La Cámara de Senadores postergó por 8 días el proyecto de ley que modifica y amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones. Esta propuesta figuraba como punto número dos en el Orden del Día y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Entre los planteamientos que busca incluir es la autorización del uso del padrón nacional, en el eventual caso que se lleguen a concretar las alianzas entre los partidos políticos para las elecciones internas partidarias.

Al respecto, el senador liberal Dionisio Amarilla, afirmó que hoy el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) está pagando muy caro el contrato acordado por Efraín Alegre en su momento, cuando firmó alianza con algunos partidos de la oposición. Señaló que, en lo que respecta al financiamiento, el PLRA terminó cediendo cerca del 50 % de los subsidios electorales, por lo que en gran parte les ha causado problemas económicos a la nucleación política.

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Mencionó que con esta semana que se ha ganado con la postergación de 8 días, estarán trabajando mejor en la propuesta de modificación al proyecto que proviene de Diputados. Indicó que también podría ser objeto de análisis el fallo que emitió el Tribunal Superior de Justicia Electoral, para que luego de su estudio, se pueda lograr un proyecto de ley que finalmente permita que la gente pueda acordar electoralmente alianzas, concertaciones.

Agregó que esto permitirá a los partidos políticos, organizaciones, sociedad civil, lograr acuerdos o alianzas, contemplando otras cuestiones como ser el reparto de los fondos provenientes de Estado Paraguayo en conceptos de subsidios y aportes partidarios.

“El PLRA ya está pagando muy caro el formato de acuerdo de contrato que en su momento aprobó el Directorio, y que fue impulsado por Efraín, donde cedían más del 50 % de los recursos obtenidos en conceptos de subsidios. Sin embargo, las bancas logradas por organizaciones que compitieron son prácticamente escazas. Por eso, el partido quedó desfinanciado. Entonces, hay aristas que nosotros notamos que no fueron precauteladas en el proyecto de Ley”, indicó.

Mencionó que este tema ya está siendo analizado con la Comisión de Legislación, con su colega el senador Derlis Maidana que preside esta mesa asesora, y que incluso si es necesario analizarlo con apoderados de otros partidos políticos con representación en el Senado, a fin de lograr un proyecto de ley que logre el mayor consenso.

En otro momento, señaló que se tiene que precautelar los acuerdos que se lleguen y de los que sean electos por la concertación o las alianzas, teniendo en cuenta que muchas veces cuesta llegar a ciertos acuerdos que favorezcan a los que tienen mayor caudal de votos.

Al respecto, recordó la última alianza electoral 2023 que aglutinó a los partidos de la oposición encabezada por el PLRA. Afirmó que en esa alianza el PLRA tuvo que ceder 21 cupos en las listas parlamentarias con aprobación del Directorio.

Señaló que esto hizo que se priorizaran a gente de otros partidos, con menos caudal electoral, en detrimento de candidaturas liberales que tenían importante número de votos, en favor de los candidatos de los otros partidos de la oposición, afectando por ejemplo la candidatura de la liberal Ramonita Mendoza con importante caudal electoral, así como otros liberales.

“Por ejemplo le trajimos a Rafael Filizzola en la lista, que aportó un bolsoncito de votos, que a todas luces la sumatoria de los que ya dejaron de competir y que afectó la lista de senadores del PLRA produjo que ingresen no solamente 11 liberales, y que probablemente gente que hubiera aportado más votos que Rafael (Filizzola) o (Tonny) Apuril ya no hayan estado en el proceso electoral para las generales”, indicó.

Finalmente, señaló que es necesario hacer un estudio muy fino de la propuesta, así como un estudio del derecho comparado. Por ejemplo, hay una propuesta que deberá ser analizada, que habla de que la Concertación se integre con padrones de los que deciden concertar y analizar el segmento vinculado a los independientes, dándoles tiempo a los independientes a acercar sus padrones, que podrían provenir de gremios o asociaciones.

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Una delegación de intendentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), provenientes de Concepción, Encarnación, Canindeyú, Guairá, Alto Paraná, Caaguazú. Ñeembucú y Paraguarí, mantuvo un encuentro con el jefe de Estado, Santiago Peña. Durante la ocasión, los dirigentes opositores se comprometieron a trabajar conjuntamente con el gobierno central en políticas públicas para el desarrollo de sus municipios.

“Nosotros apostamos fuertemente a la nueva manera de hacer política, poniendo en primer lugar al pueblo paraguayo. Es por eso que estamos trabajando en base al diálogo, dejando de lado las rencillas políticas, porque estamos convencidos de que ese es el camino para que nuestro pueblo salga adelante”, sostuvo el senador Dionisio Amarilla, quien lideró la comitiva.

Asimismo, el parlamentario manifestó que el grupo de los trece jefes comunales solicitaron a Peña una mayor descentralización de los presupuestos de los distintos ministerios hacia las comunas y los distritos que están con un administrador liberal.

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La delegación estuvo conformada por Rodolfo Insaurralde Gómez, intendente de Loreto; Cynthia María Elizabeth Cabañas Figueredo, intendenta de Paso Horqueta; Alfonzo Bell, intendente de Itacuá; Ignacio Rotela Alvarenga, intendente de Itapé; Víctor Eduardo Torres Ríos, intendente de José A. Fassardi; Juan Paredes Ocampos, intendente de Tebicuary.

La lista sigue con Eduardo Giménez Miltos, intendente de La Pastora; Cynthia Godoy de Egusquiza, intendenta de Pirayú; Eutilio Riveros Rojas, intendente de Guazú Cuá; José María Cantero Giménez, intendente de Maracaná; Ricardo Martínez Giménez, intendente de Villa Ygatimi; Isaac Fernando Diaz Ruiz Diaz, intendente de Yasy Cañy; Clementino Portillo Ortíz, intendente de Minga Porã.

El equipo estuvo conformado también por el diputado Cleto Giménez y por el ingeniero Andrés Rojas, actual consejero de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben). De esta forma, una facción del principal partido de oposición en el Paraguay, expresó su apoyo a la gestión de Peña en vísperas de las movili­zaciones de distintas orga­nizaciones sociales y políti­cas previstas para el 26 de marzo.

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Este viernes 14 de marzo, se cumple un año de la presentación del pedido judicial de desafuero del expresidente y senador vitalicio Mario Abdo Benítez y del diputado Mauricio Espínola, solicitado por la jueza Cynthia Lovera, en la causa por la filtración de datos de la Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes). Desde entonces, ambos pedidos quedaron cajoneados en el Congreso, debido a que no se reunieron ni el número de quórum, ni los votos necesarios para la aprobación.

Ante el reciente anuncio del exmandatario solicitando a los legisladores aprobar su desafuero, comenzó un debate en las diferentes bancadas, que si bien, los números aún no son oficiales, se habla que existiría un total de 25 votos seguros, por la aprobación.

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En un sondeo rápido entre legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Senadores, tanto oficialistas, como disidencia, y la misma oposición, señalaron en coincidencia que, en este caso, y ante el pedido explícito del propio afectado, la mayoría de los legisladores estaría acompañando la aprobación del desafuero de Abdo Benítez.

Esto, considerando que ya habían actuado de ese modo, cuando el propio senador opositor Rafael Filizzola solicitó a sus pares, otorgarle el desafuero, para someterse libremente ante la justicia y ejercer su defensa. El 20 de noviembre de 2024, el Senado había desaforado por unanimidad a Filizzola para que se someta a la justicia.

Teniendo en cuenta que los abogados de la defensa de Abdo Benítez presentaron la petición ante el Congreso, la cual será estudiada la próxima semana, primero en la Comisión de Asuntos Constitucionales que deberá dictaminar, para que finalmente el plenario pueda llevar adelante su deliberación.

Es importante señalar que el plenario de la Cámara de Senadores necesitará de dos tercios de votos de los presentes para conceder el pedido planteado por el exmandatario. Esto quiere decir, que si durante la sesión ordinaria o extraordinaria en la que se llegue a tratar el plenario está compuesto por la totalidad de sus miembros, es decir 45 parlamentarios. Así, necesariamente deberán contar con 30 votos para lograr la aprobación del desafuero. No obstante, si se registran algunas ausencias, el número de votos requerido iría disminuyendo, pero siempre manteniendo los dos tercios de los presentes.

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El senador Dionisio Amarilla sostuvo que no se descarta la posibilidad de impulsar la creación de una comisión que se encargue exclusivamente de analizar los mensajes extraídos del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Entre los puntos principales a ser indagados figura el aporte de USD 1 millón para el abdismo, realizado por el dirigente norteño vinculado al narcotráfico.

“El abogado Óscar Tuma (representante de la familia Gomes) entregó un disco duro con la copia espejo de los chats donde se constata que el diputado Gomes pudo haber mantenido contactos y hecho gestiones, algunas de ellas tipificadas como tráfico de influencias, no solo con políticos, sino también con magistrados, empresarios, periodistas, comerciantes”, manifestó a los medios de comunicación.

El también presidente de la comisión antilavado del Legislativo indicó que el contenido del disco duro será compartido con los demás miembros del bloque. “Se nos acumula los trabajos, esto haría que posteriormente se integre una segunda comisión bicameral, que otros miembros se encarguen exclusivamente de analizar el contenido del disco duro”, indicó.

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Amarilla indicó que actualmente la comisión en vigencia solo cuenta con 40 días para el termino de los trabajos encarados desde el 25 de agosto del 2024. “En lo que respecta al plazo para la entrega de una conclusión no hay un plazo determinado, solo con el correr de los días podremos dar más información, ya que son datos brutos lo que entregó Tuma y su equipo jurídico”, puntualizó.

En conversaciones extraídas de su teléfono; el 30 de marzo de 2021, el político de Amambay admitió al extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar “Beto” Melgarejo, haber aportado la millonaria suma, expresando su preocupa­ción por las repercusiones que esta donación podría tener si saliera a la luz.

Este dato lo tenía Carlos Arregui, quien siendo titular de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Sepre­lad), en el 2021, había solicitado un informe sobre ese dinero. Varios informes de Inteligencia advertían sobre la vinculación de Gomes con el narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Pese a estos informes, nada se hizo en su momento y el ganadero terminó siendo uno de los financistas de la campaña abdista y acabó como diputado electo.

Este dato, el gobierno de Mario Abdo Benítez, en especial el entonces ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, decidió ignorarlo para blin­dar a su principal financista. Gomes además estaba sos­pechado (e imputado por el Ministerio Público) por tener vínculos con organizaciones criminales de la frontera, en este caso con el poderoso capo narco Jarvis Chimenes Pavão. Esto se desprende del operativo Pavo Real.

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