acusados por la comisión de lesión de confianza y asociación criminal.
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Prieto fue imputado en julio del 2023 por una licitación que data de marzo del 2020, cuando la pandemia empezaba a azotar a nuestro país. En este marco, abrió un llamado para la adquisición de 25.000 kits de alimentos que costaron G. 2.900 millones. La Unidad de Investigación de Nación Media reveló que la firma adjudicada “Tía Chela” no contaba con la capacidad para proveer los alimentos.
Nación Media también pudo sacar a la luz otros elementos como que el comercio no era más que un pequeño minimercado familiar que no contaba con la experiencia requerida para ser adjudicado, es más, tampoco se pudo constatar el origen de los alimentos supuestamente entregados.
La ciudadanía organizada en Ciudad del Este también acusa a Prieto de cometer otros hechos punibles y alienta a la Fiscalía a investigar estos casos. A la fecha, existen 39 denuncias en contra del intendente esteño. “Tanto él como el resto de los imputados tienen inhibiciones sobre sus bienes particulares y es una incoherencia, porque sigue siendo administrador de la municipalidad, pese a todas las denuncias”, cuestionó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana del distrito.
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