Durante la sesión plenaria del Parlamento del Mercosur (Parlasur), desarrollada recientemente en la ciudad de Colonia - Uruguay, la delegación paraguaya reiteró su reclamo por la falta de aprobación del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), en su segunda etapa, por parte de Brasil y Argentina.
Este fondo, está destinado a financiar proyectos para promover la convergencia estructural; desarrollar la competitividad; promover la cohesión social, en particular de las economías menores y regiones menos desarrolladas; y apoyar el funcionamiento de la estructura institucional y el fortalecimiento del proceso de integración.
Le puede interesar: Casas de cambio buscan mecanismo para legitimar operaciones de los cambistas
Es el primer mecanismo solidario de financiamiento propio de los países del bloque regional y tiene por objetivo reducir las asimetrías. Los fondos son destinados a los países y entregados en carácter de donación no reembolsable para financiar hasta el 85 % del valor elegible de los proyectos presentados.
En uso de palabra, el senador Dionisio Amarilla, reiteró un pedido ya efectuado en el mes de noviembre del año pasado, para que tanto Brasil como Argentina aprueben la ejecución del FOCEM II. De lograrse, implicaría unos fondos para inversión en la infraestructura regional que ascienden a 1.270 millones de dólares americanos, donde Paraguay debe contribuir con unos 10 millones de la misma moneda.
Sobre el monto total de la iniciativa, 550 millones de dólares americanos corresponderían a Paraguay, en un plazo de cinco años, según explicaciones. “Quiero recordar de manera enfática, y con algo de vehemencia, aquella frase utilizada por el diputado Rodrigo Gamarra: Queremos una integración que no sea solo de fachada, sino una verdadera”, subrayó el congresista.
Resaltó que en el año 2015 la legislación al respecto ya había sido aprobada en Uruguay, mientras que Paraguay dio aprobación parlamentaria en el año 2018. “Aún falta el mismo procedimiento en los otros integrantes plenos. Ya pasaron nueve preciosos años”, expresó el parlamentario.
Siga informado con: Ministras de la Mujer del Mercosur buscan determinar desafíos en el área
Dejanos tu comentario
ANR aprueba programa de afiliación electrónica
Durante la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, los miembros aprobaron por unanimidad la aplicación de una Plataforma de Afiliación Digital, respetando todas las consideraciones técnicas que permitan la correcta identificación de los interesados. Además, el pleno acompañó la modificación del Código de Ética partidaria para que se ajusten a las legislaciones vigentes sobre el financiamiento político.
En tal efecto, la apoderada general Magnolia Mendoza pasó a detallar el dictamen emitido por la Comisión de Apoderados, conforme a la propuesta planteada por la Comisión de Afiliaciones. Señaló que la propuesta es viable y no sustituye a las afiliaciones tradicionales previstas en el estatuto partidario. No obstante, remarcó que se deberá prestar especial atención a la no vulnerabilidad del sistema a través de la plena identificación del usuario que accede al mismo.
“Por lo tanto, es nuestro parecer que, si se cumplen con todas las especificaciones técnicas contenidas en este documento, es jurídicamente viable la implementación de la Campaña Permanente de Afiliación en Línea”, expresó la apoderada sobre la conclusión del dictamen.
Asimismo, el apoderado general Wildo Almirón se refirió al dictamen emitido por la Comisión de Apoderados que aconsejó al pleno la aprobación del proyecto que Incorpora nuevos artículos al Código de Ética partidario, que fue elaborado por el Tribunal de Conducta de la ANR.
Al respecto, señaló que la propuesta del Tribunal de Conducta es incorporar bajo la denominación de: “Título VI del Código de Ética de la A.N.R.. Art. 12°: El afiliado candidato por el Partido que trasgreda las disposiciones establecidas en la legislación nacional sobre el Financiamiento Político, la Prevención de Lavado de Activos, y la Financiación del Terrorismo, será penado con una multa cuya cuantía será determinada por el Tribunal de Conducta del Partido”, explicó.
Agregó, que en caso de que el afiliado que sea candidato a un cargo electivo, vuelva a ser reincidente, conforme al artículo 12° incorporado; será suspendido en sus derechos de afiliado. “El afiliado candidato del Partido que incumpliere la resolución emanada del por el Tribunal de Conducta, así como la reiteración de trasgresión de los arts. 12 y 13, de este Código, será pasible de expulsión de los registros del Partido”, preciso.
Almirón añadió que la recomendación del Consejo de apoderados es que “en el futuro, se debería diseñar un nuevo Código de Ética que incluya la vigente y estas modificaciones, volviéndolo moderno, organizado y con una redacción más ordenada”, acotó.
Otros puntos tratados
Los miembros de la Junta de Gobierno, que fueron convocados por su presidente Horacio Cartes, mantuvieron su reunión ordinaria en la sede partidaria donde entre otros puntos aceptaron la renuncia del miembro titular de la Junta de Gobierno, Luis Viedma Vigo, quien argumentó motivos de salud y laborales. Acto seguido convocaron a su suplente Álvaro Lorenzo Scappini, que pasó a ocupar la vacancia y conformar el quórum de la sesión del día.
Posteriormente, el pleno acompañó la aprobación de 14.525 nuevas afiliaciones, así como la solicitud de 260 reincorporaciones de los que han cumplido el pase a retiro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y funcionarios judiciales.
Otro punto analizado por el pleno partidario fue la propuesta de la Comisión de Organización Partidaria, a través de la cual aconsejó la nominación de tres seccionales coloradas. La primera fue la Seccional N° 462 de Puerto Adela de Canindeyú, con el nombre de “Don Amancio Ramiro Mendoza Romero”; la otra es la Seccional N° 232 de San Miguel, Misiones con el nombre de “Don Fredy Cardozo Ramírez”; y la Seccional N° 187 de Itakyry, de Alto Paraná con el nombre de “Ing. Carlos Alberto Aguilera Paniagua”.
Siga informado con: Plantean redireccionar vehículos de la Senabico a sectores vulnerables
Dejanos tu comentario
Cámara Alta resuelve endurecer penas para casos de abuso sexual a menores
La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.
La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.
La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.
Lea también: Senado aprueba propuesta de modificación de varios artículos de la Ley de Mipymes
“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.
Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.
“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.
Le puede interesar: Plantean redireccionar vehículos de la Senabico a sectores vulnerables
En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.
Dejanos tu comentario
Esperan que la modificación a la ley de mipymes pueda aprobarse la próxima semana
El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, mencionó que esperan se pueda dar una aprobación al proyecto de modificación de la ley de mipymes, que se estaría tratando el próximo miércoles. Una vez logrado se estaría afianzando la institucionalidad del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como autoridad de aplicación de la normativa.
“Estamos expectantes de que esta ley se apruebe, o más bien es un refresh ya que no tendrá cambios demasiados sustanciales pero sí ayudarán a que los procesos puedan ser más ágiles en el tratamiento y en la atención al sector”, expresó a la prensa en el marco de un foro de formalización.
Respecto a las gestiones realizadas, indicó que ya se reunieron junto con el ministro de Industria y Comercio, la bancada de la ANR, así como las distintas comisiones del Congreso, y que los comentarios de los senadores fueron todos alentadores. Es así que están confiados en que el pedido tendrá una buena recepción y en lo posible lograr la media sanción.
Lea también: Altos costos, principal barrera para la formalización de empresas
Mejoras de la ley
Asimismo, se espera que con la modificación se pueda reforzar el Fondo Nacional de Mipymes con un aporte de 15.000 salarios mínimos anuales por parte del Estado, además de que las microempresas tengan la posibilidad de contratar y despedir sin pagar los recargos sociales, ya que representa uno de los desincentivos para formalizar a los trabajadores.
Otros aspectos interesantes que plantea la modificación, a más de que volverá más ágil a los procesos, es que afianzará la institucionalidad y se podrá reducir un 50 % los costos en tasas en el proceso de formalización, un punto solicitado durante años por las mipymes.
“Esto va ayudar muchísimo a que todo lo que contemple el proceso de formalización sea menos costoso para las mipymes”, subrayó Giménez. Entre otros temas también están trabajando en el viceministerio, es la apertura de cuenta bancaria o Cuenta Básica para mipymes, de modo a que el acceso al crédito pueda ser real, así como los diversos fondos con los que el sector puede operar.
Puede interesarle: Venta absoluta en remate de criollos evidencia aumento en incursión de la raza
Dejanos tu comentario
CBI y Fiscalía verificaron obras costeadas bajo fideicomiso del IPS
Los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos y agentes del Ministerio Público se constituyeron hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) con la finalidad de verificar el avance de las obras financiadas con el fideicomiso firmado entre la previsional y una entidad bancaria local.
“En el contrato que se ha estipulado se estableció no solo el desarrollo, sino la culminación de las obras emblemáticas. Habíamos recibido los informes de la auditoría interna del instituto donde se denunciaba que algunas obras fueron sustituidas por otras, pagos que aparentemente fueron efectuados sin que las mediciones posteriormente coincidan con las planillas acordadas, entre otras cuestiones”, expresó el senador Dionisio Amarilla, titular de la comisión.
La verificación in situ se centró específicamente en las obras varadas del Centro Hemato-Oncológico, localizado sobre la calle Manuel Peña, zona del Parque de la Salud. Por parte del Ministerio Público estuvieron presentes los agentes María Soledad Machuca y Néstor Coronel.
“Venimos a verificar los avances, conocer la versión de quienes han hecho las auditorías y por sobre todas las cosas dar a conocer a la sociedad paraguaya cómo se aplican los recursos económicos que aportan los empleados y empleadores”, indicó el parlamentario a los medios de prensa.
Mediante una auditoría interna del IPS se reveló una rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del IPS durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hemato-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.
“El fideicomiso se firmó a fines del año 2017 para que este Hospital Hemato-Oncológico se encuentre construido en el año 2020. Se depositó la plata, el dinero estaba. La obra fue recibida (por el gobierno de Abdo Benítez) con un 4 % de avance y hoy está con un 14 % de avance. Ahora queda en manos del Ministerio Público determinar por qué estas obras no fueron terminadas, si hubo o no hubo dolo no nos corresponde determinar a nosotros, pero como comisión bicameral nos enteramos de esto y no podemos cerrar los ojos”, indicó Leite.
Asimismo acotó: “Tenemos que venir a entender por qué un hospital cuya plata estaba depositada en un banco está en este estado. Nosotros no somos culpadores ni exculpadores, pero la pregunta que yo siempre me hago es a quién le vamos a reclamar por la gente que se murió al no tener tratamiento de seguro contra el cáncer. La plata que había para esta obra se usó en otra cosa, esto antes era un pozo, ahora ya está más alto, tiene un tercer piso”, lamentó.
La auditoría bajo la gestión del actual titular del IPS, Jorge Brítez, detectó desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.